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28 de abril, 2026
EE.UU. flexibilizó sanciones para autorizar al gobierno venezolano a financiar la defensa legal de Nicolás Maduro y su esposa en un proceso federal por narcoterrorismo. La decisión combina argumentos constitucionales y señales políticas, mientras un exjefe de inteligencia venezolano podría convertirse en testigo clave del caso.
Es noticia. El Departamento del Tesoro de EE.UU. autorizó una excepción a las sanciones que permite al gobierno venezolano pagar los honorarios legales de Nicolás Maduro y Cilia Flores en su juicio federal. La medida quedó registrada en documentos judiciales divulgados públicamente.
- Las licencias fueron emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros bajo condiciones estrictas.
- Solo pueden usarse fondos gubernamentales disponibles después del 5 de marzo de 2026.
- Se prohíbe recurrir a cuentas previamente bloqueadas por motivos de seguridad nacional.
Punto de fricción. El giro responde a cuestionamientos planteados por la defensa de Maduro, que alegó violaciones al derecho constitucional a contar con abogados de libre elección. El tribunal mostró escepticismo frente a los argumentos originales del Ejecutivo.
- Durante una audiencia en marzo, el juez Alvin Hellerstein cuestionó la justificación de seguridad nacional.
- Señaló que, tras su captura, Maduro y Flores no parecían representar una amenaza activa.
- Ambos se declararon no culpables de conspiración narcoterrorista y tráfico de cocaína.
Entre líneas. Más allá del debate legal, el caso podría transformarse si Hugo “El Pollo” Carvajal coopera con la fiscalía. El exjefe de inteligencia venezolana posee información interna acumulada durante décadas en el poder.
- Carvajal se declaró culpable en 2025 en un acuerdo que contempla cooperación.
- Ha descrito al Estado venezolano como un aparato criminal encabezado por el llamado Cartel de los Soles.
- También afirmó que el narcotráfico fue usado de forma deliberada como arma política.
Balance. La autorización para pagar la defensa garantiza el debido proceso, pero no reduce la gravedad del caso. La eventual cooperación de Carvajal podría reforzar una de las acusaciones internacionales más importantes contra un gobierno extranjero.
- El inicio del juicio no se prevé antes de uno o dos años.
- Fiscales buscan probar que el narcotráfico fue política de Estado.
- El desenlace tendrá impacto directo en la política hemisférica y la seguridad regional.
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28 de abril, 2026
EE.UU. flexibilizó sanciones para autorizar al gobierno venezolano a financiar la defensa legal de Nicolás Maduro y su esposa en un proceso federal por narcoterrorismo. La decisión combina argumentos constitucionales y señales políticas, mientras un exjefe de inteligencia venezolano podría convertirse en testigo clave del caso.
Es noticia. El Departamento del Tesoro de EE.UU. autorizó una excepción a las sanciones que permite al gobierno venezolano pagar los honorarios legales de Nicolás Maduro y Cilia Flores en su juicio federal. La medida quedó registrada en documentos judiciales divulgados públicamente.
- Las licencias fueron emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros bajo condiciones estrictas.
- Solo pueden usarse fondos gubernamentales disponibles después del 5 de marzo de 2026.
- Se prohíbe recurrir a cuentas previamente bloqueadas por motivos de seguridad nacional.
Punto de fricción. El giro responde a cuestionamientos planteados por la defensa de Maduro, que alegó violaciones al derecho constitucional a contar con abogados de libre elección. El tribunal mostró escepticismo frente a los argumentos originales del Ejecutivo.
- Durante una audiencia en marzo, el juez Alvin Hellerstein cuestionó la justificación de seguridad nacional.
- Señaló que, tras su captura, Maduro y Flores no parecían representar una amenaza activa.
- Ambos se declararon no culpables de conspiración narcoterrorista y tráfico de cocaína.
Entre líneas. Más allá del debate legal, el caso podría transformarse si Hugo “El Pollo” Carvajal coopera con la fiscalía. El exjefe de inteligencia venezolana posee información interna acumulada durante décadas en el poder.
- Carvajal se declaró culpable en 2025 en un acuerdo que contempla cooperación.
- Ha descrito al Estado venezolano como un aparato criminal encabezado por el llamado Cartel de los Soles.
- También afirmó que el narcotráfico fue usado de forma deliberada como arma política.
Balance. La autorización para pagar la defensa garantiza el debido proceso, pero no reduce la gravedad del caso. La eventual cooperación de Carvajal podría reforzar una de las acusaciones internacionales más importantes contra un gobierno extranjero.
- El inicio del juicio no se prevé antes de uno o dos años.
- Fiscales buscan probar que el narcotráfico fue política de Estado.
- El desenlace tendrá impacto directo en la política hemisférica y la seguridad regional.
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