EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Una reciente ley salvadoreña que eliminó la obligatoriedad de construir parqueos en nuevos proyectos habitacionales y comerciales encendió un debate entre libertad urbanística, impacto social y el rol del Estado en la planificación. ¿Es una medida pro-inversión o un retroceso en calidad de vida?
Por qué importa. Eliminar el requisito de parkings busca incentivar la inversión inmobiliaria, pero podría agravar problemas urbanos existentes. El oficialismo celebra la medida; la oposición advierte sobre sus consecuencias.
- La Asamblea aprobó con 57 votos una ley que elimina la obligación de construirlos, alegando que así se estimula la inversión y se eliminan trabas burocráticas.
- “La gente quiere viviendas”, mencionó Christian Guevara, de Nuevas Ideas. La ministra Michelle Sol justificó que cada parqueo eleva hasta USD 10 000 el precio de un apartamento social.
- Diputadas como Claudia Ortiz (VAMOS) y Marcela Villatoro (ARENA) advierten que esto afectará la convivencia en barrios ya congestionados y que se abrirá la puerta al cobro adicional de parqueos.
Punto de fricción. La ley desata posiciones encontradas: para algunos, flexibiliza normativas obsoletas; para otros, fomenta vacíos legales que benefician a constructoras sin considerar el bienestar ciudadano.
- Ortiz advirtió que la falta de parqueos planificados afecta la calidad de vida y genera estrés diario a quienes viven en zonas densamente pobladas.
- Villatoro denunció que se abre una “trampa legal” para vender zona de aparcamiento por separado, encareciendo el acceso total a la vivienda.
- La normativa exceptúa solo los estacionamientos para personas con discapacidad, embarazadas o adultos mayores, dejando el resto al criterio de los desarrolladores.
Detrás de escena. Más allá del discurso, la medida representa un giro estructural en la forma de concebir el espacio urbano, transfiriendo decisiones clave del Estado al mercado.
- Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, dijo que la ley “abrirá más oportunidades para acceder a vivienda”. No elimina los parqueos, solo su obligatoriedad.
- Walter Coto afirmó que la ley corrige una “imposición irracional”, aludiendo a una visión más liberal del urbanismo, sin intervención estatal innecesaria.
- Sin embargo, ARENA y VAMOS han propuesto alternativas previas que incluían incentivos a viviendas sociales sin renunciar al ordenamiento territorial.
Lo que sigue. Aunque la ley ya fue aprobada, su implementación planteará nuevos retos para municipios, urbanistas y ciudadanos, quienes deberán adaptarse a un modelo más libre… y posiblemente más incierto.
- Las instituciones ya no podrán exigir parqueos para autorizar proyectos, salvo en los casos específicos de inclusión, lo que obliga a actualizar sus procesos y criterios.
- La reforma al reglamento de ordenamiento territorial incorporó un artículo que deja como “no obligatorio” el cumplimiento de estándares técnicos para estacionamientos.
- Resta por ver si esta libertad urbanística realmente facilitará viviendas más accesibles o si trasladará nuevos costos ocultos a las familias salvadoreñas.
Una reciente ley salvadoreña que eliminó la obligatoriedad de construir parqueos en nuevos proyectos habitacionales y comerciales encendió un debate entre libertad urbanística, impacto social y el rol del Estado en la planificación. ¿Es una medida pro-inversión o un retroceso en calidad de vida?
Por qué importa. Eliminar el requisito de parkings busca incentivar la inversión inmobiliaria, pero podría agravar problemas urbanos existentes. El oficialismo celebra la medida; la oposición advierte sobre sus consecuencias.
- La Asamblea aprobó con 57 votos una ley que elimina la obligación de construirlos, alegando que así se estimula la inversión y se eliminan trabas burocráticas.
- “La gente quiere viviendas”, mencionó Christian Guevara, de Nuevas Ideas. La ministra Michelle Sol justificó que cada parqueo eleva hasta USD 10 000 el precio de un apartamento social.
- Diputadas como Claudia Ortiz (VAMOS) y Marcela Villatoro (ARENA) advierten que esto afectará la convivencia en barrios ya congestionados y que se abrirá la puerta al cobro adicional de parqueos.
Punto de fricción. La ley desata posiciones encontradas: para algunos, flexibiliza normativas obsoletas; para otros, fomenta vacíos legales que benefician a constructoras sin considerar el bienestar ciudadano.
- Ortiz advirtió que la falta de parqueos planificados afecta la calidad de vida y genera estrés diario a quienes viven en zonas densamente pobladas.
- Villatoro denunció que se abre una “trampa legal” para vender zona de aparcamiento por separado, encareciendo el acceso total a la vivienda.
- La normativa exceptúa solo los estacionamientos para personas con discapacidad, embarazadas o adultos mayores, dejando el resto al criterio de los desarrolladores.
Detrás de escena. Más allá del discurso, la medida representa un giro estructural en la forma de concebir el espacio urbano, transfiriendo decisiones clave del Estado al mercado.
- Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, dijo que la ley “abrirá más oportunidades para acceder a vivienda”. No elimina los parqueos, solo su obligatoriedad.
- Walter Coto afirmó que la ley corrige una “imposición irracional”, aludiendo a una visión más liberal del urbanismo, sin intervención estatal innecesaria.
- Sin embargo, ARENA y VAMOS han propuesto alternativas previas que incluían incentivos a viviendas sociales sin renunciar al ordenamiento territorial.
Lo que sigue. Aunque la ley ya fue aprobada, su implementación planteará nuevos retos para municipios, urbanistas y ciudadanos, quienes deberán adaptarse a un modelo más libre… y posiblemente más incierto.
- Las instituciones ya no podrán exigir parqueos para autorizar proyectos, salvo en los casos específicos de inclusión, lo que obliga a actualizar sus procesos y criterios.
- La reforma al reglamento de ordenamiento territorial incorporó un artículo que deja como “no obligatorio” el cumplimiento de estándares técnicos para estacionamientos.
- Resta por ver si esta libertad urbanística realmente facilitará viviendas más accesibles o si trasladará nuevos costos ocultos a las familias salvadoreñas.
