EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El presidente Otto Pérez Molina ha
decretado en tres ocasiones el Estado de Calamidad Pública por las
consecuencias de desastres naturales. Al día se encuentran vigentes dos Estados de Calamidad, el primero por el fuerte sismo
que azotó el sur occidente del país; el segundo, declarado el martes último por la
sequía que ha provocado el fenómeno del niño, pendiente de ser
ratificado por el Congreso de la República. De los 22 departamentos del país, 17 se rigen
por dicha medida, una alarmante
calamidad.
El primer Decreto fue declarado
después del terremoto del 7 de noviembre de 2012 que
azotó el sur occidente del país en 7 departamentos: San Marcos,
Huehuetenango, Retalhuleu, Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán y Suchitepéquez. El mismo fue renovado en siete ocasiones para
ampliar su período de vigencia a más de 30 días. Por este
fenómeno, según la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (CONRED), se contabilizaron 44 las víctimas mortales,186 personas
heridas, 7,310 casas con daño severo, más de 29 mil evacuados y 3 millones de
personas afectadas. La reconstrucción sigue
inconclusa. Otro Estado de Calamidad fue
declarado el 8 de julio debido al fuerte sismo que se registró en la misma
área del terremoto, que fue prorrogado justo un mes después, quedando vigente por 30 días más.
El martes recién pasado el Ejecutivo decretó un nuevo Estado de
Calamidad para 16 departamentos, producto de la sequía que ha afectado al territorio
nacional. Ello significa que la gobernabilidad se encuentra en un verdadero Estado de Calamidad Pública, ya que el 77% del territorio está afectado.
Durante
el primer Estado de Calamidad el Gobierno invirtió Q1,138.1 millones, sin que
aún se termine la reconstrucción del terremoto. Mientras que para atender
la emergencia suscitada por la prolongada sequía, el Gobierno ha solicitado
Q110 millones mensuales para seis meses; tres de este año y tres del próximo,
lo que suman Q660 millones. El Gobierno Patriota estaría invirtiendo en los Estados de Calamidad Q1798.1 millones. Sin embargo, todavía no se tiene el costo total de la
reconstrucción por el fuerte sismo ocurrido el 7 de julio pasado, lo que supone
que la cifra podría aumentar. En ese contexto, se facilitan contratos por adquisición de bienes y servicios por excepción, obstaculizando su fiscalización.
Sólo Escuintla, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Izabal y Petén son los departamentos donde no se ha decretado estado de Calamidad. Sin embargo, los últimos en mención sufren de inundaciones por fuertes lluvias. Según la CONRED, el fin de
semana pasado 818 personas resultaron afectadas y 136 viviendas presentaron daños, además se
reportaron inundaciones y el desborde de un río.
10% de la población afectada por sequía
De acuerdo con datos proporcionados por el Ejecutivo, la sequía
prolongada está afectando a 1.2 millones de guatemaltecos, entre
ellos 500 mil niños que podrían sufrir desnutrición aguda, lo que representa el
10% de la población. Con ello, justifican declarar Estado de
Calamidad Pública para atender la emergencia. Contrario a otras
ocasiones, esta vez el Gobierno cuenta con datos de damnificados.
Según Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, el Congreso de la República tiene la obligación de conocer
el Estado de Calamidad para darle viabilidad al caso concreto. Habría que analizar si el Legislativo está
obligado a revocar los anteriores Estados de Calamidad decretados, ya que
existe uno vigente emitido por el fuerte sismo que azotó el
sur occidente del país el pasado 7 de julio, afirma.
De tal manera que, pese a estar
vigente el Estado de Calamidad por el sismo, el Gobierno de Pérez Molina
decretó el martes esa misma medida en 16 departamentos por la prolongada sequía
que afecta al territorio nacional. La disposición durará 30 días y permitirá al Ejecutivo la adquisición de alimentos por excepción para entregarlos a las 236 mil familias damnificadas.
Evitar el derroche de los recursos
su Artículo 14, “el estado de Calamidad Pública podrá ser decretado por el
Ejecutivo para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote
al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos. Entre
las limitaciones a algunos derechos Constitucionales, se faculta poder realizar compras y contrataciones por excepción, que permiten evadir las
licitaciones y cotizaciones’.
De acuerdo con dicho artículo, el Gobierno está
facultado para adquirir cualquier producto que ayude a hacer frente a la
problemática que se vive, sin sujetarse a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado, lo que significa que el Gobierno podrá utilizar los
recursos del Estado a su discreción.
Así lo establece en el artículo 6,
del Decreto Gubernativo 3-2014 ‘Estado de Calamidad Pública”, en el apartado
de adquisición de bienes, suministros y servicios contrataciones. Asimismo
faculta a la CONRED a recibir ayuda humanitaria que estará exenta de toda
clase de impuestos.
Analistas coinciden que se debe
tener el cuidado y la responsabilidad necesaria para evitar el derroche de los pocos recursos con los que se
cuentan. Luis Mack, director del Instituto de Investigaciones de la Escuela de
Ciencias Políticas de la USAC, indica que la consecuencia principal para que el
Gobierno declare un Estado de Calamidad es la agilización de las compras que se
realizan, lo que haría pensar que en la lógica de estos Estados
podrían colarse malos manejos públicos.
“El problema de Guatemala es que
tiene un mal manejo del riesgo, porque si se sabe que somos un país altamente
vulnerable a los desastres naturales, obviamente para no estar generando estos
constantes Estados de Calamidad, hay que planificar mejor, porque ya se sabe
que en Guatemala todos los años se tiene problemas de este tipo”, dice Mack. Además, indica que lo que se debe planificar
es una preparación para tener los recursos suficientes, de manera que no se
necesite este tipo de Estados. Agrega que se entiende la forma en que se hace pero
no es deseable que se esté haciendo a cada momento.
Por su parte, Orellana dice que hay
que tomar en cuenta las medidas que se adoptaron para los dos sismos, y las que
se vayan a tomar ahora sean diferentes por la sequía. “Un Estado de Calamidad
es la reacción que debe tomar un Gobierno ante un fenómeno natural. Por lo tanto, se
supone que se está haciendo lo prudente; sin
embargo, el análisis no debe ser limitado a lo que se está haciendo, sino a un
severo examen de conciencia, en el sentido que la vulnerabilidad de las
personas que resultan afectadas ha sido por la negligencia del Estado de
Guatemala”.
El constitucionalista indica que ésta negligencia no es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, sino también
de las municipalidades. Es una
responsabilidad del Estado de Guatemala por no haber establecido las
medidas necesarias en cuanto a una mejor planificación territorial; y en cuanto a la sequía, que no se tienen medidas preventivas para hacer
frente a fenómenos naturales que afectan año con año al país.
El presidente Otto Pérez Molina ha
decretado en tres ocasiones el Estado de Calamidad Pública por las
consecuencias de desastres naturales. Al día se encuentran vigentes dos Estados de Calamidad, el primero por el fuerte sismo
que azotó el sur occidente del país; el segundo, declarado el martes último por la
sequía que ha provocado el fenómeno del niño, pendiente de ser
ratificado por el Congreso de la República. De los 22 departamentos del país, 17 se rigen
por dicha medida, una alarmante
calamidad.
El primer Decreto fue declarado
después del terremoto del 7 de noviembre de 2012 que
azotó el sur occidente del país en 7 departamentos: San Marcos,
Huehuetenango, Retalhuleu, Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán y Suchitepéquez. El mismo fue renovado en siete ocasiones para
ampliar su período de vigencia a más de 30 días. Por este
fenómeno, según la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres (CONRED), se contabilizaron 44 las víctimas mortales,186 personas
heridas, 7,310 casas con daño severo, más de 29 mil evacuados y 3 millones de
personas afectadas. La reconstrucción sigue
inconclusa. Otro Estado de Calamidad fue
declarado el 8 de julio debido al fuerte sismo que se registró en la misma
área del terremoto, que fue prorrogado justo un mes después, quedando vigente por 30 días más.
El martes recién pasado el Ejecutivo decretó un nuevo Estado de
Calamidad para 16 departamentos, producto de la sequía que ha afectado al territorio
nacional. Ello significa que la gobernabilidad se encuentra en un verdadero Estado de Calamidad Pública, ya que el 77% del territorio está afectado.
Durante
el primer Estado de Calamidad el Gobierno invirtió Q1,138.1 millones, sin que
aún se termine la reconstrucción del terremoto. Mientras que para atender
la emergencia suscitada por la prolongada sequía, el Gobierno ha solicitado
Q110 millones mensuales para seis meses; tres de este año y tres del próximo,
lo que suman Q660 millones. El Gobierno Patriota estaría invirtiendo en los Estados de Calamidad Q1798.1 millones. Sin embargo, todavía no se tiene el costo total de la
reconstrucción por el fuerte sismo ocurrido el 7 de julio pasado, lo que supone
que la cifra podría aumentar. En ese contexto, se facilitan contratos por adquisición de bienes y servicios por excepción, obstaculizando su fiscalización.
Sólo Escuintla, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Izabal y Petén son los departamentos donde no se ha decretado estado de Calamidad. Sin embargo, los últimos en mención sufren de inundaciones por fuertes lluvias. Según la CONRED, el fin de
semana pasado 818 personas resultaron afectadas y 136 viviendas presentaron daños, además se
reportaron inundaciones y el desborde de un río.
10% de la población afectada por sequía
De acuerdo con datos proporcionados por el Ejecutivo, la sequía
prolongada está afectando a 1.2 millones de guatemaltecos, entre
ellos 500 mil niños que podrían sufrir desnutrición aguda, lo que representa el
10% de la población. Con ello, justifican declarar Estado de
Calamidad Pública para atender la emergencia. Contrario a otras
ocasiones, esta vez el Gobierno cuenta con datos de damnificados.
Según Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, el Congreso de la República tiene la obligación de conocer
el Estado de Calamidad para darle viabilidad al caso concreto. Habría que analizar si el Legislativo está
obligado a revocar los anteriores Estados de Calamidad decretados, ya que
existe uno vigente emitido por el fuerte sismo que azotó el
sur occidente del país el pasado 7 de julio, afirma.
De tal manera que, pese a estar
vigente el Estado de Calamidad por el sismo, el Gobierno de Pérez Molina
decretó el martes esa misma medida en 16 departamentos por la prolongada sequía
que afecta al territorio nacional. La disposición durará 30 días y permitirá al Ejecutivo la adquisición de alimentos por excepción para entregarlos a las 236 mil familias damnificadas.
Evitar el derroche de los recursos
su Artículo 14, “el estado de Calamidad Pública podrá ser decretado por el
Ejecutivo para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote
al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos. Entre
las limitaciones a algunos derechos Constitucionales, se faculta poder realizar compras y contrataciones por excepción, que permiten evadir las
licitaciones y cotizaciones’.
De acuerdo con dicho artículo, el Gobierno está
facultado para adquirir cualquier producto que ayude a hacer frente a la
problemática que se vive, sin sujetarse a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado, lo que significa que el Gobierno podrá utilizar los
recursos del Estado a su discreción.
Así lo establece en el artículo 6,
del Decreto Gubernativo 3-2014 ‘Estado de Calamidad Pública”, en el apartado
de adquisición de bienes, suministros y servicios contrataciones. Asimismo
faculta a la CONRED a recibir ayuda humanitaria que estará exenta de toda
clase de impuestos.
Analistas coinciden que se debe
tener el cuidado y la responsabilidad necesaria para evitar el derroche de los pocos recursos con los que se
cuentan. Luis Mack, director del Instituto de Investigaciones de la Escuela de
Ciencias Políticas de la USAC, indica que la consecuencia principal para que el
Gobierno declare un Estado de Calamidad es la agilización de las compras que se
realizan, lo que haría pensar que en la lógica de estos Estados
podrían colarse malos manejos públicos.
“El problema de Guatemala es que
tiene un mal manejo del riesgo, porque si se sabe que somos un país altamente
vulnerable a los desastres naturales, obviamente para no estar generando estos
constantes Estados de Calamidad, hay que planificar mejor, porque ya se sabe
que en Guatemala todos los años se tiene problemas de este tipo”, dice Mack. Además, indica que lo que se debe planificar
es una preparación para tener los recursos suficientes, de manera que no se
necesite este tipo de Estados. Agrega que se entiende la forma en que se hace pero
no es deseable que se esté haciendo a cada momento.
Por su parte, Orellana dice que hay
que tomar en cuenta las medidas que se adoptaron para los dos sismos, y las que
se vayan a tomar ahora sean diferentes por la sequía. “Un Estado de Calamidad
es la reacción que debe tomar un Gobierno ante un fenómeno natural. Por lo tanto, se
supone que se está haciendo lo prudente; sin
embargo, el análisis no debe ser limitado a lo que se está haciendo, sino a un
severo examen de conciencia, en el sentido que la vulnerabilidad de las
personas que resultan afectadas ha sido por la negligencia del Estado de
Guatemala”.
El constitucionalista indica que ésta negligencia no es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, sino también
de las municipalidades. Es una
responsabilidad del Estado de Guatemala por no haber establecido las
medidas necesarias en cuanto a una mejor planificación territorial; y en cuanto a la sequía, que no se tienen medidas preventivas para hacer
frente a fenómenos naturales que afectan año con año al país.
