EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (derecha), y la vicepresidenta, Rosario Murillo
26 de febrero, 2026
El Gobierno de EE.UU. impuso sanciones a cinco altos funcionarios que dirigen áreas financieras, laborales, de telecomunicaciones y de inteligencia en Nicaragua. Washington los señala de facilitar la represión del régimen Murillo-Ortega y de sostener estructuras utilizadas para vigilar y perseguir a opositores.
Qué destacar. La Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro, sancionó a cinco funcionarios que encabezan agencias clave del Estado nicaragüense. La medida se ejecutó bajo la Orden Ejecutiva 13851 y sus enmiendas, y bloquea activos bajo jurisdicción estadounidense.
- El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la “dictadura Murillo-Ortega” mantiene una campaña de “represión y tiranía” contra opositores pacíficos y aseguró que continuará la rendición de cuentas.
- Los sancionados incluyen al director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero, la ministra de Trabajo, la subdirectora de telecomunicaciones y el jefe de inteligencia militar del Ejército.
- Todos los bienes en EE. UU. o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y se prohíben transacciones con los designados, salvo licencia específica.
Cómo funciona. Washington sostiene que el régimen instrumentalizó leyes antilavado para perseguir disidentes y cerrar el acceso a financiamiento de organizaciones independientes, debilitando la autonomía institucional.
- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), creada en 2012 y dirigida por el mayor general retirado Denis Membreno y el excomisionado Aldo Sáenz, habría liquidado activos de opositores y ONG sin base legal.
- Según el Tesoro, la UAF monitorea constantemente flujos de dinero del exterior para bloquear recursos destinados a organizaciones cívicas y críticos del gobierno.
- La falta de independencia del sistema antilavado, agrega el comunicado, socava la integridad institucional y contribuye a la impunidad en casos de corrupción.
En el radar. El aparato de telecomunicaciones e inteligencia también quedó bajo la lupa de Washington como parte del sistema de vigilancia estatal.
- El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) recibió en 2024 amplias facultades para recolectar datos privados, interceptar comunicaciones y geolocalizar personas, fortaleciendo el control sobre redes sociales y medios.
- La subdirectora Celia Margarita Reyes fue sancionada, al igual que el mayor general Leonel Gutiérrez, quien encabezó por más de una década la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar.
- El Tesoro señala que esta estructura coordina vigilancia interna y externa para impedir cualquier forma de oposición política.
Lo que sigue. Las sanciones amplían su alcance más allá de personas individuales e impactan a entidades vinculadas directa o indirectamente con los designados.
- Cualquier empresa controlada en 50 % o más por los sancionados también queda bloqueada, y las instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan transacciones relevantes.
- Las violaciones pueden derivar en sanciones civiles o penales, incluso bajo un estándar de responsabilidad objetiva, según las directrices de cumplimiento económico de OFAC.
- El Tesoro recordó que el objetivo final no es castigar, sino promover un cambio de conducta, y que existe un proceso legal para solicitar la exclusión de la lista de sancionados (SDN).
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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (derecha), y la vicepresidenta, Rosario Murillo
26 de febrero, 2026
El Gobierno de EE.UU. impuso sanciones a cinco altos funcionarios que dirigen áreas financieras, laborales, de telecomunicaciones y de inteligencia en Nicaragua. Washington los señala de facilitar la represión del régimen Murillo-Ortega y de sostener estructuras utilizadas para vigilar y perseguir a opositores.
Qué destacar. La Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro, sancionó a cinco funcionarios que encabezan agencias clave del Estado nicaragüense. La medida se ejecutó bajo la Orden Ejecutiva 13851 y sus enmiendas, y bloquea activos bajo jurisdicción estadounidense.
- El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la “dictadura Murillo-Ortega” mantiene una campaña de “represión y tiranía” contra opositores pacíficos y aseguró que continuará la rendición de cuentas.
- Los sancionados incluyen al director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero, la ministra de Trabajo, la subdirectora de telecomunicaciones y el jefe de inteligencia militar del Ejército.
- Todos los bienes en EE. UU. o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y se prohíben transacciones con los designados, salvo licencia específica.
Cómo funciona. Washington sostiene que el régimen instrumentalizó leyes antilavado para perseguir disidentes y cerrar el acceso a financiamiento de organizaciones independientes, debilitando la autonomía institucional.
- La Unidad de Análisis Financiero (UAF), creada en 2012 y dirigida por el mayor general retirado Denis Membreno y el excomisionado Aldo Sáenz, habría liquidado activos de opositores y ONG sin base legal.
- Según el Tesoro, la UAF monitorea constantemente flujos de dinero del exterior para bloquear recursos destinados a organizaciones cívicas y críticos del gobierno.
- La falta de independencia del sistema antilavado, agrega el comunicado, socava la integridad institucional y contribuye a la impunidad en casos de corrupción.
En el radar. El aparato de telecomunicaciones e inteligencia también quedó bajo la lupa de Washington como parte del sistema de vigilancia estatal.
- El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) recibió en 2024 amplias facultades para recolectar datos privados, interceptar comunicaciones y geolocalizar personas, fortaleciendo el control sobre redes sociales y medios.
- La subdirectora Celia Margarita Reyes fue sancionada, al igual que el mayor general Leonel Gutiérrez, quien encabezó por más de una década la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar.
- El Tesoro señala que esta estructura coordina vigilancia interna y externa para impedir cualquier forma de oposición política.
Lo que sigue. Las sanciones amplían su alcance más allá de personas individuales e impactan a entidades vinculadas directa o indirectamente con los designados.
- Cualquier empresa controlada en 50 % o más por los sancionados también queda bloqueada, y las instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan transacciones relevantes.
- Las violaciones pueden derivar en sanciones civiles o penales, incluso bajo un estándar de responsabilidad objetiva, según las directrices de cumplimiento económico de OFAC.
- El Tesoro recordó que el objetivo final no es castigar, sino promover un cambio de conducta, y que existe un proceso legal para solicitar la exclusión de la lista de sancionados (SDN).
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