EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Corte de Constitucionalidad (CC) se ha convertido en el árbitro final de toda controversia judicial en Guatemala. Aunque esa no era el espíritu con el que se creó por la Constituyente. Por su relevancia, en materia de amparo, todos los días y horas son hábiles.
- Con la no convocatoria durante la primer semana de la IX magistratura, se han dejado de conocer cientos de expedientes, todos urgentes.
Cómo funciona. Aunque la CC fue creada con jurisdicción privativa, es decir, exclusiva, en materia constitucional, se dejaron abiertas las puertas a que todo, finalmente, parase ahí.
- Con la frase “no hay ámbito que no sea susceptible de amparo” del artículo 265 constitucional —replicado en el 8 de la Ley de Amparo—, invariablemente se plantean amparos, no solo al final, sino a lo largo de los procesos de la jurisdicción ordinaria.
- Con ello, la CC termina conociendo, en apelación, sobre asuntos que, bajo la guisa de “violación al debido proceso” (el argumento más frecuentemente esgrimido).
Por qué importa. La magistratura pasada, la VIII, recibió alrededor de 13 000 expedientes solamente bajo la presidencia de Leyla Lemus.
- Con una cargada agenda semanal, se lograron conocer casi la totalidad, ya sea en sentencia o con autos emitidos cuando se trató de apelaciones de amparo provisional. Ello, sin contar las acciones de inconstitucionalidad directa —contra leyes, reglamentos o normas de aplicación general— y, apelaciones de inconstitucionalidades en caso concreto.
- Todo ello habla de más de decenas de miles de pates involucradas que esperan que su asunto sea conocido a la brevedad.
- La enorme mayoría de casos son de “ciudadanos de a pie”, personas o entidades que dependen de que la CC finalmente de certeza y ponga fin a controversias de todo tipo.
Visto y no visto. Desde el martes de esta semana, tres magistrados de esa Corte solicitaron a la presidenta, Anabella Morfín, que agendase una sesión —pleno de magistrados— para que se conociese una acción planteada contra la Comisión de Postulación de fiscal general del Ministerio Público.
- Por motivaciones políticas y sin justificación legal alguna, la presidenta se ha rehusado a cumplir, no solo esa solicitud, sino que lo que le ordena la Ley de Amparo; cuando dos o más magistrados lo soliciten, la presidencia debe convocar. No es opcional.
- La excusa —claro, no la verdadera razón— es que aún no se han registrado las firmas electrónicas, como si fuesen indispensables y no se pudiesen firmar de manera orográfica, como se ha hecho siempre, hasta tiempos recientes, por facilidad.
En conclusión. La alta investidura de los magistrados de la CC, particularmente la de su presidente, no admite ambages; en su discurso inaugural, la presidenta Morfín prometió acción sin dilación, firmeza y justicia sin sesgo. En su primer semana, no lo cumplió.
- No se trata solamente de que se conozca el expediente que ha desatado esta primer crisis de la IX magistratura; si bien es de trascendencia, hay otros cientos o miles de expedientes que no se conocieron, e igual número de afectados.
- No bastan los discursos llenos de citas de juristas españoles, mexicanos y nacionales, se requiere actividad; Guatemala exige que no se antepongan cálculos políticos al clamor de justicia.
La Corte de Constitucionalidad (CC) se ha convertido en el árbitro final de toda controversia judicial en Guatemala. Aunque esa no era el espíritu con el que se creó por la Constituyente. Por su relevancia, en materia de amparo, todos los días y horas son hábiles.
- Con la no convocatoria durante la primer semana de la IX magistratura, se han dejado de conocer cientos de expedientes, todos urgentes.
Cómo funciona. Aunque la CC fue creada con jurisdicción privativa, es decir, exclusiva, en materia constitucional, se dejaron abiertas las puertas a que todo, finalmente, parase ahí.
- Con la frase “no hay ámbito que no sea susceptible de amparo” del artículo 265 constitucional —replicado en el 8 de la Ley de Amparo—, invariablemente se plantean amparos, no solo al final, sino a lo largo de los procesos de la jurisdicción ordinaria.
- Con ello, la CC termina conociendo, en apelación, sobre asuntos que, bajo la guisa de “violación al debido proceso” (el argumento más frecuentemente esgrimido).
Por qué importa. La magistratura pasada, la VIII, recibió alrededor de 13 000 expedientes solamente bajo la presidencia de Leyla Lemus.
- Con una cargada agenda semanal, se lograron conocer casi la totalidad, ya sea en sentencia o con autos emitidos cuando se trató de apelaciones de amparo provisional. Ello, sin contar las acciones de inconstitucionalidad directa —contra leyes, reglamentos o normas de aplicación general— y, apelaciones de inconstitucionalidades en caso concreto.
- Todo ello habla de más de decenas de miles de pates involucradas que esperan que su asunto sea conocido a la brevedad.
- La enorme mayoría de casos son de “ciudadanos de a pie”, personas o entidades que dependen de que la CC finalmente de certeza y ponga fin a controversias de todo tipo.
Visto y no visto. Desde el martes de esta semana, tres magistrados de esa Corte solicitaron a la presidenta, Anabella Morfín, que agendase una sesión —pleno de magistrados— para que se conociese una acción planteada contra la Comisión de Postulación de fiscal general del Ministerio Público.
- Por motivaciones políticas y sin justificación legal alguna, la presidenta se ha rehusado a cumplir, no solo esa solicitud, sino que lo que le ordena la Ley de Amparo; cuando dos o más magistrados lo soliciten, la presidencia debe convocar. No es opcional.
- La excusa —claro, no la verdadera razón— es que aún no se han registrado las firmas electrónicas, como si fuesen indispensables y no se pudiesen firmar de manera orográfica, como se ha hecho siempre, hasta tiempos recientes, por facilidad.
En conclusión. La alta investidura de los magistrados de la CC, particularmente la de su presidente, no admite ambages; en su discurso inaugural, la presidenta Morfín prometió acción sin dilación, firmeza y justicia sin sesgo. En su primer semana, no lo cumplió.
- No se trata solamente de que se conozca el expediente que ha desatado esta primer crisis de la IX magistratura; si bien es de trascendencia, hay otros cientos o miles de expedientes que no se conocieron, e igual número de afectados.
- No bastan los discursos llenos de citas de juristas españoles, mexicanos y nacionales, se requiere actividad; Guatemala exige que no se antepongan cálculos políticos al clamor de justicia.
