Florida lidera la pena de muerte en Estados Unidos

El 10 de septiembre, en Starke, Florida ejecutó a Daniel Owen Conahan Jr., 72 años, condenado por el secuestro y estrangulamiento de Richard Allen Montgomery en 1996. Era la número 15 del año. Estados Unidos lleva 25. Florida concentra el 60%. Texas, que durante décadas fue el laboratorio de la pena capital, va por cuatro. Oklahoma, tres. Alabama, Arizona y Tennessee, una cada uno. El dato no es un accidente de calendario. Es política de Estado.

Por qué importa.  En 2025 Florida aplicó 19 inyecciones letales, su mayor cifra anual desde que la Corte Suprema permitió retomar la pena en 1976. DeSantis ha firmado órdenes a un ritmo que no se veía en décadas: doble ejecución en un mismo día en julio —la primera en el estado desde 1964— y un condenado de 80 años.

• Quien viva en el sur de Florida lo lee en clave de orden: hay delitos que el Estado no negocia. Quien mire el mapa nacional ve otra cosa. La pena de muerte está vigente, con matices, en unos 27 estados. California, Oregón y Pensilvania la tienen en los libros y parada por moratoria del gobernador.
• Ohio la tiene congelada de hecho. Unos 23 estados y Washington D.C. la abolieron. Virginia, que ejecutó mucho, la derogó en 2021. El país no tiene una pena capital. Tiene un archipiélago.

Lo indispensable.  El argumento de campaña es la disuasión: si el homicida sabe que puede morir, mata menos. La evidencia no lo sostiene con la contundencia del mitin. Un comité de la Academia Nacional de Ciencias (National Research Council, 2012) revisó décadas de estudios y concluyó que la investigación no permite decir si la pena baja, sube o no mueve la tasa de homicidios.

• Los trabajos pecan de no comparar bien con la cadena perpetua sin libertad condicional y de medir mal el “riesgo real” de ser ejecutado: la mayoría de las condenas a muerte no terminan en la camilla. Hay papers que prometieron que cada ejecución evitaba siete u ocho asesinatos. Hay otros que hablaron de efecto contrario. El veredicto científico es más seco: no usen esos números para decidir.
• Eso no cierra el debate político. Lo desplaza. Para una parte del electorado la pena no es estadística: es justicia retributiva, el mensaje a quien mata a un policía, trafica personas o comete una masacre. Trump lo dijo en Dallas, en la convención de las midterms: fin a la fianza sin dinero y pena de muerte para grandes narcos, traficantes y asesinos de agentes. El primer día de mandato levantó la moratoria federal de la era Biden.
• El Departamento de Justicia ha autorizado pedir la capital en decenas de causas. Gallup mide el apoyo nacional en torno al 53%, el piso desde 1972, con un corte generacional claro: los más jóvenes la rechazan más. Los republicanos, no.

Datos clave.  Desde 1976 Texas sigue siendo el estado que más ha ejecutado en el acumulado (cerca de 600). Florida ya supera las 130 y este bienio corre por delante. Oklahoma ejecuta mucho en proporción a su población. Kansas tiene la pena y casi no la usa. El método, en 2026, ha sido inyección letal. El perfil de los ejecutados este año: todos hombres; mayoría blanca, con una proporción negra alta respecto a la población.

Ahora qué. Florida no va a detenerse porque Harvard o un comité de Washington no encuentren el gráfico perfecto. Tampoco el país va a volver a un consenso. Hay dos Estados Unidos: el que ve la camilla como cierre de un expediente atroz y el que la ve como error irreversible.

• Lo honesto es decir las dos cosas a la vez. La pena de muerte en Florida es hoy la más activa de la Unión. No está demostrado que por eso el homicidio baje. Está demostrado que el gobernador, el presidente y una mayoría republicana la consideran parte del orden público. El resto es legislatura, jurado y, cada cierto jueves en Starke, una hora fija.