Alcaldes presionan por Decreto 7-2025; diputados inician diálogo para revertir veto

La decisión del presidente Bernardo Arévalo de vetar el Decreto 7-2025 ha generado una fuerte reacción entre alcaldes y diputados, que ya hablan de revertir el veto conforme al artículo 179 de la Constitución de la República de Guatemala.

Es noticia. La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), encabezada por el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, se pronunció en contra de la medida, calificándola como un retroceso para el desarrollo local.

• “Respetamos la decisión presidencial sobre el Decreto 7-2025, que se da en el marco de sus facultades constitucionales; pero rechazamos sus razones, pues contradicen iniciativas de su propio partido y Ministro de Finanzas”, expresó Siero.
• El alcalde también destacó que “más de 300 Alcaldes respaldamos a los diputados que aprobaron el decreto con 108 votos y los animamos a revertir el veto conforme al artículo 179 de la Constitución”.

Qué destacar. El Decreto 7-2025, aprobado por el Congreso el 2 de septiembre, buscaba permitir que los fondos no ejecutados por los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural se trasladaran automáticamente al siguiente año.

• Además, establecía plazos breves para la aprobación de solicitudes de inversión, lo que, según sus impulsores, agilizaba la ejecución de obras en comunidades con necesidades urgentes.
• Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que el decreto presentaba vicios de inconstitucionalidad, citando violaciones a los artículos 2, 119, 154, 171 b) y 238 de la Constitución.
• En su comunicado, el gobierno advirtió que “debemos contar con presupuestos sólidos, éticos y centrados en el bienestar del pueblo”, y alertó sobre los riesgos de permitir “atajos” legales que comprometan el Estado de Derecho y perpetúen redes de corrupción.

Punto de fricción. La Bancada Cabal, una de las principales impulsoras del decreto, lamentó el veto presidencial y reafirmó su compromiso con el desarrollo local.

• “La Bancada Cabal lamenta el veto presidencial al Decreto 7-2025, una medida que retrasa la continuidad de proyectos locales esenciales para miles de familias guatemaltecas”, señalaron en su comunicado oficial.
• Los diputados destacaron que el decreto “garantiza que los recursos lleguen directamente a las comunidades, a través de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, cumpliendo con el compromiso de atender la deuda histórica en infraestructura y desarrollo que afecta especialmente al interior del país”.
• También recordaron que este compromiso fue una promesa pública reciente del presidente Arévalo a los alcaldes, en un contexto donde “la mayoría de proyectos están detenidos o con atrasos en tres cuartas partes de los mismos”.

Sí, pero. Aunque reconocen que el Ejecutivo ha señalado posibles vicios de inconstitucionalidad, los diputados de Cabal afirmaron que están “a la espera de conocer con detalle los fundamentos legales del veto”.

• No obstante, reiteraron que su prioridad es “que los fondos públicos lleguen a donde más se necesitan y que las obras no sigan detenidas”.
• La bancada también anunció que buscará “consensos con otras fuerzas políticas y con actores locales para alcanzar el objetivo que nos hemos planteado: invertir con transparencia en la gente y ofrecer resultados reales a las comunidades”.

Lo que sigue. Por su parte, Siero criticó duramente la postura del Ejecutivo: “El Presidente dio la espalda a los municipios. Esta era su oportunidad para demostrar que combate la corrupción y eliminar el chantaje político para condicionar apoyos y votos en el Congreso con las obras de Consejos de Desarrollo; pero se convirtió en lo que ofreció combatir”.

• Ahora, el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de rechazar el veto presidencial, de acuerdo con lo establecido en la ley.
• Según el artículo 179 de la Constitución. "Devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión, y el Congreso, en un plazo no mayor de treinta días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las dos terceras partes del total de sus miembros -107 votos-, el Ejecutivo deberá, obligadamente, sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días siguientes de haberlo recibido. Si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de tres días, para que surta efectos como ley de la República".
• La discusión promete ser intensa, en un contexto donde el desarrollo local y la transparencia en el uso de fondos públicos se han convertido en temas centrales del debate político.