EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El presidente, Bernardo Arévalo, cierra su segundo año de gobierno marcado por cinco crisis consecutivas, así como promesas de campaña que fueron mal ejecutadas y algunas, nunca se materializaron. También hubo conflictos políticos. Las decisiones expusieron riesgos en seguridad, gobernabilidad y transparencia. Lo mismo que otras administraciones.
Por qué importa. Es oportuno evaluar la gestión de Arévalo para verificar avances y compromisos. La balanza se inclina a promesas fallidas y un desencanto con el Movimiento Semilla. El resultado afectó credibilidad, inversión y el orden público. Los costos sociales son visibles y expusieron la improvisación en la toma de decisiones explícitas.
- En 2024, colapsaron carreteras y no se construyó un solo kilómetro. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) acumuló retrasos y adjudicaciones fallidas. Eso impactó la competitividad, costos logísticos y seguridad vial.
- La pretendida remoción de la fiscal general, Consuelo Porras, dominó el discurso presidencial durante 2024. La falta de resultados erosionó expectativas y alimentó la decepción ciudadana.
- El distanciamiento con el partido y la vicepresidenta Karin Herrera debilitó la coordinación política. Envió señales de fragilidad en binomio presidencial y la agrupación que los llevó al poder.
Punto de fricción. En 2025, el panorama no mostró cambios significativos. Revela una crisis por la inseguridad y la falta de transparencia en las instituciones públicas. La inestabilidad en su gabinete persiste, situación que incrementa la desconfianza en Arévalo y su equipo.
- La regulación del seguro obligatorio detonó la primera crisis este año. El Ejecutivo anunció normas y luego retrocedió ante bloqueos. La decisión mostró debilidad frente a la presión y dejó un precedente de gobernabilidad condicionada por la calle.
- El conflicto con el magisterio expuso límites del Estado frente a sindicatos. Hubo dos meses de ocupación y bloqueos que afectaron a estudiantes y familias. El STEG exigió 15 % y recibió 5 %.
- Más de 300 000 estudiantes perdieron clases. Se implementaron acciones para recuperar los días del ciclo escolar. Sin embargo, sí hubo un impacto educativo.
Entre líneas. La seguridad y la transparencia cerraron el ciclo crítico del gobierno de Bernardo Arévalo. Una fuga, una red corrupta de contratistas y violencia armada amenazaron la estabilidad del gobierno. Situaciones que provocaron efectos inmediatos en la confianza pública.
- Se fugaron más de 20 pandilleros de Fraijanes II. Renunciaron Francisco Jiménez y dos viceministros. El Ministerio Público (MP) solicitó órdenes de captura contra los exfuncionarios. Persisten dudas de colusión interna.
- Contrataciones cuestionables, como expuso un reportaje de República. Una “La casa de chocobananos” recibió más de GTQ 140M en adjudicaciones y aumentos atípicos de techos de contratación.
- Lo último ocurrió en Nahualá. Se reportaron 14 fallecidos, incluido un soldado. Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, habló de estructuras criminales y corredores ilícitos. El estado de prevención evidenció control frágil.
En conclusión. Al cerrar el balance de este año de gobierno, las cinco crisis acumuladas no son hechos aislados, son síntomas de un problema de conducción, ejecución y control. El segundo año abrió con un desgaste político, promesas que no se materializaron y señales de fragilidad institucional. Todo esto ha tenido efectos económicos y sociales.
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Evidencian una brecha entre el discurso de cambio y la capacidad del gobierno. Retrocesos ante la presión social, promesas incumplidas y errores de ejecución minaron la confianza ciudadana.
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El presidente, Bernardo Arévalo, cierra su segundo año de gobierno marcado por cinco crisis consecutivas, así como promesas de campaña que fueron mal ejecutadas y algunas, nunca se materializaron. También hubo conflictos políticos. Las decisiones expusieron riesgos en seguridad, gobernabilidad y transparencia. Lo mismo que otras administraciones.
Por qué importa. Es oportuno evaluar la gestión de Arévalo para verificar avances y compromisos. La balanza se inclina a promesas fallidas y un desencanto con el Movimiento Semilla. El resultado afectó credibilidad, inversión y el orden público. Los costos sociales son visibles y expusieron la improvisación en la toma de decisiones explícitas.
- En 2024, colapsaron carreteras y no se construyó un solo kilómetro. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) acumuló retrasos y adjudicaciones fallidas. Eso impactó la competitividad, costos logísticos y seguridad vial.
- La pretendida remoción de la fiscal general, Consuelo Porras, dominó el discurso presidencial durante 2024. La falta de resultados erosionó expectativas y alimentó la decepción ciudadana.
- El distanciamiento con el partido y la vicepresidenta Karin Herrera debilitó la coordinación política. Envió señales de fragilidad en binomio presidencial y la agrupación que los llevó al poder.
Punto de fricción. En 2025, el panorama no mostró cambios significativos. Revela una crisis por la inseguridad y la falta de transparencia en las instituciones públicas. La inestabilidad en su gabinete persiste, situación que incrementa la desconfianza en Arévalo y su equipo.
- La regulación del seguro obligatorio detonó la primera crisis este año. El Ejecutivo anunció normas y luego retrocedió ante bloqueos. La decisión mostró debilidad frente a la presión y dejó un precedente de gobernabilidad condicionada por la calle.
- El conflicto con el magisterio expuso límites del Estado frente a sindicatos. Hubo dos meses de ocupación y bloqueos que afectaron a estudiantes y familias. El STEG exigió 15 % y recibió 5 %.
- Más de 300 000 estudiantes perdieron clases. Se implementaron acciones para recuperar los días del ciclo escolar. Sin embargo, sí hubo un impacto educativo.
Entre líneas. La seguridad y la transparencia cerraron el ciclo crítico del gobierno de Bernardo Arévalo. Una fuga, una red corrupta de contratistas y violencia armada amenazaron la estabilidad del gobierno. Situaciones que provocaron efectos inmediatos en la confianza pública.
- Se fugaron más de 20 pandilleros de Fraijanes II. Renunciaron Francisco Jiménez y dos viceministros. El Ministerio Público (MP) solicitó órdenes de captura contra los exfuncionarios. Persisten dudas de colusión interna.
- Contrataciones cuestionables, como expuso un reportaje de República. Una “La casa de chocobananos” recibió más de GTQ 140M en adjudicaciones y aumentos atípicos de techos de contratación.
- Lo último ocurrió en Nahualá. Se reportaron 14 fallecidos, incluido un soldado. Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, habló de estructuras criminales y corredores ilícitos. El estado de prevención evidenció control frágil.
En conclusión. Al cerrar el balance de este año de gobierno, las cinco crisis acumuladas no son hechos aislados, son síntomas de un problema de conducción, ejecución y control. El segundo año abrió con un desgaste político, promesas que no se materializaron y señales de fragilidad institucional. Todo esto ha tenido efectos económicos y sociales.
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