Sustituir un piso de tierra por concreto en Guatemala no es solo una mejora física, sino una inversión con impacto sanitario, económico y estructural. En un país donde uno de cada cuatro hogares vive en condiciones precarias, esta solución aborda problemas que afectan la salud, el desarrollo y la productividad.
Por qué importa. El piso de una vivienda es más que solo superficie: condiciona la higiene, seguridad y habitabilidad. Si es de tierra, aumenta el riesgo de enfermedades y reduce la productividad familiar.
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Según la ENCOVI 2023, el 23 % de las viviendas guatemaltecas tienen piso de tierra; en áreas rurales, la cifra sube a 30.3 %.
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Carlos Vivar, arquitecto especializado en vivienda social, destaca que un suelo de concreto mejora el interior y aumenta el valor funcional del entorno habitacional.
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Esta infraestructura básica permite proyectar futuras mejoras como instalaciones sanitarias, electrificación o ampliación estructural.
En el radar. Los efectos positivos están respaldados por evidencia empírica y médica. Además, se traduce en reducción de gastos públicos y aumento de capital social.
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Un estudio de UC Berkeley mostró una caída de hasta 49 % en diarrea infantil y mejoras cognitivas de hasta 96 %. “Se puede reducir hasta un 78 % de las infecciones parasitarias, 81 % de la anemia y generar un ambiente más higiénico y acogedor”, explica Astrid Pellecer, gerente de Progreso.
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“Es una inversión sencilla, pero con un impacto duradero, reduce visitas médicas y libera recursos familiares”, afirma María José Paiz, gerente general de Fundación Bi.
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En términos de salud pública, el ahorro indirecto por hogar supera los GTQ 2000 anuales. El concreto es una solución accesible, lavable y que disminuye la humedad y los accidentes.
Qué destacar. El costo promedio por piso ronda los USD 500, una cifra baja comparada con otras intervenciones sociales. Aun así, la clave está en la articulación multisectorial para escalar el modelo.
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La meta nacional para 2025 es sustituir más de 45 000 pisos, priorizando 114 municipios con alta pobreza.
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En departamentos como Quiché y Huehuetenango, más del 40 % de las viviendas siguen con suelo de tierra. Esto impacta la competitividad territorial.
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Vivar sostiene que sin infraestructura base no hay política habitacional sostenible, y que el piso es el punto de partida más rentable y transformador.
Entre líneas. Más allá del cemento, se construye una forma distinta de entender el desarrollo rural, desde lo tangible, inmediato y comunitario.
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La instalación activa la economía local, movilizando mano de obra, transporte y ferreterías, generando una cadena de valor que permanece en la comunidad.
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“Cuando una población ve progreso tangible, tiende a reinvertir en su entorno inmediato”, subraya Paiz, enfatizando el efecto multiplicador en economías rurales.
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La inversión por piso es baja y el retorno es mayor: mejora la salud, incrementa el uso del espacio doméstico y estimula nuevas intervenciones en techos, filtros de agua o letrinas.
Lo que sigue. El desafío está en la colocación e integrarlo a una estrategia de desarrollo territorial más amplia. “Antes, este cambio parecía inalcanzable para muchas familias, pero la colaboración entre actores ha demostrado que juntos es posible”, afirma Pellecer.
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El déficit habitacional rural es uno de los más altos en Latinoamérica, lo que requiere soluciones modulares y escalables.
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“Los pisos deben formar parte de un índice de habitabilidad mínimo, como lo hacen países con políticas de vivienda inclusiva”, plantea Vivar.
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La continuidad del impacto dependerá de integrar esta solución en políticas de vivienda mínima, permitiendo que el piso de concreto sea reconocido como una prioridad estructural en la agenda de desarrollo del país.
Sustituir un piso de tierra por concreto en Guatemala no es solo una mejora física, sino una inversión con impacto sanitario, económico y estructural. En un país donde uno de cada cuatro hogares vive en condiciones precarias, esta solución aborda problemas que afectan la salud, el desarrollo y la productividad.
Por qué importa. El piso de una vivienda es más que solo superficie: condiciona la higiene, seguridad y habitabilidad. Si es de tierra, aumenta el riesgo de enfermedades y reduce la productividad familiar.
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Según la ENCOVI 2023, el 23 % de las viviendas guatemaltecas tienen piso de tierra; en áreas rurales, la cifra sube a 30.3 %.
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Carlos Vivar, arquitecto especializado en vivienda social, destaca que un suelo de concreto mejora el interior y aumenta el valor funcional del entorno habitacional.
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Esta infraestructura básica permite proyectar futuras mejoras como instalaciones sanitarias, electrificación o ampliación estructural.
En el radar. Los efectos positivos están respaldados por evidencia empírica y médica. Además, se traduce en reducción de gastos públicos y aumento de capital social.
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Un estudio de UC Berkeley mostró una caída de hasta 49 % en diarrea infantil y mejoras cognitivas de hasta 96 %. “Se puede reducir hasta un 78 % de las infecciones parasitarias, 81 % de la anemia y generar un ambiente más higiénico y acogedor”, explica Astrid Pellecer, gerente de Progreso.
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“Es una inversión sencilla, pero con un impacto duradero, reduce visitas médicas y libera recursos familiares”, afirma María José Paiz, gerente general de Fundación Bi.
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En términos de salud pública, el ahorro indirecto por hogar supera los GTQ 2000 anuales. El concreto es una solución accesible, lavable y que disminuye la humedad y los accidentes.
Qué destacar. El costo promedio por piso ronda los USD 500, una cifra baja comparada con otras intervenciones sociales. Aun así, la clave está en la articulación multisectorial para escalar el modelo.
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La meta nacional para 2025 es sustituir más de 45 000 pisos, priorizando 114 municipios con alta pobreza.
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En departamentos como Quiché y Huehuetenango, más del 40 % de las viviendas siguen con suelo de tierra. Esto impacta la competitividad territorial.
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Vivar sostiene que sin infraestructura base no hay política habitacional sostenible, y que el piso es el punto de partida más rentable y transformador.
Entre líneas. Más allá del cemento, se construye una forma distinta de entender el desarrollo rural, desde lo tangible, inmediato y comunitario.
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La instalación activa la economía local, movilizando mano de obra, transporte y ferreterías, generando una cadena de valor que permanece en la comunidad.
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“Cuando una población ve progreso tangible, tiende a reinvertir en su entorno inmediato”, subraya Paiz, enfatizando el efecto multiplicador en economías rurales.
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La inversión por piso es baja y el retorno es mayor: mejora la salud, incrementa el uso del espacio doméstico y estimula nuevas intervenciones en techos, filtros de agua o letrinas.
Lo que sigue. El desafío está en la colocación e integrarlo a una estrategia de desarrollo territorial más amplia. “Antes, este cambio parecía inalcanzable para muchas familias, pero la colaboración entre actores ha demostrado que juntos es posible”, afirma Pellecer.
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El déficit habitacional rural es uno de los más altos en Latinoamérica, lo que requiere soluciones modulares y escalables.
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“Los pisos deben formar parte de un índice de habitabilidad mínimo, como lo hacen países con políticas de vivienda inclusiva”, plantea Vivar.
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La continuidad del impacto dependerá de integrar esta solución en políticas de vivienda mínima, permitiendo que el piso de concreto sea reconocido como una prioridad estructural en la agenda de desarrollo del país.