En los últimos meses, el gobierno de Bernardo Arévalo ha intentado proyectar que Guatemala mantiene una “excelente relación” con Estados Unidos, pero los hechos comienzan a contradecir ese relato. Mientras Washington pausó el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, Guatemala fue incluida dentro del listado que, en el istmo, solo incluye también a Nicaragua.
En este contexto, la suspensión que ahora golpea a los guatemaltecos no se explica solo por tecnicismos, sino por una decisión política atribuida directamente al Ejecutivo.
En el caso de Guatemala, la medida responde directamente una decisión del presidente Bernardo Arévalo a negarse a cancelar el convenio que permite la presencia de personal médico cubano en el país.
La administración estadounidense considera el programa de “misiones médicas” impulsado por La Habana como una forma de trata de personas y trabajo forzoso.
Según Washington, el régimen cubano se apropia de la mayor parte del salario pagado por los gobiernos anfitriones —en Guatemala, alrededor de GTQ 7000 mensuales por profesional— y entrega solo una fracción mínima a los propios médicos. El resto se canaliza directamente al aparato estatal, fortaleciendo financieramente a una dictadura que viola sistemáticamente los derechos laborales y humanos.
El secretario de Estado y también asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, ha sido y es uno de los críticos más firmes de este esquema. Durante su gestión en el Senado, en un mensaje para República, denunció que las misiones médicas son “una estafa diplomática que enriquece a la cúpula cubana mientras somete a sus profesionales a condiciones deplorables”.
En junio de 2025, bajo su liderazgo, el Departamento de Estado impuso sanciones específicas contra funcionarios centroamericanos —incluidos varios de Guatemala— vinculados a estos programas, retirándoles el visado a ellos y sus familiares.
A pesar de estas presiones, Arévalo decidió mantener el acuerdo. Hoy, en 2026, operan en el país 93 médicos cubanos bajo este marco. Esa postura valió a Guatemala su inclusión en una lista que, continentalmente, comprende a países como Nicaragua, Colombia, Brasil y Uruguay.
La embajada estadounidense en Guatemala reiteró en múltiples ocasiones que la explotación de estos trabajadores constituye una violación de derechos humanos, y también pone en riesgo la salud de los pacientes. Informes citados por la misión diplomática señalan que “muchos de los enviados carecen de la formación adecuada o suficiente para ejercer en contextos complejos”, según publicaciones en sus redes sociales.
Los antecedentes del programa en Guatemala generan más dudas. En 2020, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, había 438 cubanos en el país, incluidos no solo médicos, sino también cocineros, pilotos, enfermeros y técnicos sin especialización sanitaria.
Durante la gestión de Jimmy Morales, se reveló que algunos exigían vuelos privados —con un costo estimado de GTQ 1M — para regresar a Cuba con sus pertenencias, lo que evidenció intereses más allá de la cooperación médica.
En 2019, relatoras especiales de la ONU enviaron una carta urgente al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, denunciando abusos como contratos opacos, retención salarial de hasta el 75 % y represalias contra quienes se negaban a participar. La Habana nunca respondió.
Consultado sobre la suspensión de visas, el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, se rehusó a emitir declaraciones. También se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, pero no ha respondido.
La medida estadounidense permanecerá vigente hasta que Washington considere que los nuevos inmigrantes ya no representan una “carga pública”.
Pero en el caso de Guatemala, el verdadero trasfondo parece ser político: un castigo diplomático por defender una alianza que, desde la perspectiva de EE. UU., legitima un sistema de explotación disfrazado de solidaridad internacional.
En los últimos meses, el gobierno de Bernardo Arévalo ha intentado proyectar que Guatemala mantiene una “excelente relación” con Estados Unidos, pero los hechos comienzan a contradecir ese relato. Mientras Washington pausó el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, Guatemala fue incluida dentro del listado que, en el istmo, solo incluye también a Nicaragua.
En este contexto, la suspensión que ahora golpea a los guatemaltecos no se explica solo por tecnicismos, sino por una decisión política atribuida directamente al Ejecutivo.
En el caso de Guatemala, la medida responde directamente una decisión del presidente Bernardo Arévalo a negarse a cancelar el convenio que permite la presencia de personal médico cubano en el país.
La administración estadounidense considera el programa de “misiones médicas” impulsado por La Habana como una forma de trata de personas y trabajo forzoso.
Según Washington, el régimen cubano se apropia de la mayor parte del salario pagado por los gobiernos anfitriones —en Guatemala, alrededor de GTQ 7000 mensuales por profesional— y entrega solo una fracción mínima a los propios médicos. El resto se canaliza directamente al aparato estatal, fortaleciendo financieramente a una dictadura que viola sistemáticamente los derechos laborales y humanos.
El secretario de Estado y también asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, ha sido y es uno de los críticos más firmes de este esquema. Durante su gestión en el Senado, en un mensaje para República, denunció que las misiones médicas son “una estafa diplomática que enriquece a la cúpula cubana mientras somete a sus profesionales a condiciones deplorables”.
En junio de 2025, bajo su liderazgo, el Departamento de Estado impuso sanciones específicas contra funcionarios centroamericanos —incluidos varios de Guatemala— vinculados a estos programas, retirándoles el visado a ellos y sus familiares.
A pesar de estas presiones, Arévalo decidió mantener el acuerdo. Hoy, en 2026, operan en el país 93 médicos cubanos bajo este marco. Esa postura valió a Guatemala su inclusión en una lista que, continentalmente, comprende a países como Nicaragua, Colombia, Brasil y Uruguay.
La embajada estadounidense en Guatemala reiteró en múltiples ocasiones que la explotación de estos trabajadores constituye una violación de derechos humanos, y también pone en riesgo la salud de los pacientes. Informes citados por la misión diplomática señalan que “muchos de los enviados carecen de la formación adecuada o suficiente para ejercer en contextos complejos”, según publicaciones en sus redes sociales.
Los antecedentes del programa en Guatemala generan más dudas. En 2020, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, había 438 cubanos en el país, incluidos no solo médicos, sino también cocineros, pilotos, enfermeros y técnicos sin especialización sanitaria.
Durante la gestión de Jimmy Morales, se reveló que algunos exigían vuelos privados —con un costo estimado de GTQ 1M — para regresar a Cuba con sus pertenencias, lo que evidenció intereses más allá de la cooperación médica.
En 2019, relatoras especiales de la ONU enviaron una carta urgente al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, denunciando abusos como contratos opacos, retención salarial de hasta el 75 % y represalias contra quienes se negaban a participar. La Habana nunca respondió.
Consultado sobre la suspensión de visas, el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, se rehusó a emitir declaraciones. También se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, pero no ha respondido.
La medida estadounidense permanecerá vigente hasta que Washington considere que los nuevos inmigrantes ya no representan una “carga pública”.
Pero en el caso de Guatemala, el verdadero trasfondo parece ser político: un castigo diplomático por defender una alianza que, desde la perspectiva de EE. UU., legitima un sistema de explotación disfrazado de solidaridad internacional.
