Una puerta se cierra, otra se abre: por qué el “lobo solitario” de la Corte Suprema, el juez Clarence Thomas, podría tener razón sobre la autoridad presidencial en materia de aranceles

Una puerta se cierra mientras otra se abre tras la reciente decisión de la Corte Suprema de anular varios de los aranceles e impuestos a las importaciones impuestos por el presidente Trump mediante autoridad de emergencia bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). Los jueces Clarence Thomas, Brett Kavanaugh y Samuel Alito disintieron, mientras que Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch y el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se unieron a la mayoría junto al bloque progresista de la Corte. En esencia, el fallo traza una línea clara entre regular a adversarios extranjeros y recaudar ingresos. Según la opinión mayoritaria, un presidente puede imponer embargos o restricciones durante emergencias, pero no puede utilizar aranceles sin autorización explícita del Congreso, porque los aranceles se asemejan a impuestos. Esa distinción plantea una pregunta fundamental: si el poder ejecutivo tiene la autoridad para cerrar por completo la puerta a las importaciones, especialmente en casos de emergencia, ¿por qué no puede cerrarla parcialmente mediante aranceles?

 

Aunque la opinión mayoritaria enfatiza la separación de poderes y una renovada cooperación entre las ramas ejecutiva y legislativa (por favor, que alguien les recuerde este principio a los demócratas y a quienes están al otro lado del pasillo), el disentimiento del juez Clarence Thomas plantea un serio argumento constitucional sobre la regulación del comercio exterior. En última instancia, las decisiones de la Corte Suprema suelen reducirse a cómo cada juez interpreta los límites y las intenciones de la Constitución.

 

 

En espíritu de debate abierto, los lectores deberían examinar el fallo completo, incluidas las opiniones concurrentes y disidentes. Sin embargo, para este análisis vale la pena centrarse en el llamado “lobo solitario” de la Corte, el juez Thomas, cuyo argumento estructural y originalista puede tener más peso a largo plazo de lo que muchos imaginan. Incluso el presidente Trump reconoció en una conferencia de prensa que prestó especial atención al razonamiento de Thomas y Kavanaugh, lo que indica que esta batalla legal está lejos de terminar. No obstante, el presidente Trump se mantuvo firme y no perdió tiempo en responder al fallo. Poco después de que se anunciara la decisión, dejó claro que ni él ni su agenda económica se desacelerarían, al presentar una nueva orden ejecutiva que propone un arancel global del 10 por ciento a muchos de los mismos países previamente señalados. Esta vez, sin embargo, la administración aborda el asunto desde un enfoque jurídico distinto, diseñado para que resulte mucho más difícil que la Corte Suprema lo anule por segunda vez.

 

Parece que el presidente escuchó atentamente, al menos en parte, el disentimiento del juez Clarence Thomas, convirtiendo lo que muchos desestimaron como una opinión impopular en lo que podría terminar siendo la hoja de ruta constitucional más práctica hacia adelante. Los nuevos aranceles se basarían en la Sección 122 y la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, vinculando directamente las medidas con preocupaciones de seguridad nacional y equidad comercial, particularmente los esfuerzos por combatir el flujo ilegal de drogas desde Canadá, México y China. Anteriormente, la administración impuso un arancel del 25 por ciento a muchas importaciones canadienses y mexicanas y un arancel del 10 por ciento a importaciones chinas.

 

 

Por supuesto, el argumento original para invocar poderes de emergencia se centró en una crisis de salud pública declarada, alimentada por una entrada histórica de drogas mortales, junto con déficits comerciales que debilitaban la manufactura estadounidense y las cadenas de suministro críticas. Se esté o no de acuerdo con ese encuadre, obligó a la Corte a enfrentar una pregunta constitucional más amplia: ¿hasta dónde puede llegar un presidente cuando la política económica se cruza con la seguridad nacional?

 

Al observar dónde se encontraba el país bajo la administración anterior en comparación con la situación actual, emergen dos realidades. Primero, muchos estadounidenses argumentarían que la situación había alcanzado un punto crítico, con amenazas económicas y de seguridad que exigían acciones decisivas. Segundo, el juez Thomas plantea un argumento constitucional convincente, apoyándose en el principal disentimiento del juez Brett Kavanaugh, de que el Congreso sí autorizó al presidente a “regular… la importación”, como se establece en 50 U.S.C. §1702(a)(1)(B). El precedente histórico sugiere que presidentes a lo largo de generaciones han ejercido una amplia autoridad sobre el comercio exterior, incluidos los derechos sobre importaciones, independientemente de si se declaró formalmente una emergencia.

 

Esto trae a primer plano otra preocupación. Limitar la autoridad presidencial en materia de seguridad económica podría, en última instancia, limitar la capacidad de la nación para defenderse. El Comandante en Jefe debería conservar una autoridad primaria amplia al enfrentar amenazas extranjeras de alto riesgo, no de manera unilateral, por supuesto, porque seguimos siendo una república constitucional, pero con suficiente flexibilidad para actuar con decisión. Cuando naciones adversarias explotan zonas grises legales, restricciones excesivas corren el riesgo de convertir el equilibrio constitucional en parálisis estratégica.

 

Sí, la Constitución otorga al Congreso el poder de la bolsa. Ese principio no está en debate. Pero las acciones ejecutivas complementarias destinadas a proteger a los trabajadores, industrias y cadenas de suministro estadounidenses encajan plenamente dentro de un marco presidencial más amplio, orientado a “América Primero”, que fortalece la resiliencia nacional y nuestra determinación colectiva frente al orden internacional, dejando absolutamente claro que Estados Unidos ya no permitirá que otros países infrinjan no solo nuestras leyes, sino que pongan en peligro la vida de nuestros ciudadanos. Este fallo puede sentirse como una pequeña victoria para algunos con ganancias políticas, pero para quienes piensan a largo plazo, plantea serias preguntas sobre si la Corte está limitando herramientas que históricamente se han utilizado para defender los intereses estadounidenses más allá de las divisiones partidistas tradicionales.

 

Después de todo, los estadounidenses pagan tarifas por servicios gubernamentales cotidianos. Renovar un pasaporte, ingresar a un parque nacional e incluso solicitar una licencia a menudo conlleva costos adicionales más allá de los impuestos federales. Sin embargo, cuando se trata de defender al país en el plano económico, la opinión mayoritaria sugiere efectivamente que los adversarios extranjeros permanecen en gran medida intactos frente a ciertas presiones financieras. Los agricultores, consumidores y empresas estadounidenses deberían ser lo primero. ¿O no?

 

A pesar del fallo de hoy, una cosa sigue siendo cierta: el presidente todavía cuenta con múltiples vías legales para impulsar aranceles alternativos y regulaciones comerciales. Los impuestos, en ciertos contextos, pueden funcionar como herramientas regulatorias, potencialmente satisfaciendo la definición constitucional de regulación de importaciones dentro del poder ejecutivo. El comercio exterior siempre ha requerido cooperación entre el Congreso y la presidencia, y el Congreso históricamente ha delegado autoridad significativa durante emergencias. Si un presidente puede bloquear importaciones por completo durante una crisis, ¿por qué no debería poder utilizar una herramienta menos “extrema” como los aranceles? Esa es, en esencia, la pregunta que el juez Thomas nos obliga a enfrentar.

 

 

Como afirmó recientemente el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, la implementación de los aranceles por parte del presidente Trump generó cientos de miles de millones de dólares en ingresos históricos para el gobierno, al tiempo que restauró influencia en las negociaciones comerciales globales, influencia que muchos partidarios sostienen estuvo ausente durante la administración anterior de Biden.

 

También está el tema sobre el que advirtió el juez Kavanaugh. Es fácil debatir la teoría constitucional después de los hechos, pero ¿qué ocurre con las consecuencias económicas? ¿Qué pasa cuando miles de millones de dólares recaudados bajo estos aranceles deben ser reembolsados repentinamente a grupos importadores? Esos fondos no necesariamente regresarían a los consumidores estadounidenses. En cambio, podrían fluir de vuelta hacia grandes importadores y corporaciones multinacionales, tanto extranjeras como nacionales. Hablar de otro escenario de “América en último lugar”, al menos según quienes creían que este fallo priorizaría a los trabajadores estadounidenses. El juez Kavanaugh dejó claro lo que está en juego en su disentimiento: “Un asunto serán los reembolsos”, escribió. “Los reembolsos de miles de millones de dólares tendrían consecuencias significativas para el Tesoro de Estados Unidos. La Corte no dice nada hoy sobre si, y en caso afirmativo cómo, el Gobierno debería proceder a devolver los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores”.

 

Según economistas del Penn Wharton Budget Model, más de 175 mil millones de dólares podrían estar en riesgo de ser reembolsados, una cifra reportada inicialmente por Reuters. Las implicaciones a largo plazo de esa posibilidad siguen siendo inciertas, pero subrayan cómo las decisiones legales pueden tener repercusiones mucho más allá del tribunal.

 

 

En última instancia, elegí centrarme en el disentimiento del juez Thomas porque va más allá de los debates de política cotidiana y se adentra en la pregunta estructural más profunda en el corazón de este caso: ¿cuánta autoridad debería conservar el presidente al moldear la estrategia económica exterior? Su perspectiva, arraigada en una interpretación originalista de la Constitución, nos desafía a reconsiderar dónde debería trazarse la línea entre la supervisión congresional y la flexibilidad ejecutiva. En momentos de incertidumbre global, atar demasiado las manos del presidente puede acarrear consecuencias. Cada día invertido en batallas legales internas es un día en que naciones adversarias continúan avanzando sus propias agendas. Como enfatizó el secretario de Estado Marco Rubio durante sus recientes declaraciones en Múnich, la unidad y la claridad estratégica importan más que nunca.

 

Por eso los disentimientos de los jueces Thomas y Kavanaugh merecen una atención seria. Independientemente de la posición política de cada uno, Estados Unidos se beneficia cuando todos los argumentos constitucionales permanecen sobre la mesa.