CACIF pide al presidente Arévalo vetar ley que otorga más recursos a Consejos de Desarrollo

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) solicitó al presidente Bernardo Arévalo vetar el Decreto 7-2025.

Es noticia. Este decreto, conocido como Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, fue aprobado el 2 de septiembre por el Congreso de la República.

• Esta normativa, impulsada por bloques opositores y avalada de urgencia nacional, permite trasladar automáticamente los recursos no ejecutados de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) de un año a otro.
• Esta disposición vulnera el principio de anualidad del presupuesto y delega al Ministerio de Finanzas atribuciones que corresponden exclusivamente al Congreso, conforme a lo establecido en la Constitución, destaca el sector privado.

Qué destacar. La aprobación del decreto tomó por sorpresa al Ejecutivo, que apenas un día antes había presentado su proyecto de presupuesto para 2026, incluyendo un artículo que buscaba evitar que los fondos no ejecutados por los CODEDE en 2025 regresaran al fondo común.

• El objetivo del gobierno era garantizar la continuidad de los proyectos, pero la oposición se anticipó con una iniciativa más ambiciosa que no solo replicó esa intención, sino que la reforzó con reformas legales más amplias.
• El decreto reformó el artículo 5 del Decreto 27-2024, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, y adicionó el artículo 45 Ter a la Ley Orgánica del Presupuesto.
• Con ello, se establece que los saldos no desembolsados al cierre del ejercicio fiscal serán trasladados automáticamente a la Cuenta Única del Tesoro de los CODEDE. Así, se permite que los proyectos inconclusos continúen su ejecución, incluso si no cuentan con convenios firmados al cierre del año.

Lo que sigue. Además, la ley obliga al Ministerio de Finanzas Públicas a ampliar el presupuesto en el siguiente ejercicio fiscal por el monto de los saldos pendientes.

• Además, faculta a los CODEDE a presentar el detalle de obras a ejecutar a más tardar el último día hábil de febrero. Al ser suscritos los convenios con las municipalidades, los desembolsos deberán realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles.
• Las municipalidades, como unidades ejecutoras, serán responsables del uso transparente de los recursos, bajo la supervisión de la Contraloría General de Cuentas.
• Sin embargo, uno de los puntos más polémicos del decreto es la agilización de trámites: las entidades públicas involucradas en la aprobación de proyectos deberán resolver solicitudes en un plazo máximo de cinco días hábiles, y si no lo hacen, la respuesta se considerará afirmativa por silencio administrativo. Esta medida, aunque busca acelerar la ejecución de obras, ha generado preocupación entre sectores que temen que se debiliten los controles institucionales.

Por qué importa. En este contexto, CACIF advierte que la ley abre la puerta a una bolsa paralela de fondos públicos sin el control político que garantiza la Constitución, lo que podría poner en riesgo la transparencia y el orden jurídico en el manejo de las finanzas del Estado.

• La cúpula empresarial también recuerda que los CODEDE han sido históricamente señalados como focos de corrupción, vinculados a diputados y alcaldes que utilizan los fondos como herramienta política para asegurar apoyo electoral.
• Además, su baja ejecución presupuestaria ha sido motivo de cuestionamientos recurrentes, por lo que el incremento de recursos y la flexibilización de normas despiertan dudas sobre la capacidad real del sistema para garantizar eficiencia y rendición de cuentas.
• Por todo lo anterior, hace un llamado al presidente Arévalo para que ejerza su facultad de veto y detenga la entrada en vigencia del Decreto 7-2025. Según el comunicado emitido por el sector privado, es fundamental resguardar el orden jurídico y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, especialmente en un momento en que el país enfrenta desafíos importantes en materia de gobernabilidad y confianza institucional.