EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) calificó como “non gratos y enemigos del deporte” a 24 diputados que impulsan la Iniciativa 6690, una propuesta para modificar la Ley Nacional del Deporte.
Es noticia. La CDAG publicó un comunicado en el que acusa a los legisladores de promover cambios que, según el organismo, “violentan” la autonomía del deporte federado. Entre los señalados figuran Karina Paz, Fidencio Lima Pop y Pablo Cifuentes, todos firmantes o impulsores de la iniciativa.
- El documento sostiene que la propuesta atenta contra la Constitución y la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que reafirmó dicha autonomía en 2010.
- La declaratoria ocurre en medio de cuestionamientos a la gestión de la CDAG, retrasos en obras públicas deportivas y reclamos por falta de transparencia en el uso de fondos.
- Algunos diputados consideran que el pronunciamiento es una reacción desproporcionada de un organismo que ha evitado auditorías profundas y rechaza supervisión pública.
Punto de fricción. La diputada Karina Paz respondió que “autonomía no es impunidad” y aseguró que quienes se oponen a la iniciativa buscan evitar controles. Esta postura ha ganado eco en sectores que exigen reformas tras más de una década de conflictos federativos.
- La CDAG sostiene que el Congreso pretende influir en la estructura del deporte federado, algo que la Constitución impide.
- Los legisladores aludidos señalan que la CDAG desacredita cualquier intento de supervisión y que la declaratoria de “enemigos del deporte” evidencia intolerancia a la fiscalización.
- La polémica coincide con el retraso en la supervisión del estadio Doroteo Guamuch Flores, donde diputados denunciaron obstáculos para ingresar a instalaciones financiadas con recursos públicos.
Sí, pero. La autonomía deportiva fue incorporada en la Constitución de 1985, como reacción a décadas de injerencias estatales en la dirigencia federada. En 2010, la Corte de Constitucionalidad reafirmó este principio, subrayando su carácter institucional.
- El objetivo original era impedir que gobiernos de turno manipularan estructuras deportivas para fines políticos.
- Sin embargo, esa protección también generó espacios donde el escrutinio externo ha sido limitado, especialmente en lo relativo a manejo financiero.
- El debate actual revive una tensión conocida: cómo mantener la independencia de estas instituciones sin que funcionen como espacios cerrados donde no haya supervisión real.
La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) calificó como “non gratos y enemigos del deporte” a 24 diputados que impulsan la Iniciativa 6690, una propuesta para modificar la Ley Nacional del Deporte.
Es noticia. La CDAG publicó un comunicado en el que acusa a los legisladores de promover cambios que, según el organismo, “violentan” la autonomía del deporte federado. Entre los señalados figuran Karina Paz, Fidencio Lima Pop y Pablo Cifuentes, todos firmantes o impulsores de la iniciativa.
- El documento sostiene que la propuesta atenta contra la Constitución y la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que reafirmó dicha autonomía en 2010.
- La declaratoria ocurre en medio de cuestionamientos a la gestión de la CDAG, retrasos en obras públicas deportivas y reclamos por falta de transparencia en el uso de fondos.
- Algunos diputados consideran que el pronunciamiento es una reacción desproporcionada de un organismo que ha evitado auditorías profundas y rechaza supervisión pública.
Punto de fricción. La diputada Karina Paz respondió que “autonomía no es impunidad” y aseguró que quienes se oponen a la iniciativa buscan evitar controles. Esta postura ha ganado eco en sectores que exigen reformas tras más de una década de conflictos federativos.
- La CDAG sostiene que el Congreso pretende influir en la estructura del deporte federado, algo que la Constitución impide.
- Los legisladores aludidos señalan que la CDAG desacredita cualquier intento de supervisión y que la declaratoria de “enemigos del deporte” evidencia intolerancia a la fiscalización.
- La polémica coincide con el retraso en la supervisión del estadio Doroteo Guamuch Flores, donde diputados denunciaron obstáculos para ingresar a instalaciones financiadas con recursos públicos.
Sí, pero. La autonomía deportiva fue incorporada en la Constitución de 1985, como reacción a décadas de injerencias estatales en la dirigencia federada. En 2010, la Corte de Constitucionalidad reafirmó este principio, subrayando su carácter institucional.
- El objetivo original era impedir que gobiernos de turno manipularan estructuras deportivas para fines políticos.
- Sin embargo, esa protección también generó espacios donde el escrutinio externo ha sido limitado, especialmente en lo relativo a manejo financiero.
- El debate actual revive una tensión conocida: cómo mantener la independencia de estas instituciones sin que funcionen como espacios cerrados donde no haya supervisión real.
