EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: 
Bukele abarcó mucho y apretó poco, sacrificando su ambiciosa apuesta por el Bitcoin a cambio de la clemencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En perspectiva. El pasado 29 de enero, la Asamblea Legislativa (AL), controlada por el oficialismo, modificó la infame Ley Bitcoin, divisa que ley ya no reconoce formalmente como “moneda”. La reforma también derogó el artículo 4, que establecía que las contribuciones tributarias podían pagarse con Bitcoin, así como los 8 y 9, que obligaban al Estado a “proveer alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en Bitcoin”.
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Tres años después de enamorar al mundo de las criptofinanzas, Bukele reculó en su ofensiva libertaria porque El Salvador fuera el primer país del mundo en reconocer el Bitcoin como moneda de curso legal.
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También se eliminó la obligación de que “todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago”.
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El artículo reformó su redacción, cambiando el “deberá” por “podrá” y delimitando el “todo agente económico” a cualquier persona natural o empresa privada.
Entre líneas. El FMI, con el que El Salvador buscaba un acuerdo por financiamiento desde 2021, fue desde el principio el mayor detractor de la ley. Para el Fondo, el uso de Bitcoin debe ser una decisión estrictamente privada. El ente multilateral llegó a un acuerdo con El Salvador, en diciembre de 2024, para un préstamo de USD 60M, cuyos requisitos imponían al gobierno que se limitara la participación del Estado en las actividades relativas al Bitcoin.
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Además, se exigía que el sector privado pudiera aceptar su uso de manera voluntaria, más no por obligación legal.
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Las reformas a la Ley Bitcoin responden, punto por punto, a las exigencias del FMI.
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El préstamo se pagará en un plazo de 25 años y servirá para “la creación de un centro de datos en El Salvador”.
Sí, pero. Bukele, además, mintió. En septiembre se jactó de que el presupuesto de 2025 sería, por primera vez, financiado al 100 % por lo producido en el país. Afirmó que dicho presupuesto se financiaría sin la necesidad de “emitir un solo centavo de deuda”.
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El presidente prometió que el país no seguiría aumentando la deuda que les “heredaron” los gobiernos anteriores.
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No solo incumplió su palabra de no emitir más deuda, sino que obvió el hecho de que su gobierno añadió USD 6370M a la deuda pública solo entre 2022 y 2024.
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Para 2024, la deuda pública del país llegó a USD 32 053M. Los últimos dos años del gobierno de Bukele han generado casi un 20 % de la ella.
Visto y no visto. En la misma sesión plenaria, la AL eliminó el cerrojo para una reforma constitucional. Los diputados controlados por la presidencia ratificaron una reforma introducida en la anterior legislatura, que permite al oficialismo hacer reformas a la Constitución de manera exprés.
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Se espera que esta misma legislatura reforme cualquier tipo de impedimento constitucional a la reelección.
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Bukele abrió recientemente el debate por eliminar la deuda política y, así, limitar el financiamiento de los partidos y acabar con la oposición. La deuda política estaba protegida bajo el artículo 210 de la Constitución.
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Con la reforma a la Ley Bitcoin como cortina de humo, el oficialismo ha dado un paso más para la perpetuación indefinida de Bukele en el poder.
En el radar. Las aspiraciones de Bukele exceden su capacidad como gobernante. La idea de volver a El Salvador en un cripto-paraíso fiscal se han topado con la falta de liquidez del Estado y un país cuya pobre productividad —y la IED que el gobierno no ha podido atraer— excede el gasto desmedido de la administración Bukele.
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El Salvador sigue dependiendo de entidades como el FMI, aunque Bukele soñó algún día con independencia monetaria, algo de por sí imposible teniendo al dólar estadounidense como moneda.
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Entre el fracaso de la Ley Bitcoin —junto con proyectos como Bitcoin City— se esconde un proceso de autocratización que crece a pasos agigantados y sin oposición alguna.
Bukele abarcó mucho y apretó poco, sacrificando su ambiciosa apuesta por el Bitcoin a cambio de la clemencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En perspectiva. El pasado 29 de enero, la Asamblea Legislativa (AL), controlada por el oficialismo, modificó la infame Ley Bitcoin, divisa que ley ya no reconoce formalmente como “moneda”. La reforma también derogó el artículo 4, que establecía que las contribuciones tributarias podían pagarse con Bitcoin, así como los 8 y 9, que obligaban al Estado a “proveer alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en Bitcoin”.
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Tres años después de enamorar al mundo de las criptofinanzas, Bukele reculó en su ofensiva libertaria porque El Salvador fuera el primer país del mundo en reconocer el Bitcoin como moneda de curso legal.
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También se eliminó la obligación de que “todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago”.
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El artículo reformó su redacción, cambiando el “deberá” por “podrá” y delimitando el “todo agente económico” a cualquier persona natural o empresa privada.
Entre líneas. El FMI, con el que El Salvador buscaba un acuerdo por financiamiento desde 2021, fue desde el principio el mayor detractor de la ley. Para el Fondo, el uso de Bitcoin debe ser una decisión estrictamente privada. El ente multilateral llegó a un acuerdo con El Salvador, en diciembre de 2024, para un préstamo de USD 60M, cuyos requisitos imponían al gobierno que se limitara la participación del Estado en las actividades relativas al Bitcoin.
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Además, se exigía que el sector privado pudiera aceptar su uso de manera voluntaria, más no por obligación legal.
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Las reformas a la Ley Bitcoin responden, punto por punto, a las exigencias del FMI.
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El préstamo se pagará en un plazo de 25 años y servirá para “la creación de un centro de datos en El Salvador”.
Sí, pero. Bukele, además, mintió. En septiembre se jactó de que el presupuesto de 2025 sería, por primera vez, financiado al 100 % por lo producido en el país. Afirmó que dicho presupuesto se financiaría sin la necesidad de “emitir un solo centavo de deuda”.
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El presidente prometió que el país no seguiría aumentando la deuda que les “heredaron” los gobiernos anteriores.
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No solo incumplió su palabra de no emitir más deuda, sino que obvió el hecho de que su gobierno añadió USD 6370M a la deuda pública solo entre 2022 y 2024.
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Para 2024, la deuda pública del país llegó a USD 32 053M. Los últimos dos años del gobierno de Bukele han generado casi un 20 % de la ella.
Visto y no visto. En la misma sesión plenaria, la AL eliminó el cerrojo para una reforma constitucional. Los diputados controlados por la presidencia ratificaron una reforma introducida en la anterior legislatura, que permite al oficialismo hacer reformas a la Constitución de manera exprés.
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Se espera que esta misma legislatura reforme cualquier tipo de impedimento constitucional a la reelección.
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Bukele abrió recientemente el debate por eliminar la deuda política y, así, limitar el financiamiento de los partidos y acabar con la oposición. La deuda política estaba protegida bajo el artículo 210 de la Constitución.
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Con la reforma a la Ley Bitcoin como cortina de humo, el oficialismo ha dado un paso más para la perpetuación indefinida de Bukele en el poder.
En el radar. Las aspiraciones de Bukele exceden su capacidad como gobernante. La idea de volver a El Salvador en un cripto-paraíso fiscal se han topado con la falta de liquidez del Estado y un país cuya pobre productividad —y la IED que el gobierno no ha podido atraer— excede el gasto desmedido de la administración Bukele.
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El Salvador sigue dependiendo de entidades como el FMI, aunque Bukele soñó algún día con independencia monetaria, algo de por sí imposible teniendo al dólar estadounidense como moneda.
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Entre el fracaso de la Ley Bitcoin —junto con proyectos como Bitcoin City— se esconde un proceso de autocratización que crece a pasos agigantados y sin oposición alguna.
