Claudia Lucrecia Paredes Castañeda fue electa presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ) para el período 2025-2026, luego de que el pleno de magistrados alcanzara los votos necesarios para destrabar un proceso que permaneció estancado durante más de cuatro meses.
Es noticia. De acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política de la República, la presidencia de la CSJ debe ser definida por los propios magistrados mediante mayoría calificada de nueve votos y su duración es de un año, sin derecho a reelección.
- Esta elección reviste especial importancia debido al contexto institucional que enfrenta el país y a las responsabilidades inmediatas que recaerán sobre la nueva presidenta.
- Paredes llega a la presidencia tras un periodo prolongado de falta de consensos al interior del pleno, durante el cual la Corte permaneció bajo la presidencia interina del magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz.
- Las sesiones extraordinarias convocadas entre octubre de 2025 y los primeros meses de 2026 no lograron concretar una votación definitiva debido a suspensiones por ausencia de magistrados y rompimientos en las negociaciones internas.
Qué destacar. En febrero de 2026, seis magistrados, entre ellos la propia Paredes, solicitaron formalmente iniciar de inmediato el proceso de elección para cumplir con el mandato constitucional y evitar un mayor retraso en las funciones propias del gobierno judicial.
- El nombre de Claudia Paredes figuró de manera constante como la candidata con mayor apoyo interno.
- En enero de 2026, diversas fuentes señalaron que había logrado amarrar al menos diez de los trece votos del pleno, suficientes para asumir la presidencia.
- Aunque en ocasiones las sesiones se suspendieron a última hora o no lograron reunir a todos los integrantes, su candidatura se mantuvo como la más fuerte dentro del bloque mayoritario de magistrados. Este respaldo se consolidó finalmente, permitiendo que fuera electa para dirigir la Corte.
Datos clave. Paredes es abogada y notaria con trayectoria de más de dos décadas en el sistema judicial.
- Según el perfil oficial del Congreso de la República, cuenta con tres doctorados en Derecho Penal, Procesal Penal y Derecho Constitucional.
- Ha ejercido como magistrada vocal en distintas salas de apelaciones, incluida la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, donde laboró entre 2014 y 2019.
- Posteriormente integró la CSJ como magistrada vocal VI entre 2023 y 2024. Fue reelecta para el período 2024-2029 con 154 votos del Congreso, respaldada por varias bancadas en una votación que mostró su amplio apoyo político dentro del Legislativo.
Por qué importa. El rol que ahora asume tiene implicaciones inmediatas y determinantes para el sistema de justicia.
- Según la ley y los procedimientos de postulación, la presidencia de la CSJ dirige administrativamente el Organismo Judicial y coordina el funcionamiento de los tribunales.
- Además, encabeza dos procesos clave: la designación del magistrado titular y suplente que representarán a la CSJ ante la Corte de Constitucionalidad (CC), y la conducción de la Comisión de Postulación para elegir al fiscal general y jefe del Ministerio Público.
- Este último proceso será especialmente sensible, pues la comisión deberá evaluar a los aspirantes y remitir una nómina de seis candidatos al presidente de la República. A Paredes le corresponderá presidir la comisión postuladora, dirigir sus sesiones, organizar los cronogramas de evaluación y garantizar que el procedimiento se desarrolle conforme a los principios constitucionales.
En conclusión. La llegada de Paredes a la presidencia ocurre en un año decisivo para el Estado de derecho en Guatemala.
- La CSJ deberá asumir decisiones que marcarán la estructura y el rumbo institucional en los próximos años, en particular por la influencia que tendrá en la integración de la Corte de Constitucionalidad y en la selección del próximo fiscal general.
- En este contexto, la figura de la presidenta adquiere un peso significativo para garantizar un equilibrio adecuado entre independencia judicial, transparencia y responsabilidad institucional.
Claudia Lucrecia Paredes Castañeda fue electa presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ) para el período 2025-2026, luego de que el pleno de magistrados alcanzara los votos necesarios para destrabar un proceso que permaneció estancado durante más de cuatro meses.
Es noticia. De acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política de la República, la presidencia de la CSJ debe ser definida por los propios magistrados mediante mayoría calificada de nueve votos y su duración es de un año, sin derecho a reelección.
- Esta elección reviste especial importancia debido al contexto institucional que enfrenta el país y a las responsabilidades inmediatas que recaerán sobre la nueva presidenta.
- Paredes llega a la presidencia tras un periodo prolongado de falta de consensos al interior del pleno, durante el cual la Corte permaneció bajo la presidencia interina del magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz.
- Las sesiones extraordinarias convocadas entre octubre de 2025 y los primeros meses de 2026 no lograron concretar una votación definitiva debido a suspensiones por ausencia de magistrados y rompimientos en las negociaciones internas.
Qué destacar. En febrero de 2026, seis magistrados, entre ellos la propia Paredes, solicitaron formalmente iniciar de inmediato el proceso de elección para cumplir con el mandato constitucional y evitar un mayor retraso en las funciones propias del gobierno judicial.
- El nombre de Claudia Paredes figuró de manera constante como la candidata con mayor apoyo interno.
- En enero de 2026, diversas fuentes señalaron que había logrado amarrar al menos diez de los trece votos del pleno, suficientes para asumir la presidencia.
- Aunque en ocasiones las sesiones se suspendieron a última hora o no lograron reunir a todos los integrantes, su candidatura se mantuvo como la más fuerte dentro del bloque mayoritario de magistrados. Este respaldo se consolidó finalmente, permitiendo que fuera electa para dirigir la Corte.
Datos clave. Paredes es abogada y notaria con trayectoria de más de dos décadas en el sistema judicial.
- Según el perfil oficial del Congreso de la República, cuenta con tres doctorados en Derecho Penal, Procesal Penal y Derecho Constitucional.
- Ha ejercido como magistrada vocal en distintas salas de apelaciones, incluida la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, donde laboró entre 2014 y 2019.
- Posteriormente integró la CSJ como magistrada vocal VI entre 2023 y 2024. Fue reelecta para el período 2024-2029 con 154 votos del Congreso, respaldada por varias bancadas en una votación que mostró su amplio apoyo político dentro del Legislativo.
Por qué importa. El rol que ahora asume tiene implicaciones inmediatas y determinantes para el sistema de justicia.
- Según la ley y los procedimientos de postulación, la presidencia de la CSJ dirige administrativamente el Organismo Judicial y coordina el funcionamiento de los tribunales.
- Además, encabeza dos procesos clave: la designación del magistrado titular y suplente que representarán a la CSJ ante la Corte de Constitucionalidad (CC), y la conducción de la Comisión de Postulación para elegir al fiscal general y jefe del Ministerio Público.
- Este último proceso será especialmente sensible, pues la comisión deberá evaluar a los aspirantes y remitir una nómina de seis candidatos al presidente de la República. A Paredes le corresponderá presidir la comisión postuladora, dirigir sus sesiones, organizar los cronogramas de evaluación y garantizar que el procedimiento se desarrolle conforme a los principios constitucionales.
En conclusión. La llegada de Paredes a la presidencia ocurre en un año decisivo para el Estado de derecho en Guatemala.
- La CSJ deberá asumir decisiones que marcarán la estructura y el rumbo institucional en los próximos años, en particular por la influencia que tendrá en la integración de la Corte de Constitucionalidad y en la selección del próximo fiscal general.
- En este contexto, la figura de la presidenta adquiere un peso significativo para garantizar un equilibrio adecuado entre independencia judicial, transparencia y responsabilidad institucional.
