EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Una batalla legal en la Corte de Constitucionalidad (CC) por la entrada en vigencia del Código de Migración, aprobado en septiembre de 2016 por el Congreso de la República, libran varias organizaciones de la sociedad civil contra la Procuraduría General de la Nación (PGN), Dirección General de Migración (DGM) y Ministerio Público (MP).
Para unos la normativa es necesaria para fortalecer los derechos humanos de los migrantes y para los otros, por el contrario, es una amenaza. Las marcadas diferencias quedaron en evidencia durante una audiencia pública llevada a cabo en la sede de la CC previo a que esta decida si ampara en definitiva a las tres entidades estatales para que se impida la entrada en vigencia y se exhorte al Congreso para que corrija los supuestos errores.
A favor
“Los derechos humanos de las personas migrantes nacionales o extranjeras en ninguna parte del Código de Migración son amenazados”, aseveraron 14 organizaciones de sociedad civil por medio de un comunicado.
Mauro Verzelleti, de la Pastoral de Movilidad Humana, y una de las organizaciones firmanes afirmó previo al inicio de la audiencia: “Estamos solicitando que entre en vigencia el Código, sabemos que es constitucional y que bajo ningún pretexto organizaciones que deben velar por los derechos humanos de los migrantes, deben estar poniendo amparos. Ya fue aprobado y es momento de ponerlo en práctica para que los derechos de los migrantes sean más respetados en el país y que todas las instancias del Estado trabajen en sintonía con ese fin”.
En contra
En tanto que para la Dirección General de Migración (DGM), el Código “tiene lagunas, contradicciones entre artículos, vacíos legales y anomias”, que impiden la protección de los derechos humanos de los migrantes.
La PGN aseguró que tras hacer un análisis de la ley encontraron “errores en tema de políticas migratorias y hay un conflicto con disposiciones finales, transitorias y derogatorias”.
Para el MP la normativa “constituye una amenaza inminente porque se deroga la Ley de Migración sin que exista una normativa que regule las funciones de la Dirección General de Migración, en tanto se lleva a cabo la sustitución por parte del Instituto Guatemalteco de Migración”.
Por lo tanto, las tres entidades estatales coincidieron en solicitar al máximo tribunal constitucional que los ampare en definitiva para que no entre en vigencia y se solicite al Legislativo que corrija los errores identificados.
Una batalla legal en la Corte de Constitucionalidad (CC) por la entrada en vigencia del Código de Migración, aprobado en septiembre de 2016 por el Congreso de la República, libran varias organizaciones de la sociedad civil contra la Procuraduría General de la Nación (PGN), Dirección General de Migración (DGM) y Ministerio Público (MP).
Para unos la normativa es necesaria para fortalecer los derechos humanos de los migrantes y para los otros, por el contrario, es una amenaza. Las marcadas diferencias quedaron en evidencia durante una audiencia pública llevada a cabo en la sede de la CC previo a que esta decida si ampara en definitiva a las tres entidades estatales para que se impida la entrada en vigencia y se exhorte al Congreso para que corrija los supuestos errores.
A favor
“Los derechos humanos de las personas migrantes nacionales o extranjeras en ninguna parte del Código de Migración son amenazados”, aseveraron 14 organizaciones de sociedad civil por medio de un comunicado.
Mauro Verzelleti, de la Pastoral de Movilidad Humana, y una de las organizaciones firmanes afirmó previo al inicio de la audiencia: “Estamos solicitando que entre en vigencia el Código, sabemos que es constitucional y que bajo ningún pretexto organizaciones que deben velar por los derechos humanos de los migrantes, deben estar poniendo amparos. Ya fue aprobado y es momento de ponerlo en práctica para que los derechos de los migrantes sean más respetados en el país y que todas las instancias del Estado trabajen en sintonía con ese fin”.
En contra
En tanto que para la Dirección General de Migración (DGM), el Código “tiene lagunas, contradicciones entre artículos, vacíos legales y anomias”, que impiden la protección de los derechos humanos de los migrantes.
La PGN aseguró que tras hacer un análisis de la ley encontraron “errores en tema de políticas migratorias y hay un conflicto con disposiciones finales, transitorias y derogatorias”.
Para el MP la normativa “constituye una amenaza inminente porque se deroga la Ley de Migración sin que exista una normativa que regule las funciones de la Dirección General de Migración, en tanto se lleva a cabo la sustitución por parte del Instituto Guatemalteco de Migración”.
Por lo tanto, las tres entidades estatales coincidieron en solicitar al máximo tribunal constitucional que los ampare en definitiva para que no entre en vigencia y se solicite al Legislativo que corrija los errores identificados.
