EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Tras conocerse la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, un grupo de 26 exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica emitió un comunicado conjunto en el que expresan su profunda preocupación por lo que consideran una grave afectación a los derechos humanos y al Estado de derecho en Colombia.
Es noticia. El pronunciamiento fue realizado por los miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y del Grupo Libertad y Democracia.
- Las entidades solicitaron la atención urgente de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, la Secretaría General de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Los exgobernantes instan a estas instituciones a asumir su responsabilidad histórica y activar mecanismos de monitoreo, protección y pronunciamiento frente al proceso judicial contra Uribe.
- Señalan que el caso vulnera el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.
Qué destacar. Solicitan que se garantice el derecho al debido proceso y a la defensa, se active el monitoreo internacional, se emitan recomendaciones urgentes, se impongan medidas de protección y se requiera al Estado colombiano información detallada sobre los estándares procesales aplicados.
- Los firmantes denuncian una serie de irregularidades que han marcado el proceso penal contra Uribe desde su inicio en 2012. Entre ellas destacan la interceptación ilegal de más de 21.000 registros de comunicaciones privadas sin autorización judicial, lo que vulneraría el derecho a la intimidad y al debido proceso.
- También señalan filtraciones selectivas de documentos reservados a medios de comunicación, que habrían generado una condena mediática que afectó la imparcialidad del juicio.
- Cuestionan la fiabilidad de los testimonios utilizados, especialmente el del principal testigo, Juan Guillermo Monsalve, condenado por secuestro y concierto para delinquir, y mencionan que otros testigos han sido investigados por falso testimonio.
En el radar. Además, denuncian anomalías procesales como la homologación de una indagatoria como imputación formal, la imposición de medida de aseguramiento sin pruebas suficientes y la limitación del derecho a la defensa.
- Critican el cambio de postura de la Fiscalía General de la Nación, que tras solicitar en dos ocasiones la preclusión del proceso por inexistencia de delito, decidió acusar al expresidente Uribe coincidiendo con un cambio de administración.
- También señalan que, pese a la solicitud de absolución por parte de la Procuraduría General de la Nación, se dictó una condena en primera instancia.
- Con ello se desconoció el pronunciamiento del órgano encargado de velar por las garantías procesales.
Datos. Durante su mandato, Uribe extraditó a más de 1400 criminales, incluidos los principales capos paramilitares, quienes cumplieron condenas más severas en Estados Unidos.
- Según los expresidentes, algunos de estos extraditados han impulsado el proceso penal en su contra. A pesar de las irregularidades denunciadas, Uribe ha comparecido ante la justicia y colaborado en cada etapa del proceso. Los firmantes subrayan que su comunicación no busca presionar a la justicia colombiana, sino alertar sobre un patrón estructural de vulneraciones que podría consolidar un precedente peligroso para la democracia y los derechos humanos en la región.
- Entre los expresidentes que suscriben el comunicado se encuentran Mauricio Macri (Argentina), Iván Duque (Colombia), José María Aznar y Mariano Rajoy (España), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Óscar Arias (Costa Rica), Guillermo Lasso (Ecuador), Julio María Sanguinetti (Uruguay), entre otros.
- Solicitan que se le dé prioridad al caso en las instancias internacionales de defensa de los derechos humanos, para evitar que se consolide una injusticia que amenaza los pilares del sistema democrático colombiano y regional.
Fisgón histórico. El caso contra Uribe comenzó en 2012, cuando el senador Iván Cepeda presentó denuncias ante la Corte Suprema de Justicia, señalando que el expresidente habría promovido la conformación de grupos paramilitares en Antioquia durante su mandato como gobernador.
- En respuesta, Uribe lo acusó de manipular testigos privados de libertad para vincularlo falsamente con el paramilitarismo.
- Sin embargo, la Corte no solo archivó la denuncia contra Cepeda, sino que abrió una nueva investigación contra el expresidente por presunta manipulación de testigos.
- Esta decisión, según críticos del proceso, obedeció más a motivaciones ideológicas que a criterios jurídicos, lo que convirtió a Uribe de acusador en acusado, en un giro que muchos consideran políticamente orientado.
Tras conocerse la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, un grupo de 26 exjefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica emitió un comunicado conjunto en el que expresan su profunda preocupación por lo que consideran una grave afectación a los derechos humanos y al Estado de derecho en Colombia.
Es noticia. El pronunciamiento fue realizado por los miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y del Grupo Libertad y Democracia.
- Las entidades solicitaron la atención urgente de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, la Secretaría General de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Los exgobernantes instan a estas instituciones a asumir su responsabilidad histórica y activar mecanismos de monitoreo, protección y pronunciamiento frente al proceso judicial contra Uribe.
- Señalan que el caso vulnera el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.
Qué destacar. Solicitan que se garantice el derecho al debido proceso y a la defensa, se active el monitoreo internacional, se emitan recomendaciones urgentes, se impongan medidas de protección y se requiera al Estado colombiano información detallada sobre los estándares procesales aplicados.
- Los firmantes denuncian una serie de irregularidades que han marcado el proceso penal contra Uribe desde su inicio en 2012. Entre ellas destacan la interceptación ilegal de más de 21.000 registros de comunicaciones privadas sin autorización judicial, lo que vulneraría el derecho a la intimidad y al debido proceso.
- También señalan filtraciones selectivas de documentos reservados a medios de comunicación, que habrían generado una condena mediática que afectó la imparcialidad del juicio.
- Cuestionan la fiabilidad de los testimonios utilizados, especialmente el del principal testigo, Juan Guillermo Monsalve, condenado por secuestro y concierto para delinquir, y mencionan que otros testigos han sido investigados por falso testimonio.
En el radar. Además, denuncian anomalías procesales como la homologación de una indagatoria como imputación formal, la imposición de medida de aseguramiento sin pruebas suficientes y la limitación del derecho a la defensa.
- Critican el cambio de postura de la Fiscalía General de la Nación, que tras solicitar en dos ocasiones la preclusión del proceso por inexistencia de delito, decidió acusar al expresidente Uribe coincidiendo con un cambio de administración.
- También señalan que, pese a la solicitud de absolución por parte de la Procuraduría General de la Nación, se dictó una condena en primera instancia.
- Con ello se desconoció el pronunciamiento del órgano encargado de velar por las garantías procesales.
Datos. Durante su mandato, Uribe extraditó a más de 1400 criminales, incluidos los principales capos paramilitares, quienes cumplieron condenas más severas en Estados Unidos.
- Según los expresidentes, algunos de estos extraditados han impulsado el proceso penal en su contra. A pesar de las irregularidades denunciadas, Uribe ha comparecido ante la justicia y colaborado en cada etapa del proceso. Los firmantes subrayan que su comunicación no busca presionar a la justicia colombiana, sino alertar sobre un patrón estructural de vulneraciones que podría consolidar un precedente peligroso para la democracia y los derechos humanos en la región.
- Entre los expresidentes que suscriben el comunicado se encuentran Mauricio Macri (Argentina), Iván Duque (Colombia), José María Aznar y Mariano Rajoy (España), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Óscar Arias (Costa Rica), Guillermo Lasso (Ecuador), Julio María Sanguinetti (Uruguay), entre otros.
- Solicitan que se le dé prioridad al caso en las instancias internacionales de defensa de los derechos humanos, para evitar que se consolide una injusticia que amenaza los pilares del sistema democrático colombiano y regional.
Fisgón histórico. El caso contra Uribe comenzó en 2012, cuando el senador Iván Cepeda presentó denuncias ante la Corte Suprema de Justicia, señalando que el expresidente habría promovido la conformación de grupos paramilitares en Antioquia durante su mandato como gobernador.
- En respuesta, Uribe lo acusó de manipular testigos privados de libertad para vincularlo falsamente con el paramilitarismo.
- Sin embargo, la Corte no solo archivó la denuncia contra Cepeda, sino que abrió una nueva investigación contra el expresidente por presunta manipulación de testigos.
- Esta decisión, según críticos del proceso, obedeció más a motivaciones ideológicas que a criterios jurídicos, lo que convirtió a Uribe de acusador en acusado, en un giro que muchos consideran políticamente orientado.
