EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Luego que
distintas organizaciones, tanto nacionales como extranjeras, se pronunciaran por los procesos de postulación y elección para la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
y Salas de Apelaciones, además de presentar recursos de amparo ante la Corte de
Constitucionalidad (CC), para que se anule el proceso y se retroceda a la
convocatoria para garantizar la independencia judicial, abogados constitucionalistas
opinan que la CC deberá anular el proceso por los distintos vicios e
irregularidades que presentaron tanto en las Comisiones de Postulación como en
el Congreso de la República.
Mario Fuentes Destarac, vicepresidente del Centro
para la Defensa de la Constitución (Cedecon), indica que la selección de los
candidatos que hizo el Congreso de la República no fue por los méritos
de los aspirantes sino con base a subjetivismos en elecciones totalmente antojadizas.
De acuerdo
con Destarac, debe enmendarse el procedimiento desde su inicio porque es importante
respetarse el método de selección por oposición y la carrera judicial, algo que es fundamental para la independencia judicial. “La columna vertebral
de la independencia judicial es la carrera judicial, porque es la que garantiza
que los jueces tengan criterio independiente, capacidad, idoneidad y la honorabilidad
que requiere la Constitución y la misma Ley de la Carrera Judicial y la Ley de
Comisiones de Postulación”.
Por su parte,
Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, indica que la CC tiene la obligación
de pronunciarse sobre todos y cada uno de los petitorios que se le hayan
formulado; sin embargo, advierte que los mismos deben estar bien planteados pues de esa manera la solicitud de anular desde el principio la Corte no tiene más
remedio que dictaminar. De lo contario, si los planteamientos no tienen fundamentos, la CC no resolverá por popularidad sino conforme a
derecho, “supuestamente”, expresa.
Orellana
indica que está en manos de la CC resolver este embrollo, porque se ha
criticado mucho la politización de la justicial. El asunto es que en un
Estado de Derecho todas las actividades se rigen por lo jurídico, entonces la
CC está en el punto de la pirámide entre lo político y lo jurídico.
Por su parte, Rodrigo Arenas,
presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), considera que si la CC
retrotrae el proceso, debería darse una prórroga del plazo de los actuales
magistrados. Según Arenas, esto con el objetivo que la nueva elección dé prioridad,
sea garante y fortalezca la carrera judicial y exista un plazo prudente para
modificar la manera como se eligen a los candidatos, de tal manera que se
fortalezca la independencia judicial.
Según el presidente
del MCN, es el sistema de elección el que no funciona. ‘Es un
proceso de elección que politizó las universidades. Es algo válido para los
grupos de presión que gana la batalla.
No se respeta ni dignifica la carrera judicial que es realmente la única
manera que se puede independizar este proceso y garantizar una mejor aplicación
de la justicia”,dice.
Arenas enfatiza que
si el proceso se anula y se comienza de nuevo sin modificaciones de fondo, no sólo
se debilita la institucionalidad sino además vamos a tener más desgaste y
peores resultados.
Luego que
distintas organizaciones, tanto nacionales como extranjeras, se pronunciaran por los procesos de postulación y elección para la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
y Salas de Apelaciones, además de presentar recursos de amparo ante la Corte de
Constitucionalidad (CC), para que se anule el proceso y se retroceda a la
convocatoria para garantizar la independencia judicial, abogados constitucionalistas
opinan que la CC deberá anular el proceso por los distintos vicios e
irregularidades que presentaron tanto en las Comisiones de Postulación como en
el Congreso de la República.
Mario Fuentes Destarac, vicepresidente del Centro
para la Defensa de la Constitución (Cedecon), indica que la selección de los
candidatos que hizo el Congreso de la República no fue por los méritos
de los aspirantes sino con base a subjetivismos en elecciones totalmente antojadizas.
De acuerdo
con Destarac, debe enmendarse el procedimiento desde su inicio porque es importante
respetarse el método de selección por oposición y la carrera judicial, algo que es fundamental para la independencia judicial. “La columna vertebral
de la independencia judicial es la carrera judicial, porque es la que garantiza
que los jueces tengan criterio independiente, capacidad, idoneidad y la honorabilidad
que requiere la Constitución y la misma Ley de la Carrera Judicial y la Ley de
Comisiones de Postulación”.
Por su parte,
Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, indica que la CC tiene la obligación
de pronunciarse sobre todos y cada uno de los petitorios que se le hayan
formulado; sin embargo, advierte que los mismos deben estar bien planteados pues de esa manera la solicitud de anular desde el principio la Corte no tiene más
remedio que dictaminar. De lo contario, si los planteamientos no tienen fundamentos, la CC no resolverá por popularidad sino conforme a
derecho, “supuestamente”, expresa.
Orellana
indica que está en manos de la CC resolver este embrollo, porque se ha
criticado mucho la politización de la justicial. El asunto es que en un
Estado de Derecho todas las actividades se rigen por lo jurídico, entonces la
CC está en el punto de la pirámide entre lo político y lo jurídico.
Por su parte, Rodrigo Arenas,
presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), considera que si la CC
retrotrae el proceso, debería darse una prórroga del plazo de los actuales
magistrados. Según Arenas, esto con el objetivo que la nueva elección dé prioridad,
sea garante y fortalezca la carrera judicial y exista un plazo prudente para
modificar la manera como se eligen a los candidatos, de tal manera que se
fortalezca la independencia judicial.
Según el presidente
del MCN, es el sistema de elección el que no funciona. ‘Es un
proceso de elección que politizó las universidades. Es algo válido para los
grupos de presión que gana la batalla.
No se respeta ni dignifica la carrera judicial que es realmente la única
manera que se puede independizar este proceso y garantizar una mejor aplicación
de la justicia”,dice.
Arenas enfatiza que
si el proceso se anula y se comienza de nuevo sin modificaciones de fondo, no sólo
se debilita la institucionalidad sino además vamos a tener más desgaste y
peores resultados.
