El Instituto de Magistrados de Corte de Apelaciones (IMCA), asegura que el informe que presentó el MP al Congreso viola principios constitucionales, como el derecho de defensa.
Los magistrados aseguran que el documento del Ministerio Público (MP) hace “señalamientos infundados” contra algunos integrantes del Instituto.
“En la elaboración del informe se han violado principios constitucionales esenciales. Se elaboró sin respetar el derecho de defensa de los nominados”, denuncia el Instituto en un comunicado.
El 28 de mayo el Ministerio Público (MP), entregó al Congreso el informe que detalla de los indicios de manipulación o de influencia en el proceso de las Comisiones de Postulación para las Cortes.
Entrega de informe
En el informe entregado al Legislativo se informa de sospechas del conflicto de interés y tráfico de influencias de personas relacionadas con el proceso de postulación y grupos de interés.
Además, cita nombres y cargos de personas que visitaron a Gustavo Alejos, señalado de intentar manipular la elección de los magistrados de las Cortes.
Rechazan señalamientos
Dos días después de la entrega del documento, el Instituto de Magistrados de Corte de Apelaciones se pronunció en un comunicado divulgado en redes sociales.
El Instituto hace ver su rechazo a los señalamientos publicados contra algunos integrantes de su asamblea.
Afirma que ostentan de idoneidad, dignidad y honorabilidad al ocupar en la actualidad cargos de magistrados de la Corte de Apelaciones.
“Hoy se les trata de demeritar (…) sin antes haber sido citados, oídos y vencidos en juicio, violentándoles garantías constitucionales, como el debido proceso, presunción de inocencia y sobre todo del derecho de inmunidad del que goza”, indica el comunicado.
Lo que dice la Constitución
Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
Fue una orden de la CC
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del MP, manifestó que cumplieron “una orden del máximo tribunal constitucional”.
“Puedo decir que están hablando del principio de presunción de inocencia, propio del proceso penal, que debió aplicarse a un informe remitido al Congreso, por virtud de una orden en un proceso constitucional. Es decir, el MP lo hizo cumpliendo una orden del máximo tribunal constitucional”.
Petición
- El Instituto pide a la Fiscal General se verifique el informe rendido al Congreso. A su criterio no se encuentra debidamente fundado en pruebas fehacientes mediante una investigación respetuosa de los principios constitucionales.
- Solicitan que se aparte del caso al jefe de la FECI y se nombre a otro funcionario que garantice la idoneidad, imparcialidad y objetividad en el trabajo que se realiza en el MP.
- Al Congreso que proceda a realizar la elección de las personas que integrarán la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones con estricto respeto a las normas constitucionales, tomando en cuenta la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucionalidad.
El Instituto de Magistrados de Corte de Apelaciones (IMCA), asegura que el informe que presentó el MP al Congreso viola principios constitucionales, como el derecho de defensa.
Los magistrados aseguran que el documento del Ministerio Público (MP) hace “señalamientos infundados” contra algunos integrantes del Instituto.
“En la elaboración del informe se han violado principios constitucionales esenciales. Se elaboró sin respetar el derecho de defensa de los nominados”, denuncia el Instituto en un comunicado.
El 28 de mayo el Ministerio Público (MP), entregó al Congreso el informe que detalla de los indicios de manipulación o de influencia en el proceso de las Comisiones de Postulación para las Cortes.
Entrega de informe
En el informe entregado al Legislativo se informa de sospechas del conflicto de interés y tráfico de influencias de personas relacionadas con el proceso de postulación y grupos de interés.
Además, cita nombres y cargos de personas que visitaron a Gustavo Alejos, señalado de intentar manipular la elección de los magistrados de las Cortes.
Rechazan señalamientos
Dos días después de la entrega del documento, el Instituto de Magistrados de Corte de Apelaciones se pronunció en un comunicado divulgado en redes sociales.
El Instituto hace ver su rechazo a los señalamientos publicados contra algunos integrantes de su asamblea.
Afirma que ostentan de idoneidad, dignidad y honorabilidad al ocupar en la actualidad cargos de magistrados de la Corte de Apelaciones.
“Hoy se les trata de demeritar (…) sin antes haber sido citados, oídos y vencidos en juicio, violentándoles garantías constitucionales, como el debido proceso, presunción de inocencia y sobre todo del derecho de inmunidad del que goza”, indica el comunicado.
Lo que dice la Constitución
Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
Fue una orden de la CC
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del MP, manifestó que cumplieron “una orden del máximo tribunal constitucional”.
“Puedo decir que están hablando del principio de presunción de inocencia, propio del proceso penal, que debió aplicarse a un informe remitido al Congreso, por virtud de una orden en un proceso constitucional. Es decir, el MP lo hizo cumpliendo una orden del máximo tribunal constitucional”.
Petición
- El Instituto pide a la Fiscal General se verifique el informe rendido al Congreso. A su criterio no se encuentra debidamente fundado en pruebas fehacientes mediante una investigación respetuosa de los principios constitucionales.
- Solicitan que se aparte del caso al jefe de la FECI y se nombre a otro funcionario que garantice la idoneidad, imparcialidad y objetividad en el trabajo que se realiza en el MP.
- Al Congreso que proceda a realizar la elección de las personas que integrarán la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones con estricto respeto a las normas constitucionales, tomando en cuenta la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucionalidad.