EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Así opera la red de ONG, medios de comunicación, analistas y bonistas que busca negar la existencia del Cartel de los Soles para proteger al régimen de Maduro
Durante años, diversas ONG, analistas internacionales y redes políticas alineadas con la izquierda han sostenido que el Cartel de los Soles es un mito, pese a la abundante evidencia presentada por cortes federales estadounidenses, investigaciones colombianas y testimonios de militares venezolanos. Esta narrativa insiste en que la estructura no existe y que todo se debe a un supuesto esfuerzo político liderado por Washington. El resultado ha sido una capa de protección discursiva para la dictadura de Nicolás Maduro y para la red de actores que operan en torno a ella.
Cómo opera la red que niega al Cartel de los Soles
Organizaciones como Alliance for Global Justice, el Council on Hemispheric Affairs y analistas vinculados a organismos internacionales han sido piezas claves en la defensa de la narrativa negacionista. Estas entidades califican la estructura criminal como una construcción política, aun cuando los expedientes judiciales muestran vínculos entre altos mandos venezolanos, las FARC y redes internacionales de tráfico de cocaína.
Alliance for Global Justice, por ejemplo, fue invitada oficialmente por la dictadura venezolana bajo un esquema en el que solo observadores previamente aprobados por el Estado podían ingresar al país. Sus delegaciones participaron en eventos oficiales, sostuvieron reuniones con figuras del aparato económico del régimen y posteriormente defendieron públicamente la versión de que el Cartel de los Soles es ficticio.
Phil Gunson y el New York Times: negar el cartel y advertir caos si Maduro cae
Uno de los voceros más visibles de la narrativa negacionista es Phil Gunson, analista senior del International Crisis Group (ICG). En un reportaje del New York Times, Gunson afirmó que el Cartel de los Soles “no existe”, alineándose con la postura de actores que buscan desacreditar las imputaciones contra la dictadura. El artículo presenta la designación estadounidense como una exageración y sugiere que la estructura criminal es solo una etiqueta política.
En otra publicación del propio New York Times, Gunson argumentó que sacar a Maduro del poder podría generar caos y un “colapso violento”, una narrativa que coincide con los objetivos históricos del International Crisis Group, organización financiada por grandes redes filantrópicas internacionales, incluyendo a George Soros y actores asociados a programas de “estabilidad política”. El propósito declarado de ICG es evitar “transiciones abruptas” en escenarios autoritarios, postura que en el caso venezolano se traduce en promover una continuidad controlada del statu quo mientras se desestima la responsabilidad del régimen en actividades ilícitas.
En conjunto, las posiciones de Gunson han reforzado un mensaje útil para la dictadura: que la presión internacional es contraproducente y que la permanencia del régimen evita un escenario “peor”.
https://x.com/DataRepublican/status/1965045640133832757?s=20
El interés político detrás de borrar al Cartel de los Soles
La negación del cartel beneficia directamente al círculo de poder de Maduro. Al descartar la existencia de la estructura criminal, se diluye el fundamento de sanciones, investigaciones y acciones judiciales que afectan a figuras clave del aparato militar venezolano. Esta narrativa también ayuda a suavizar las percepciones externas sobre la dictadura en momentos en que Estados Unidos y otros países han identificado a Venezuela como plataforma logística del narcotráfico regional.
A ello se suma el hecho de que gobiernos aliados, como México, han repetido públicamente que no existe evidencia de que Maduro tenga vínculos con carteles, pese a la documentación judicial acumulada durante décadas.
Evidencias históricas de la estructura criminal
Desde los años 2000, diversos oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela fueron investigados por narcotráfico y varios casos llegaron a cortes extranjeras. En 2004, el periodista Mauro Marcano fue asesinado cuando investigaba a generales vinculados al tráfico de cocaína, un hecho que consolidó el término “Soles” como referencia al entramado militar que protegía y controlaba las rutas de droga.
A ello se suman las confesiones de altos exfuncionarios como Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar venezolana, quien ante autoridades europeas y estadounidenses ha señalado que el aparato chavista utilizó al menos desde los años de Hugo Chávez la estructura estatal para colaborar con las FARC en el transporte de cocaína y en operaciones conjuntas de financiamiento ilícito. Sus declaraciones han reforzado lo que ya aparecía en expedientes abiertos en Estados Unidos y Europa sobre el uso de Venezuela como corredor para el narcotráfico.
Las pruebas más directas de la implicación del entorno inmediato de Maduro incluyen el arresto y condena de sus sobrinos Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas en una corte federal de Nueva York, tras ser capturados en Haití en una operación encubierta. Los “narcosobrinos” fueron declarados culpables de conspirar para introducir cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos, y en el juicio quedó asentado que buscaban utilizar su cercanía con la familia presidencial para garantizar protección y logística.
Los testimonios de figuras como Walid Makled, empresario venezolano extraditado desde Colombia a Venezuela tras ser detenido por narcotráfico, describen un esquema en el que, según sus declaraciones, tenía a decenas de generales en nómina y operaba a través de puertos y aeropuertos controlados por la Fuerza Armada. Sus confesiones se cruzan con informes de inteligencia colombiana que señalan el uso de instalaciones como Puerto Cabello y pistas controladas por la Guardia Nacional para sacar cargamentos de cocaína hacia Centroamérica y África.
A esto se añaden los documentos incautados a las FARC en operaciones militares colombianas, donde aparecen comunicaciones con funcionarios venezolanos discutiendo apoyo logístico, protección en la frontera y uso de territorio venezolano para mover droga. Las acusaciones formales del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra altos mandos militares y civiles del chavismo, junto con estas evidencias documentales, dibujan un patrón consistente: la estructura del llamado Cartel de los Soles utiliza puertos, aeropuertos, unidades militares y cobertura política de alto nivel para facilitar cargamentos vinculados a las FARC y a redes criminales transnacionales.
Este conjunto de expedientes, sentencias, confesiones y documentos oficiales desmonta la idea de que el Cartel de los Soles es una “invención mediática” y demuestra que se trata de una red criminal con raíces profundas en la estructura estatal venezolana.
El vínculo internacional: FARC, Irán y Hezbollah
El tráfico no se limita al ámbito venezolano. Investigaciones han documentado cooperación operativa entre las FARC, operadores financieros iraníes y células asociadas a Hezbollah para el transporte de cocaína hacia Estados Unidos, Europa y África. Venezuela ha servido como plataforma logística para estas operaciones, aprovechando sus puertos y espacio aéreo, así como su alianza estratégica con Irán.
El flujo financiero asociado a estas rutas termina beneficiando a redes vinculadas al régimen iraní y a grupos armados activos en Medio Oriente.
Cómo encaja el caso Juan González y la red de bonistas
La reciente documentación difundida por la Human Rights Foundation (HRF) agrega una nueva pieza al rompecabezas internacional. HRF presentó evidencia que vincula al exfuncionario de la administración Biden, Juan González, con un grupo de bonistas interesados en la deuda venezolana en default. Según la organización, González habría mantenido comunicaciones con acreedores vinculados al fondo Greylock Capital, dirigido por Hans Humes, un actor clave en reestructuraciones de deuda soberana.
Así opera la red de ONG, medios de comunicación, analistas y bonistas que busca negar la existencia del Cartel de los Soles para proteger al régimen de Maduro
Durante años, diversas ONG, analistas internacionales y redes políticas alineadas con la izquierda han sostenido que el Cartel de los Soles es un mito, pese a la abundante evidencia presentada por cortes federales estadounidenses, investigaciones colombianas y testimonios de militares venezolanos. Esta narrativa insiste en que la estructura no existe y que todo se debe a un supuesto esfuerzo político liderado por Washington. El resultado ha sido una capa de protección discursiva para la dictadura de Nicolás Maduro y para la red de actores que operan en torno a ella.
Cómo opera la red que niega al Cartel de los Soles
Organizaciones como Alliance for Global Justice, el Council on Hemispheric Affairs y analistas vinculados a organismos internacionales han sido piezas claves en la defensa de la narrativa negacionista. Estas entidades califican la estructura criminal como una construcción política, aun cuando los expedientes judiciales muestran vínculos entre altos mandos venezolanos, las FARC y redes internacionales de tráfico de cocaína.
Alliance for Global Justice, por ejemplo, fue invitada oficialmente por la dictadura venezolana bajo un esquema en el que solo observadores previamente aprobados por el Estado podían ingresar al país. Sus delegaciones participaron en eventos oficiales, sostuvieron reuniones con figuras del aparato económico del régimen y posteriormente defendieron públicamente la versión de que el Cartel de los Soles es ficticio.
Phil Gunson y el New York Times: negar el cartel y advertir caos si Maduro cae
Uno de los voceros más visibles de la narrativa negacionista es Phil Gunson, analista senior del International Crisis Group (ICG). En un reportaje del New York Times, Gunson afirmó que el Cartel de los Soles “no existe”, alineándose con la postura de actores que buscan desacreditar las imputaciones contra la dictadura. El artículo presenta la designación estadounidense como una exageración y sugiere que la estructura criminal es solo una etiqueta política.
En otra publicación del propio New York Times, Gunson argumentó que sacar a Maduro del poder podría generar caos y un “colapso violento”, una narrativa que coincide con los objetivos históricos del International Crisis Group, organización financiada por grandes redes filantrópicas internacionales, incluyendo a George Soros y actores asociados a programas de “estabilidad política”. El propósito declarado de ICG es evitar “transiciones abruptas” en escenarios autoritarios, postura que en el caso venezolano se traduce en promover una continuidad controlada del statu quo mientras se desestima la responsabilidad del régimen en actividades ilícitas.
En conjunto, las posiciones de Gunson han reforzado un mensaje útil para la dictadura: que la presión internacional es contraproducente y que la permanencia del régimen evita un escenario “peor”.
https://x.com/DataRepublican/status/1965045640133832757?s=20
El interés político detrás de borrar al Cartel de los Soles
La negación del cartel beneficia directamente al círculo de poder de Maduro. Al descartar la existencia de la estructura criminal, se diluye el fundamento de sanciones, investigaciones y acciones judiciales que afectan a figuras clave del aparato militar venezolano. Esta narrativa también ayuda a suavizar las percepciones externas sobre la dictadura en momentos en que Estados Unidos y otros países han identificado a Venezuela como plataforma logística del narcotráfico regional.
A ello se suma el hecho de que gobiernos aliados, como México, han repetido públicamente que no existe evidencia de que Maduro tenga vínculos con carteles, pese a la documentación judicial acumulada durante décadas.
Evidencias históricas de la estructura criminal
Desde los años 2000, diversos oficiales de la Guardia Nacional de Venezuela fueron investigados por narcotráfico y varios casos llegaron a cortes extranjeras. En 2004, el periodista Mauro Marcano fue asesinado cuando investigaba a generales vinculados al tráfico de cocaína, un hecho que consolidó el término “Soles” como referencia al entramado militar que protegía y controlaba las rutas de droga.
A ello se suman las confesiones de altos exfuncionarios como Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de la contrainteligencia militar venezolana, quien ante autoridades europeas y estadounidenses ha señalado que el aparato chavista utilizó al menos desde los años de Hugo Chávez la estructura estatal para colaborar con las FARC en el transporte de cocaína y en operaciones conjuntas de financiamiento ilícito. Sus declaraciones han reforzado lo que ya aparecía en expedientes abiertos en Estados Unidos y Europa sobre el uso de Venezuela como corredor para el narcotráfico.
Las pruebas más directas de la implicación del entorno inmediato de Maduro incluyen el arresto y condena de sus sobrinos Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas en una corte federal de Nueva York, tras ser capturados en Haití en una operación encubierta. Los “narcosobrinos” fueron declarados culpables de conspirar para introducir cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos, y en el juicio quedó asentado que buscaban utilizar su cercanía con la familia presidencial para garantizar protección y logística.
Los testimonios de figuras como Walid Makled, empresario venezolano extraditado desde Colombia a Venezuela tras ser detenido por narcotráfico, describen un esquema en el que, según sus declaraciones, tenía a decenas de generales en nómina y operaba a través de puertos y aeropuertos controlados por la Fuerza Armada. Sus confesiones se cruzan con informes de inteligencia colombiana que señalan el uso de instalaciones como Puerto Cabello y pistas controladas por la Guardia Nacional para sacar cargamentos de cocaína hacia Centroamérica y África.
A esto se añaden los documentos incautados a las FARC en operaciones militares colombianas, donde aparecen comunicaciones con funcionarios venezolanos discutiendo apoyo logístico, protección en la frontera y uso de territorio venezolano para mover droga. Las acusaciones formales del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra altos mandos militares y civiles del chavismo, junto con estas evidencias documentales, dibujan un patrón consistente: la estructura del llamado Cartel de los Soles utiliza puertos, aeropuertos, unidades militares y cobertura política de alto nivel para facilitar cargamentos vinculados a las FARC y a redes criminales transnacionales.
Este conjunto de expedientes, sentencias, confesiones y documentos oficiales desmonta la idea de que el Cartel de los Soles es una “invención mediática” y demuestra que se trata de una red criminal con raíces profundas en la estructura estatal venezolana.
El vínculo internacional: FARC, Irán y Hezbollah
El tráfico no se limita al ámbito venezolano. Investigaciones han documentado cooperación operativa entre las FARC, operadores financieros iraníes y células asociadas a Hezbollah para el transporte de cocaína hacia Estados Unidos, Europa y África. Venezuela ha servido como plataforma logística para estas operaciones, aprovechando sus puertos y espacio aéreo, así como su alianza estratégica con Irán.
El flujo financiero asociado a estas rutas termina beneficiando a redes vinculadas al régimen iraní y a grupos armados activos en Medio Oriente.
Cómo encaja el caso Juan González y la red de bonistas
La reciente documentación difundida por la Human Rights Foundation (HRF) agrega una nueva pieza al rompecabezas internacional. HRF presentó evidencia que vincula al exfuncionario de la administración Biden, Juan González, con un grupo de bonistas interesados en la deuda venezolana en default. Según la organización, González habría mantenido comunicaciones con acreedores vinculados al fondo Greylock Capital, dirigido por Hans Humes, un actor clave en reestructuraciones de deuda soberana.
