Ni salvador ni enemigo: el dilema del salario mínimo en el andamio

Cada aumento salarial por decreto reabre el mismo debate en la construcción: cuánto cuesta retener manos sin quebrar el oficio. Mientras los obreros migran y los costos se disparan, el país confirma una verdad incómoda: el salario mínimo no es enemigo ni salvador, apenas un reflejo de su modelo productivo.

Por qué importa. En la construcción define más que un sueldo: mide la capacidad del país para competir, retener talento y sostener inversión. En un sector que emplea a miles y marca el pulso de la economía real, cada decreto mal calculado eleva costos y derriba empleo formal.

• “Es una decisión política sin base técnica”, afirma Sigfrido Lee Leiva, director de la Unidad Económica del CACIF. Advierte que los aumentos anuales ignoran la realidad del mercado y empujan a miles de trabajadores fuera de la formalidad.

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• Guido Ricci, director de la Unidad Laboral del CACIF, señala que el problema no es salarial, sino de incentivos. Guatemala capacita mano de obra sin garantizar que permanezca: sin condiciones que los retengan, la inversión en formación se vuelve capital perdido.

• Según series del INE (2018-2025), el salario en el gremio ha crecido de forma constante, incluso durante la pandemia, cuando la inversión privada se mostró cauta. Los sueldos subieron, pero la productividad no avanzó al mismo ritmo.

Punto de fricción. La industria, aunque interesada en pagar mejores sueldos, vive un dilema que se siente en el andamio: el talento que se forma en Guatemala muchas veces construye en EE. UU. o México. La migración dejó de ser estadística para convertirse en una fuga visible que desarma cuadrillas.

• Ricardo Obiols, presidente de la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción (AGCC), lo explica sin drama: “Nos afecta porque hay necesidad de mano de obra en esos países. Pagan hasta diez veces más, pero con sacrificios palpables: familia, clima, distancia… Muchos regresan.”

• Ricci recuerda que la estructura del sector profundiza el dilema. Si los salarios suben, los costos se trasladan al comprador; si no suben, la mano de obra calificada emigra. En cualquiera de los dos escenarios, el país pierde productividad.

• Lee Leiva agrega otro matiz: el ingreso tardío al trabajo formal. “Un obrero tiene su primer empleo formal a los 30 años”, advierte. En ese lapso, puede permanecer en la informalidad hasta una década.

Visto y no visto. La formalidad en la construcción funciona a fuerza de costumbre. Sin una legislación moderna y con una migración constante de trabajadores, se buscan fórmulas propias para sostener la productividad: contratos por obra, capacitación continua y tecnificación gradual.

• El economista explica que el sistema se ha vuelto reactivo. “De momento, lo resuelven contratando por obra”, admite. Esa modalidad da flexibilidad, aunque evidencia que el marco actual ya no responde al mercado.

• Obiols comenta que, resultado de la migración, se capacita a quienes “se quedan”. Su tecnificación ayuda a que suban sus ingresos. “El sector está interesado en que la gente viva mejor y gane más. Nadie está en contra de eso.”

• Mientras el abogado y experto en derecho laboral advierte que el país arrastra una distorsión crónica: “El salario mínimo se ha aumentado sin bases técnicas.” Sin productividad ni datos, la política salarial sigue corrigiendo síntomas sin atender causas.

Balance. El sueldo en la construcción no es ni el problema ni la solución. Es el termómetro de un sistema que no mide productividad ni reconoce la realidad de su propio mercado laboral. Entre decreto y eficiencia, el país sigue buscando cómo sostener el andamio sin que se derrumbe la obra.

• Para Lee Leiva, la discusión no debe centrarse en el monto, sino en la lógica de las decisiones. Sin una medición de productividad, cada incremento es un salto al vacío.

• Ricci cree que la ruta pasa por reconocer que la formalidad se incentiva y no se impone. Mientras el país no modernice su marco laboral, seguirá subiendo salarios que pocos pueden pagar.

• Obiols lo resume desde la obra: “Subirlo por decreto no va a hacer que mejore la condición de la gente.” En su opinión, el desafío no está en subir sueldos, sino en reconstruir las condiciones que hagan rentable quedarse a trabajar en Guatemala.