EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), expresó su rechazo al retiro de la reserva formulada al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), decisión aprobada por el presidente Bernardo Arévalo.
En perspectiva. La organización considera que este cambio afecta la supremacía constitucional de Guatemala y podría abrir la puerta a intervenciones externas en el ordenamiento jurídico nacional.
- Además de la postura de CEDECON, diversos sectores han manifestado sospechas sobre el contexto y posibles motivaciones detrás de esta medida. Uno de los cuestionamientos principales está relacionado con la publicidad y transparencia del proceso.
- Según fuentes críticas de la medida, el Acuerdo Gubernativo No. 65-2025, que ordena el retiro de la reserva, fue firmado el 27 de marzo de 2025 y comunicado a la Oficina de Tratados Internacionales de la ONU el 10 de abril de 2025. Sin embargo, la información sobre la decisión no fue divulgada al pueblo guatemalteco hasta el 5 de mayo de 2025, días después de que el retiro surtiera efecto.
- Esto ha generado dudas sobre la oportunidad del anuncio y sobre si debió ser publicado antes en el Diario Oficial, permitiendo un debate abierto y una mayor comprensión por parte de la ciudadanía. También se ha cuestionado si hubo conversaciones previas con la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, considerando el impacto jurídico de la medida.
Qué destacar. Algunos sectores sugieren que el retiro de la reserva podría responder a motivaciones políticas y no únicamente a un alineamiento con normas internacionales. Entre las hipótesis planteadas destacan:
- Impacto en casos penales: Se especula que ciertos asesores cercanos al gobierno habrían convencido al presidente de que retirar la reserva podría ayudar a resolver procesos judiciales relacionados con el partido político Movimiento Semilla, cuyos dirigentes han enfrentado acusaciones por presuntas irregularidades en su inscripción.
- Diferendo territorial Guatemala-Belice: En círculos políticos se plantea la posibilidad de que el retiro de la reserva esté vinculado con el litigio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el cual podría favorecer a Belice. Se ha señalado que recientes pronunciamientos de la Embajada del Reino Unido en apoyo al gobierno de Arévalo generan inquietudes sobre una posible negociación que afecte la recuperación de territorio.
- CEDECON subrayó que la relación entre el derecho internacional y el orden interno debe ser armónica, pero no debe implicar subordinación. La organización teme que la medida gubernamental permita la introducción de disposiciones normativas sin deliberación democrática, lo que podría afectar la soberanía jurídica del país.
En conclusión. Por ello, la entidad recuerda que el Código Penal sanciona los delitos contra el orden institucional y la Constitución, estableciendo penas de tres a diez años de prisión para quienes ejecuten actos que modifiquen o limiten la estructura constitucional fuera del procedimiento legal establecido.
- Ante este panorama, sectores jurídicos y políticos han comenzado a exigir explicaciones claras sobre los alcances de esta decisión y sus posibles repercusiones a largo plazo. Se espera que en los próximos días el Ejecutivo responda a las inquietudes y que el Congreso de la República examine el tema con mayor profundidad.
- La controversia sobre el retiro de la reserva sigue creciendo, con voces que insisten en que la medida puede alterar el equilibrio constitucional y comprometer intereses nacionales en futuras negociaciones internacionales.
El Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), expresó su rechazo al retiro de la reserva formulada al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), decisión aprobada por el presidente Bernardo Arévalo.
En perspectiva. La organización considera que este cambio afecta la supremacía constitucional de Guatemala y podría abrir la puerta a intervenciones externas en el ordenamiento jurídico nacional.
- Además de la postura de CEDECON, diversos sectores han manifestado sospechas sobre el contexto y posibles motivaciones detrás de esta medida. Uno de los cuestionamientos principales está relacionado con la publicidad y transparencia del proceso.
- Según fuentes críticas de la medida, el Acuerdo Gubernativo No. 65-2025, que ordena el retiro de la reserva, fue firmado el 27 de marzo de 2025 y comunicado a la Oficina de Tratados Internacionales de la ONU el 10 de abril de 2025. Sin embargo, la información sobre la decisión no fue divulgada al pueblo guatemalteco hasta el 5 de mayo de 2025, días después de que el retiro surtiera efecto.
- Esto ha generado dudas sobre la oportunidad del anuncio y sobre si debió ser publicado antes en el Diario Oficial, permitiendo un debate abierto y una mayor comprensión por parte de la ciudadanía. También se ha cuestionado si hubo conversaciones previas con la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, considerando el impacto jurídico de la medida.
Qué destacar. Algunos sectores sugieren que el retiro de la reserva podría responder a motivaciones políticas y no únicamente a un alineamiento con normas internacionales. Entre las hipótesis planteadas destacan:
- Impacto en casos penales: Se especula que ciertos asesores cercanos al gobierno habrían convencido al presidente de que retirar la reserva podría ayudar a resolver procesos judiciales relacionados con el partido político Movimiento Semilla, cuyos dirigentes han enfrentado acusaciones por presuntas irregularidades en su inscripción.
- Diferendo territorial Guatemala-Belice: En círculos políticos se plantea la posibilidad de que el retiro de la reserva esté vinculado con el litigio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el cual podría favorecer a Belice. Se ha señalado que recientes pronunciamientos de la Embajada del Reino Unido en apoyo al gobierno de Arévalo generan inquietudes sobre una posible negociación que afecte la recuperación de territorio.
- CEDECON subrayó que la relación entre el derecho internacional y el orden interno debe ser armónica, pero no debe implicar subordinación. La organización teme que la medida gubernamental permita la introducción de disposiciones normativas sin deliberación democrática, lo que podría afectar la soberanía jurídica del país.
En conclusión. Por ello, la entidad recuerda que el Código Penal sanciona los delitos contra el orden institucional y la Constitución, estableciendo penas de tres a diez años de prisión para quienes ejecuten actos que modifiquen o limiten la estructura constitucional fuera del procedimiento legal establecido.
- Ante este panorama, sectores jurídicos y políticos han comenzado a exigir explicaciones claras sobre los alcances de esta decisión y sus posibles repercusiones a largo plazo. Se espera que en los próximos días el Ejecutivo responda a las inquietudes y que el Congreso de la República examine el tema con mayor profundidad.
- La controversia sobre el retiro de la reserva sigue creciendo, con voces que insisten en que la medida puede alterar el equilibrio constitucional y comprometer intereses nacionales en futuras negociaciones internacionales.
