EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Con el voto favorable de cuatro magistrados y uno en contra, la Corte de Constitucionalidad (CC), rechazó los recursos legales planteados contra los nombramientos de Roberto Molina Barreto y Jorge Rolando Rosales Mirón.
Los magistrados María Cristina Fernández, Francisco De Mata Vela, María de Los Ángeles Araujo y Jorge Rosales, resolvieron rechazar y suspender de manera definitiva las solicitudes de amparos.
Mientras que la magistrada Gloria Porras Escobar votó contra el fallo de sus colegas. Molina se inhibió para no resolver sobre un caso en su contra.
Las acciones contra los nombramientos de Molina y Rosales fueron planteadas por la Alianza por las Reformas, la Asamblea Social y Popular y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU).
También por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el abogado Marco Vinicio Mejía.
Los principales puntos que señalaban para pedir un amparo provisional contra los nombramientos era que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no cumplió con el requerimiento legal para nombrar a Molina y Rosales.
Además, contra Molina cuestionaban su idoneidad y honorabilidad por resoluciones anteriores cuando fungió como magistrado de la CC. También por su participación política como vicepresidenciable del partido Valor.
Asimismo, cuestionaron que no hubo oportunidad para presentar tachas contra los candidatos que buscaban llgar a la Corte.
Molina dijo en su momento que estas acciones legales solo buscaban desestabilizar a la Corte de Constitucionalidad. Añadió que en tribunales no existen procesos contra su persona por violaciones a derechos humanos o de otra índole.
La resolución de rechazo a las acciones legales contra los magistrados Molina y Rosales no fue publicada en las redes sociales de la CC. Solo se hizo publico el fallo que frenó el proceso de antejuicio contra Gloria Porras y Francisco De Mata Vela. Esta decisión es responsabilidad del magistrado que preside la CC, en este caso Gloria Porras, quien votó contra la decisión que sostiene los nombramientos de la CSJ.
Complicado nombramiento de magistrados
Molina sustituye a Neftaly Aldana, quien por una grave enfermedad fue cesado en el cargo.
Mientras que Rosales ocupa la vacante dejada por Consuelo Porras, quien fue nombrada jefa del Ministerio Público en 2018.
Aldana dejó de asistir a la CC a partir de julio cuando se enfermó. El 3 de octubre su familia pidió no extender más la licencia laboral como pretendía la mayoría de magistrados encabezados por Gloria Porras.
Luego de más de 15 días de discusiones, acciones legales y señalamientos entre los magistrados, por fin hubo acuerdo por declarar la cesantía de Neftaly Aldana.
Por aparte, para ocupar la vacante de Consuelo Porras, la CSJ designó a Conrado Reyes Sagastume,, pero la CC suspendió su nombramiento y durante más de dos años no resolvió el amparo temporal.
Reyes fue designado magistrado suplente en julio de 2018. Estaba pendiente de la resolución del amparo temporal que le impidió asumir el cargo.
Dos años después, justo cuando todo indicaba que el magistrado titular (Aldana) ya no retornaría a sus labores, la CC encabezada por Gloria Porras, resolvió suspender de manera definitiva su nombramiento.
Aparte de anular la designación de Reyes, se ordenó a la Corte Suprema de Justicia realizar una convocatoria para designar al magistrado suplente. Asimismo, indicaron que el nombrado debería cumplir los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez.
Estos puntos fueron los que motivaron el amparo planteado en julio de 2018 por la Fundación Myrna Mack, por medio de su representante legal, Helen Beatriz Mack Chang y por Elvyn Leonel Díaz Sánchez y Álvaro Montenegro Muralles.
El abogado Reyes fue nombrado Fiscal General en 2010, pero dejó el cargo luego de un fallo de la CC que anuló el proceso que culminó con su elección.
En ese año, Reyes fue señalado por Carlos Castresana, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El fiscal español lo señaló de relaciones con el crimen organizado y ante la opinión pública el profesional quedó marcado con esa tacha.
Pero Castresana nunca presentó una denuncia contra Reyes y en los tribunales tampoco existe algún procedimiento legal contra el abogado. Lo que se ha dicho son pronunciamientos mediáticos sin fundamento, indicó en su momento Reyes, quien consideró vulnerado su derecho de defensa.
Entre otros motivos para el amparo en su contra, Reyes señaló que existe una enemistad de la magistrada Gloria Porras contra su persona, pues cuando dirigió el Ministerio Público la despidió “por faltas graves en la administración”.
Con el voto favorable de cuatro magistrados y uno en contra, la Corte de Constitucionalidad (CC), rechazó los recursos legales planteados contra los nombramientos de Roberto Molina Barreto y Jorge Rolando Rosales Mirón.
Los magistrados María Cristina Fernández, Francisco De Mata Vela, María de Los Ángeles Araujo y Jorge Rosales, resolvieron rechazar y suspender de manera definitiva las solicitudes de amparos.
Mientras que la magistrada Gloria Porras Escobar votó contra el fallo de sus colegas. Molina se inhibió para no resolver sobre un caso en su contra.
Las acciones contra los nombramientos de Molina y Rosales fueron planteadas por la Alianza por las Reformas, la Asamblea Social y Popular y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU).
También por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el abogado Marco Vinicio Mejía.
Los principales puntos que señalaban para pedir un amparo provisional contra los nombramientos era que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no cumplió con el requerimiento legal para nombrar a Molina y Rosales.
Además, contra Molina cuestionaban su idoneidad y honorabilidad por resoluciones anteriores cuando fungió como magistrado de la CC. También por su participación política como vicepresidenciable del partido Valor.
Asimismo, cuestionaron que no hubo oportunidad para presentar tachas contra los candidatos que buscaban llgar a la Corte.
Molina dijo en su momento que estas acciones legales solo buscaban desestabilizar a la Corte de Constitucionalidad. Añadió que en tribunales no existen procesos contra su persona por violaciones a derechos humanos o de otra índole.
La resolución de rechazo a las acciones legales contra los magistrados Molina y Rosales no fue publicada en las redes sociales de la CC. Solo se hizo publico el fallo que frenó el proceso de antejuicio contra Gloria Porras y Francisco De Mata Vela. Esta decisión es responsabilidad del magistrado que preside la CC, en este caso Gloria Porras, quien votó contra la decisión que sostiene los nombramientos de la CSJ.
Complicado nombramiento de magistrados
Molina sustituye a Neftaly Aldana, quien por una grave enfermedad fue cesado en el cargo.
Mientras que Rosales ocupa la vacante dejada por Consuelo Porras, quien fue nombrada jefa del Ministerio Público en 2018.
Aldana dejó de asistir a la CC a partir de julio cuando se enfermó. El 3 de octubre su familia pidió no extender más la licencia laboral como pretendía la mayoría de magistrados encabezados por Gloria Porras.
Luego de más de 15 días de discusiones, acciones legales y señalamientos entre los magistrados, por fin hubo acuerdo por declarar la cesantía de Neftaly Aldana.
Por aparte, para ocupar la vacante de Consuelo Porras, la CSJ designó a Conrado Reyes Sagastume,, pero la CC suspendió su nombramiento y durante más de dos años no resolvió el amparo temporal.
Reyes fue designado magistrado suplente en julio de 2018. Estaba pendiente de la resolución del amparo temporal que le impidió asumir el cargo.
Dos años después, justo cuando todo indicaba que el magistrado titular (Aldana) ya no retornaría a sus labores, la CC encabezada por Gloria Porras, resolvió suspender de manera definitiva su nombramiento.
Aparte de anular la designación de Reyes, se ordenó a la Corte Suprema de Justicia realizar una convocatoria para designar al magistrado suplente. Asimismo, indicaron que el nombrado debería cumplir los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez.
Estos puntos fueron los que motivaron el amparo planteado en julio de 2018 por la Fundación Myrna Mack, por medio de su representante legal, Helen Beatriz Mack Chang y por Elvyn Leonel Díaz Sánchez y Álvaro Montenegro Muralles.
El abogado Reyes fue nombrado Fiscal General en 2010, pero dejó el cargo luego de un fallo de la CC que anuló el proceso que culminó con su elección.
En ese año, Reyes fue señalado por Carlos Castresana, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El fiscal español lo señaló de relaciones con el crimen organizado y ante la opinión pública el profesional quedó marcado con esa tacha.
Pero Castresana nunca presentó una denuncia contra Reyes y en los tribunales tampoco existe algún procedimiento legal contra el abogado. Lo que se ha dicho son pronunciamientos mediáticos sin fundamento, indicó en su momento Reyes, quien consideró vulnerado su derecho de defensa.
Entre otros motivos para el amparo en su contra, Reyes señaló que existe una enemistad de la magistrada Gloria Porras contra su persona, pues cuando dirigió el Ministerio Público la despidió “por faltas graves en la administración”.
