EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Guatemala enfrenta una ecuación peligrosa: salario mínimo elevado (USD 484) y una baja capacidad de emplear recursos para producir bienes y servicios. Según el Índice de Productividad Laboral de la OIT, el país ocupa el puesto 122 de 189. Su mercado laboral es uno de los más distorsionados de la región.
Qué destacar. El aumento del salario mínimo por decreto sin considerar la eficiencia laboral es una de las preocupaciones centrales. La falta de un enfoque técnico en la fijación ocasiona una alteración del panorama actual.
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Raúl Bouscayrol, presidente de CIG, detalla que un incremento del 3 % hubiese sido más acorde, tomando en cuenta las variables económicas necesarias en la fórmula como crecimiento, inflación y rendimiento de la hora trabajada.
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Las industrias más vulnerables son aquellas intensivas en mano de obra: textil y agrícola. Esto plantea dudas sobre su capacidad para mantenerse competitivas en el mercado global.
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“Al no considerar la productividad laboral se genera un efecto dominó de imposibilitar el acceso a trabajos formales. No hay empresario que pueda pagar esto con el mismo rendimiento de los colaboradores”, asegura.
Visto y no visto. Por eso, a simple vista, una de las consecuencias es que muchas compañías tendrán que despedir personal si no pueden absorber la nueva subida.
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Sin embargo, para Guido Ricci, director de la Unidad Laboral de CACIF, una variante a considerar —con más atención— es aquella que no se vislumbra con tanta facilidad e inmediatez: el número de empleos que se dejarán de crear.
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El mercado laboral doméstico debe integrar más de 100 000 plazas nuevas. Con el nuevo panorama se presenta un escenario complejo para llegar a ese número de incorporaciones. El resultado sería una tasa más baja en nuevos contratos laborales a nivel país.
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El último incremento al salario mínimo preocupa al sector privado, ya que prevaleció “lo político”. Sería muy diferente contar con una visión de Estado relacionada con los sueldos. “Subirlo por decreto es retórica”, opina Ricci.
Entre líneas. Las presiones inflacionarias son una consecuencia directa de aumentar los costos laborales sin un aumento correspondiente en la productividad. El resultado: precios más altos en los productos o servicios.
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Un desarrollador inmobiliario consultado al respecto considera que “no es una medida que realmente ayude a dinamizar la economía ni a crear más empleo”.
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A ello se suma que uno de los objetivos principales del país es atraer IED. Bouscayrol asegura que “Guatemala no pinta bien” con salarios mínimos altos que no corresponden a la capacidad productiva.
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La competitividad se ve amenazada, lo que podría desincentivar la inversión nacional y extranjera. Los aumentos salariales deberían vincularse a la capacidad de incrementar la producción nacional y condiciones del mercado laboral.
Ecos regionales. Los salarios mínimos y la eficacia laboral en la región muestran un panorama diverso. Pese a no estar tallado en piedra, una comparativa brinda aproximaciones y “da luces”, según un economista consultado.
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Costa Rica —rival irreverente de Guatemala— tiene el salario mínimo más alto en Centroamérica (USD 720). Su productividad oscila alrededor de un 2.6 %. La cifra refleja su actividad empresarial. Con todo, los salarios no se elevan.
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Uruguay tiene un rango salarial similar al guatemalteco (USD 485), pero la diferencia es que tiene una tasa productiva de 4.9 %, gracias a políticas que fomentan la capacitación laboral.
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El caso de Nicaragua (0.33 %) y Honduras (0.70 %) es más comparable con la realidad nacional (0.64 %). Esa situación hace que las empresas se planteen sus operaciones y no sean “atractivos” para el nearshoring.
Guatemala enfrenta una ecuación peligrosa: salario mínimo elevado (USD 484) y una baja capacidad de emplear recursos para producir bienes y servicios. Según el Índice de Productividad Laboral de la OIT, el país ocupa el puesto 122 de 189. Su mercado laboral es uno de los más distorsionados de la región.
Qué destacar. El aumento del salario mínimo por decreto sin considerar la eficiencia laboral es una de las preocupaciones centrales. La falta de un enfoque técnico en la fijación ocasiona una alteración del panorama actual.
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Raúl Bouscayrol, presidente de CIG, detalla que un incremento del 3 % hubiese sido más acorde, tomando en cuenta las variables económicas necesarias en la fórmula como crecimiento, inflación y rendimiento de la hora trabajada.
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Las industrias más vulnerables son aquellas intensivas en mano de obra: textil y agrícola. Esto plantea dudas sobre su capacidad para mantenerse competitivas en el mercado global.
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“Al no considerar la productividad laboral se genera un efecto dominó de imposibilitar el acceso a trabajos formales. No hay empresario que pueda pagar esto con el mismo rendimiento de los colaboradores”, asegura.
Visto y no visto. Por eso, a simple vista, una de las consecuencias es que muchas compañías tendrán que despedir personal si no pueden absorber la nueva subida.
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Sin embargo, para Guido Ricci, director de la Unidad Laboral de CACIF, una variante a considerar —con más atención— es aquella que no se vislumbra con tanta facilidad e inmediatez: el número de empleos que se dejarán de crear.
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El mercado laboral doméstico debe integrar más de 100 000 plazas nuevas. Con el nuevo panorama se presenta un escenario complejo para llegar a ese número de incorporaciones. El resultado sería una tasa más baja en nuevos contratos laborales a nivel país.
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El último incremento al salario mínimo preocupa al sector privado, ya que prevaleció “lo político”. Sería muy diferente contar con una visión de Estado relacionada con los sueldos. “Subirlo por decreto es retórica”, opina Ricci.
Entre líneas. Las presiones inflacionarias son una consecuencia directa de aumentar los costos laborales sin un aumento correspondiente en la productividad. El resultado: precios más altos en los productos o servicios.
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Un desarrollador inmobiliario consultado al respecto considera que “no es una medida que realmente ayude a dinamizar la economía ni a crear más empleo”.
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A ello se suma que uno de los objetivos principales del país es atraer IED. Bouscayrol asegura que “Guatemala no pinta bien” con salarios mínimos altos que no corresponden a la capacidad productiva.
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La competitividad se ve amenazada, lo que podría desincentivar la inversión nacional y extranjera. Los aumentos salariales deberían vincularse a la capacidad de incrementar la producción nacional y condiciones del mercado laboral.
Ecos regionales. Los salarios mínimos y la eficacia laboral en la región muestran un panorama diverso. Pese a no estar tallado en piedra, una comparativa brinda aproximaciones y “da luces”, según un economista consultado.
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Costa Rica —rival irreverente de Guatemala— tiene el salario mínimo más alto en Centroamérica (USD 720). Su productividad oscila alrededor de un 2.6 %. La cifra refleja su actividad empresarial. Con todo, los salarios no se elevan.
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Uruguay tiene un rango salarial similar al guatemalteco (USD 485), pero la diferencia es que tiene una tasa productiva de 4.9 %, gracias a políticas que fomentan la capacitación laboral.
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El caso de Nicaragua (0.33 %) y Honduras (0.70 %) es más comparable con la realidad nacional (0.64 %). Esa situación hace que las empresas se planteen sus operaciones y no sean “atractivos” para el nearshoring.
