CACIF presenta acción de inconstitucionalidad contra artículo que amenaza la privacidad individual y jurídica

Una acción de inconstitucionalidad general parcial, presentó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el 9 de abril en la Corte de Constitucionalidad, contra el artículo 120 del Código Tributario (Decreto 6-91), modificado recientemente por el artículo 19 de la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario (Decreto 31-2024).

Es perspectiva. Según el CACIF, la reforma otorgó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), facultades que violan el derecho constitucional a la privacidad, tanto de las personas como de las empresas.

• El sector empresarial advirtió que estas disposiciones permiten el acceso y requerimiento de información sin una orden judicial, lo que excede los límites establecidos por la Constitución de Guatemala.
• El artículo 24 de la Constitución garantiza la inviolabilidad de la correspondencia, documentos y libros, estipulando que solo podrán revisarse por resolución firme emitida por un juez competente.
• Este precepto también asegura la confidencialidad de las comunicaciones y prohíbe el uso de documentos obtenidos de manera contraria a la ley como pruebas en juicio.

Qué destacar. El Sector Empresarial Organizado, representado por CACIF, reiteró su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el fomento del desarrollo productivo del país. Sin embargo, enfatiza que cualquier normativa debe respetar las garantías constitucionales que protegen los derechos de los ciudadanos.

• En un comunicado oficial, CACIF expresó su confianza en que la Corte de Constitucionalidad analizará la situación conforme a derecho y declarará sin efecto la modificación cuestionada, preservando así las garantías individuales y jurídicas. La organización hizo un llamado a la importancia de mantener la legalidad como pilar fundamental en la relación entre el Estado y el sector productivo.
• El debate sobre la constitucionalidad de estas facultades otorgadas a la SAT plantea un desafío crucial en el balance entre la recaudación fiscal eficiente y el respeto a los derechos fundamentales. Mientras se espera una resolución de la Corte, el CACIF reafirma que el principio de legalidad debe prevalecer como garante de un Estado de Derecho sólido y respetuoso de las libertades individuales.
• Con esta acción, el sector empresarial busca sentar un precedente que priorice la protección de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República de Guatemala.