EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Comisión de Postulación concluyó la fase de votación para integrar la nómina final que será enviada al presidente de la República, después de un proceso marcado por negociaciones internas, rondas de votación ajustadas y la exclusión de la fiscal general en funciones, Consuelo Porras, quien no alcanzó los votos necesarios.
El reglamento establece que cada aspirante debía obtener al menos 10 votos favorables para integrar la nómina. En la primera ronda se definieron los perfiles con mayor respaldo, mientras que una segunda ronda permitió completar el listado de seis candidatos. De ese grupo, Beyla Estrada Barrientos destacó como la aspirante con la mayor cantidad de votos, convirtiéndose en la única postulante claramente puntera dentro de la Comisión, con 13 votos favorables.
Beyla Estrada Barrientos
Abogada egresada de la USAC (2004), con amplia trayectoria en el sistema de justicia y el sector público. Fue Magistrada Vocal I de la Sala Tercera de Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos Ambientales (2014‑2023). Preside la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial entre 2023 y 2025, e integra órganos disciplinarios en 2026. Inició su carrera en el Ministerio Público y fue asesora en la PGN, CGC y el MARN. Su gestión está asociada a resoluciones en casos de alto impacto.
César Augusto Ávila Aparicio
Abogado y Notario por la USAC (1995), con carrera desarrollada en salas de apelaciones del oriente del país. Fue Magistrado Presidente de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula y Magistrado Vocal I en la Sala Regional Mixta de Zacapa. Actualmente es magistrado suplente de la Corte de Apelaciones (2024‑2029). Propone priorizar la persecución de corrupción y crimen organizado mediante inteligencia estratégica. Su trayectoria incluye señalamientos administrativos, una investigación penal abierta y vínculos con estructuras políticas tradicionales.
Julio César Rivera Clavería
Abogado y Notario egresado de la USAC en 1979, con trayectoria ligada a seguridad, gobernación y política partidaria. Ocupó cargos clave como Director General de Presidios y Primer Viceministro de Gobernación en los años ochenta. También fue detective del Estado y funcionario técnico del Banco de Guatemala. Propone reformar leyes penales estratégicas y reducir los índices reales de violencia. Ha sido señalado por presuntos vínculos con estructuras de inteligencia y figuras políticas históricas.
Gabriel Estuardo García Luna
Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar (2003), con experiencia en judicatura penal y disciplina judicial. Se desempeñó como Magistrado de Apelaciones del ramo penal y presidente de la Junta de Disciplina Judicial del OJ. Su propuesta se centra en modernizar el Ministerio Público mediante expediente electrónico e inteligencia artificial. Tomó decisiones disciplinarias en casos sensibles relacionados con jueces de alto perfil. Es percibido como un perfil técnico, con discurso neutral en anticorrupción y cooperación internacional.
Zoila Tatiana Morales Baldizón
Abogada y Notaria por la USAC (1990), con posgrado en Derechos Humanos y Maestría en Propiedad Intelectual (2025). Cuenta con una extensa carrera en el Ministerio Público, especialmente en fiscalías de corrupción, crimen organizado y delito transnacional. Fue Fiscal Especial contra la Corrupción en la FECI (2016‑2022) y jefa de investigaciones en casos de alto impacto. Participó en procesos emblemáticos como Myrna Mack, Conexión Panamá y redes de espionaje estatal. Su perfil es técnico, con énfasis en persecución penal estructural.
Néctor Guilebaldo de León Ramírez
Abogado por la USAC (1991), con una de las trayectorias más prolongadas en la cúpula del sistema judicial. Fue Fiscal General en funciones (2002‑2003) y coordinador nacional de la Unidad de Impugnaciones del MP durante ocho años. Presidió la Sala Cuarta de Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos Ambientales (2014‑2023) y fue suplente del pleno de la CSJ en 2020. Propone crear una Fiscalía Especial contra la Corrupción separada de la FECI. Su gestión está vinculada a resoluciones favorables a exfuncionarios y a una postura crítica frente al legado de CICIG.
La Comisión de Postulación concluyó la fase de votación para integrar la nómina final que será enviada al presidente de la República, después de un proceso marcado por negociaciones internas, rondas de votación ajustadas y la exclusión de la fiscal general en funciones, Consuelo Porras, quien no alcanzó los votos necesarios.
El reglamento establece que cada aspirante debía obtener al menos 10 votos favorables para integrar la nómina. En la primera ronda se definieron los perfiles con mayor respaldo, mientras que una segunda ronda permitió completar el listado de seis candidatos. De ese grupo, Beyla Estrada Barrientos destacó como la aspirante con la mayor cantidad de votos, convirtiéndose en la única postulante claramente puntera dentro de la Comisión, con 13 votos favorables.
Beyla Estrada Barrientos
Abogada egresada de la USAC (2004), con amplia trayectoria en el sistema de justicia y el sector público. Fue Magistrada Vocal I de la Sala Tercera de Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos Ambientales (2014‑2023). Preside la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial entre 2023 y 2025, e integra órganos disciplinarios en 2026. Inició su carrera en el Ministerio Público y fue asesora en la PGN, CGC y el MARN. Su gestión está asociada a resoluciones en casos de alto impacto.
César Augusto Ávila Aparicio
Abogado y Notario por la USAC (1995), con carrera desarrollada en salas de apelaciones del oriente del país. Fue Magistrado Presidente de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula y Magistrado Vocal I en la Sala Regional Mixta de Zacapa. Actualmente es magistrado suplente de la Corte de Apelaciones (2024‑2029). Propone priorizar la persecución de corrupción y crimen organizado mediante inteligencia estratégica. Su trayectoria incluye señalamientos administrativos, una investigación penal abierta y vínculos con estructuras políticas tradicionales.
Julio César Rivera Clavería
Abogado y Notario egresado de la USAC en 1979, con trayectoria ligada a seguridad, gobernación y política partidaria. Ocupó cargos clave como Director General de Presidios y Primer Viceministro de Gobernación en los años ochenta. También fue detective del Estado y funcionario técnico del Banco de Guatemala. Propone reformar leyes penales estratégicas y reducir los índices reales de violencia. Ha sido señalado por presuntos vínculos con estructuras de inteligencia y figuras políticas históricas.
Gabriel Estuardo García Luna
Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar (2003), con experiencia en judicatura penal y disciplina judicial. Se desempeñó como Magistrado de Apelaciones del ramo penal y presidente de la Junta de Disciplina Judicial del OJ. Su propuesta se centra en modernizar el Ministerio Público mediante expediente electrónico e inteligencia artificial. Tomó decisiones disciplinarias en casos sensibles relacionados con jueces de alto perfil. Es percibido como un perfil técnico, con discurso neutral en anticorrupción y cooperación internacional.
Zoila Tatiana Morales Baldizón
Abogada y Notaria por la USAC (1990), con posgrado en Derechos Humanos y Maestría en Propiedad Intelectual (2025). Cuenta con una extensa carrera en el Ministerio Público, especialmente en fiscalías de corrupción, crimen organizado y delito transnacional. Fue Fiscal Especial contra la Corrupción en la FECI (2016‑2022) y jefa de investigaciones en casos de alto impacto. Participó en procesos emblemáticos como Myrna Mack, Conexión Panamá y redes de espionaje estatal. Su perfil es técnico, con énfasis en persecución penal estructural.
Néctor Guilebaldo de León Ramírez
Abogado por la USAC (1991), con una de las trayectorias más prolongadas en la cúpula del sistema judicial. Fue Fiscal General en funciones (2002‑2003) y coordinador nacional de la Unidad de Impugnaciones del MP durante ocho años. Presidió la Sala Cuarta de Apelaciones Penal, Narcoactividad y Delitos Ambientales (2014‑2023) y fue suplente del pleno de la CSJ en 2020. Propone crear una Fiscalía Especial contra la Corrupción separada de la FECI. Su gestión está vinculada a resoluciones favorables a exfuncionarios y a una postura crítica frente al legado de CICIG.
