EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La estabilidad macroeconómica y monetaria ha sido, durante décadas, uno de los activos más valiosos de Guatemala en un entorno regional e internacional marcado por la volatilidad. En medio de la pandemia del COVID-19, el repunte inflacionario global de 2022 y las incertidumbres geopolíticas posteriores, el país ha mantenido un crecimiento promedio del PIB cercano al 3.5 % anual entre 2004 y 2024. En 2024 registró un 3.7 % y las proyecciones para 2025 apuntan a un 4.2 %, impulsado por un consumo resiliente y remesas robustas.
Las reservas internacionales alcanzaron los USD 32 700M finales de 2025 —algo a lo que el ministro de Finanzas ha manifestado querer “entrarle”—, mientras la deuda pública se mantiene por debajo del 30 % del PIB. Estos indicadores no son fruto del azar, sino del legado de políticas monetarias prudentes y de una institucionalidad que, hasta ahora, ha priorizado la estabilidad de precios y la credibilidad del quetzal.
El Banco de Guatemala y la Junta Monetaria son los guardianes de ese patrimonio. Su capacidad para tomar decisiones técnicas, libres de presiones políticas de corto plazo, es lo que ha permitido al país sortear crisis sin sufrir devaluaciones descontroladas ni episodios de hiperinflación que han afectado a otras economías de la región.
Por eso, la próxima designación del presidente de ambas instancias —cuyo período concluye este año— no puede responder a criterios de lealtad partidista ni a cuotas de poder. Debe obedecer exclusivamente a méritos técnicos: trayectoria demostrada en macroeconomía, finanzas públicas o banca central, independencia de criterio y compromiso probado con la autonomía institucional.
En ese sentido, resulta sumamente inconveniente un eventual nombramiento de Jonathan Menkos, un cuadro político activo: ministro de Finanzas del actual gobierno, militante fundador del Movimiento Semilla, excandidato a la vicepresidencia en 2019 junto a Thelma Aldana y miembro del nefasto Grupo de Puebla. Su designación convertiría al Banguat en una extensión del Ejecutivo, erosionando la independencia que tanto ha costado construir.
No es posible ignorar el precedente reciente. Cuando el expresidente Alejandro Giammattei nombró en 2022 a su entonces ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, para encabezar el Banco de Guatemala, la decisión fue ampliamente criticada por analistas, organismos internacionales y sectores económicos. Se señaló, con razón, que se trataba de una politización que debilitaba la autonomía del ente emisor. Si el presidente Bernardo Arévalo, quien hasta la fecha ha mostrado mayor apego a las formas institucionales que su antecesor, repitiera exactamente la misma fórmula —colocando en el cargo a su propio ministro de Finanzas—, estaría incurriendo en la misma contradicción y enviando un mensaje devastador: que las instituciones de Estado pueden ser capturadas por el gobierno de turno.
El llamado es, por tanto, a la despolitización efectiva del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. El legado que Arévalo puede dejar en este ámbito no es el de perpetuar prácticas que él mismo cuestionó en el pasado, sino el de fortalecer la independencia técnica de una de las pocas instituciones que todavía gozan de relativa credibilidad.
Designar a un profesional con perfil estrictamente técnico —sin militancia político-partidista ni vínculos directos con el Ejecutivo— no solo preservaría la estabilidad macroeconómica alcanzada, sino que reforzaría la confianza de inversionistas, organismos multilaterales y de la ciudadanía en que las reglas del juego económico no cambiarán según el color del gobierno. La tan ansiada calificación de inversión estaría claramente en riesgo si se nombra a un cuadro político.
La estabilidad macroeconómica y monetaria ha sido, durante décadas, uno de los activos más valiosos de Guatemala en un entorno regional e internacional marcado por la volatilidad. En medio de la pandemia del COVID-19, el repunte inflacionario global de 2022 y las incertidumbres geopolíticas posteriores, el país ha mantenido un crecimiento promedio del PIB cercano al 3.5 % anual entre 2004 y 2024. En 2024 registró un 3.7 % y las proyecciones para 2025 apuntan a un 4.2 %, impulsado por un consumo resiliente y remesas robustas.
Las reservas internacionales alcanzaron los USD 32 700M finales de 2025 —algo a lo que el ministro de Finanzas ha manifestado querer “entrarle”—, mientras la deuda pública se mantiene por debajo del 30 % del PIB. Estos indicadores no son fruto del azar, sino del legado de políticas monetarias prudentes y de una institucionalidad que, hasta ahora, ha priorizado la estabilidad de precios y la credibilidad del quetzal.
El Banco de Guatemala y la Junta Monetaria son los guardianes de ese patrimonio. Su capacidad para tomar decisiones técnicas, libres de presiones políticas de corto plazo, es lo que ha permitido al país sortear crisis sin sufrir devaluaciones descontroladas ni episodios de hiperinflación que han afectado a otras economías de la región.
Por eso, la próxima designación del presidente de ambas instancias —cuyo período concluye este año— no puede responder a criterios de lealtad partidista ni a cuotas de poder. Debe obedecer exclusivamente a méritos técnicos: trayectoria demostrada en macroeconomía, finanzas públicas o banca central, independencia de criterio y compromiso probado con la autonomía institucional.
En ese sentido, resulta sumamente inconveniente un eventual nombramiento de Jonathan Menkos, un cuadro político activo: ministro de Finanzas del actual gobierno, militante fundador del Movimiento Semilla, excandidato a la vicepresidencia en 2019 junto a Thelma Aldana y miembro del nefasto Grupo de Puebla. Su designación convertiría al Banguat en una extensión del Ejecutivo, erosionando la independencia que tanto ha costado construir.
No es posible ignorar el precedente reciente. Cuando el expresidente Alejandro Giammattei nombró en 2022 a su entonces ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, para encabezar el Banco de Guatemala, la decisión fue ampliamente criticada por analistas, organismos internacionales y sectores económicos. Se señaló, con razón, que se trataba de una politización que debilitaba la autonomía del ente emisor. Si el presidente Bernardo Arévalo, quien hasta la fecha ha mostrado mayor apego a las formas institucionales que su antecesor, repitiera exactamente la misma fórmula —colocando en el cargo a su propio ministro de Finanzas—, estaría incurriendo en la misma contradicción y enviando un mensaje devastador: que las instituciones de Estado pueden ser capturadas por el gobierno de turno.
El llamado es, por tanto, a la despolitización efectiva del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. El legado que Arévalo puede dejar en este ámbito no es el de perpetuar prácticas que él mismo cuestionó en el pasado, sino el de fortalecer la independencia técnica de una de las pocas instituciones que todavía gozan de relativa credibilidad.
Designar a un profesional con perfil estrictamente técnico —sin militancia político-partidista ni vínculos directos con el Ejecutivo— no solo preservaría la estabilidad macroeconómica alcanzada, sino que reforzaría la confianza de inversionistas, organismos multilaterales y de la ciudadanía en que las reglas del juego económico no cambiarán según el color del gobierno. La tan ansiada calificación de inversión estaría claramente en riesgo si se nombra a un cuadro político.
