EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia contra el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, y contra Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, director financiero de la entidad.
La denuncia planteada en el Ministerio Público (MP), establece que ambos funcionarios no presentaron pruebas de descargo por un señalamiento de la Contraloría en el manejo presupuestario de 2019.
Se refiere a que el Procurador Rodas y Momotic comprometieron Q20 millones “sin contar con la disponibilidad presupuestaria”.
“En octubre de 2019 en el Sistema de Contabilidad Integrada aparece operado entre distintos renglones presupuestarios, la modificación de Q20 millones que hacen un presupuesto de Q120 millones 250 mil para el año 2019, que fueron comprometidos sin contar con la disponibilidad presuestaria”:
Según la Contraloría, la Ley Orgánica del Presupuesto establece “límite de los egresos y su destino. Los créditos contenidos en el presupuesto del EStado, constituyen un límite máximo de las asignaciones presupuestarias.
Además, indica que “no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponible de crédtios presuúestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista”, indica la Contrarloría.
Procurador habría violado Ley del Presupuesto
“El Procurador de Derechos Humanos al emitir el Acuerdo No. SG-094-2019, y ordenar al Director Financiero que modificara la cantidad del presupuesto aprobado por el Congreso, incurrió en gastos sin contar con la disponibilidad presupuestaria”, indica la Contraloría.
El efecto de esta resolución del Procurador fue la “falta de disponibilidad presupuestaria para hacer efectivo el pago de salarios, al personal al final de 2019 y otros compromisos adquiridos.
Comentario de los señalados
El 6 de abril de 2020, el Procurador Rodas no manifestó en un oficio su posición el hallazgo, sino que indicó que por la pandemia del coronavirus covid-19, los plazos estaban suspendidos y, por tanto, quedaba en suspenso el caso.
El Procurador no reconoció la notificación electrónica como válida.
“En tal virtud, por estar suspendido legalmente la disposición que tiene por objeto continuar con los plazos, por haber sido prorrogados todos los plazos administrativos y por no cumplir con las formalidades que establece la ley de la materia, referente a la constancia de notificación electrónica, el oficio de notificación No. CGC-DAS-09-Na-811-2020 de recha 6 de abril de 2020 y posibles hallazgos, por medio del presente, procedo a devolver al correo electrónico [email protected], sin responsabilidad alguna de mi parte”.
Y Rodas concluyó: “Agradezco que se sirva tomar nota de lo informado, para evitar incurrir en violaciones al Derecho de Defensa.”
Lo que dice la auditoría
La Contraloría al no recibir el descargo de Rodas y Momotic, confirmó el hallazgo contra los señalados.
“… en virtud de que no se recibieron pruebas de descargo respecto de las deficiencias que se les dieron a conocer vía correo electrónico institucional dentro del plazo establecido…”
“..Únicamente manifestaron discrepancias de criterio entre el Acuerdo A-013-2020 del Contralor con el Decreto 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos por los efectos del covid-19… con relación a la suspensión de disposiciones legales y suspensión de los plazos administrativos… sin considerar que los plazos constitucionales están exentos y que en artículo 241 Rendición de cuentas del Estado, la Constitución establece que después de recibida la liquidación del presupuesto anual, la Contraloría General de Cuentas rendirá informe y emitirá dictamen en un plazo no mayor de dos meses, debiendo remitirlos al Congreso de la República”.
Por ello, la Contraloría procedió a presentar la denuncia DAJ-D-068-2020, presentada en el Ministerio Público de conformidad con el Decreto No. 31-2020, del Congreso de la República.
La Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia contra el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, y contra Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, director financiero de la entidad.
La denuncia planteada en el Ministerio Público (MP), establece que ambos funcionarios no presentaron pruebas de descargo por un señalamiento de la Contraloría en el manejo presupuestario de 2019.
Se refiere a que el Procurador Rodas y Momotic comprometieron Q20 millones “sin contar con la disponibilidad presupuestaria”.
“En octubre de 2019 en el Sistema de Contabilidad Integrada aparece operado entre distintos renglones presupuestarios, la modificación de Q20 millones que hacen un presupuesto de Q120 millones 250 mil para el año 2019, que fueron comprometidos sin contar con la disponibilidad presuestaria”:
Según la Contraloría, la Ley Orgánica del Presupuesto establece “límite de los egresos y su destino. Los créditos contenidos en el presupuesto del EStado, constituyen un límite máximo de las asignaciones presupuestarias.
Además, indica que “no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponible de crédtios presuúestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista”, indica la Contrarloría.
Procurador habría violado Ley del Presupuesto
“El Procurador de Derechos Humanos al emitir el Acuerdo No. SG-094-2019, y ordenar al Director Financiero que modificara la cantidad del presupuesto aprobado por el Congreso, incurrió en gastos sin contar con la disponibilidad presupuestaria”, indica la Contraloría.
El efecto de esta resolución del Procurador fue la “falta de disponibilidad presupuestaria para hacer efectivo el pago de salarios, al personal al final de 2019 y otros compromisos adquiridos.
Comentario de los señalados
El 6 de abril de 2020, el Procurador Rodas no manifestó en un oficio su posición el hallazgo, sino que indicó que por la pandemia del coronavirus covid-19, los plazos estaban suspendidos y, por tanto, quedaba en suspenso el caso.
El Procurador no reconoció la notificación electrónica como válida.
“En tal virtud, por estar suspendido legalmente la disposición que tiene por objeto continuar con los plazos, por haber sido prorrogados todos los plazos administrativos y por no cumplir con las formalidades que establece la ley de la materia, referente a la constancia de notificación electrónica, el oficio de notificación No. CGC-DAS-09-Na-811-2020 de recha 6 de abril de 2020 y posibles hallazgos, por medio del presente, procedo a devolver al correo electrónico [email protected], sin responsabilidad alguna de mi parte”.
Y Rodas concluyó: “Agradezco que se sirva tomar nota de lo informado, para evitar incurrir en violaciones al Derecho de Defensa.”
Lo que dice la auditoría
La Contraloría al no recibir el descargo de Rodas y Momotic, confirmó el hallazgo contra los señalados.
“… en virtud de que no se recibieron pruebas de descargo respecto de las deficiencias que se les dieron a conocer vía correo electrónico institucional dentro del plazo establecido…”
“..Únicamente manifestaron discrepancias de criterio entre el Acuerdo A-013-2020 del Contralor con el Decreto 12-2020, Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos por los efectos del covid-19… con relación a la suspensión de disposiciones legales y suspensión de los plazos administrativos… sin considerar que los plazos constitucionales están exentos y que en artículo 241 Rendición de cuentas del Estado, la Constitución establece que después de recibida la liquidación del presupuesto anual, la Contraloría General de Cuentas rendirá informe y emitirá dictamen en un plazo no mayor de dos meses, debiendo remitirlos al Congreso de la República”.
Por ello, la Contraloría procedió a presentar la denuncia DAJ-D-068-2020, presentada en el Ministerio Público de conformidad con el Decreto No. 31-2020, del Congreso de la República.
