Leyes ancladas, puertos a la deriva

Modernizar la legislación portuaria en Latinoamérica es relevante para impulsar la competitividad e inversión. Las leyes obsoletas frenan el desarrollo, aunque el sector privado ve un gran potencial en República Dominicana y Guatemala para ser centros logísticos regionales.

Por qué importa. Actualizar la ley de puertos es crucial para atraer inversión y optimizar la eficiencia operativa. Según Lludelis Espinal, presidenta de E&M International Consulting, la ausencia de una norma robusta impide el desarrollo portuario, ya que genera vacíos legales y costos operativos.

• Espinal destaca que definir conceptos como “puerto” y “concesión” es vital para evitar conflictos y garantizar transparencia.
• La ley debe establecer roles claros para el Estado y el sector privado, promoviendo competencia y evitando concentración excesiva de poder.
• La ausencia de una estrategia nacional y coordinación interinstitucional limita la eficiencia logística y afecta la integración con cadenas globales de valor.

Qué destacar. Ramón Badía, vicepresidente de DP World, considera que Guatemala tiene un gran potencial para ser el hub logístico de Centroamérica: acceso al Atlántico y Pacífico, crecimiento económico superior al 3 % y una masa crítica atractiva para inversores.

• Badía resalta la importancia de un marco jurídico sólido que garantice la protección del inversionista y facilite la colaboración público-privada con visión estratégica.
• Señala que la experiencia dominicana, que duplicó su capacidad portuaria en 20 años, gracias a ajustes legales y planificación.
• En su opinión, puede servir de modelo a Guatemala. El ejecutivo dominicano enfatiza que la combinación de ubicación estratégica, crecimiento económico y acuerdos arancelarios posiciona al territorio guatemalteco para atraer inversiones y desarrollar su sector logístico.

Ecos regionales. Los modelos de gobernanza portuaria varían en la región, pero todos requieren una estrategia nacional coherente. Espinal compara los sistemas descentralizados de Argentina, de autoridad única en Panamá y de gestión estatal en Chile, enfatizando la necesidad de coordinación.

• Argentina mantiene puertos provinciales, pero creó una ley nacional para coordinar y definir políticas portuarias.
• Panamá centraliza la regulación en una autoridad marítima, mientras Colombia delega concesiones a una agencia de infraestructura.
• Badía enfatiza el trabajo mancomunado entre lo público y privado con una visión estratégica donde las inversiones y garantía jurídica, vaya en una misma dirección.

Entre líneas. Aspectos técnicos y regulatorios suelen pasar desapercibidos, pero son cruciales para una reforma exitosa. Espinal señala que la ley debe regular habilitaciones, permisos, contratos y tarifas, además de promover digitalización y sostenibilidad.

• La digitalización es clave para agilizar trámites y mejorar la competitividad; Espinal afirma que “la ley debe impulsar la digitalización de los puertos”.
• La responsabilidad social corporativa y la inclusión, más allá de la igualdad de género, pueden transformar la gestión portuaria si se incorporan en la legislación.
• Badía destaca que la alianza público-privada y un marco legal claro son esenciales para atraer inversiones que generen empleo y desarrollo.

Lo que sigue. Toda reforma portuaria debe equilibrar la regulación estatal con libertad empresarial para fomentar inversión. Espinal recomienda modelos de alianza público-privada y una planificación territorial que evite conflictos urbanos.

• La coordinación interinstitucional es vital para que aduanas, marina y otros organismos funcionen en conjunto, mejorando la eficiencia logística.
• La visión estratégica conjunta entre sector público y privado es el motor para convertir a países como Guatemala y República Dominicana en hubs logísticos.
• El futuro dependerá de leyes que protejan la propiedad privada, incentiven la innovación y respeten el interés público sin caer en excesivo estatismo.