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Etanol, el combustible del debate

Arte: 1000ton
Alicia Utrera
15 de mayo, 2025

A partir de enero de 2026, la gasolina en Guatemala deberá contener al menos 10 % de etanol. El Gobierno lo presenta como avance energético. Sin embargo, técnicos, empresarios y consumidores advierten sobre riesgos económicos, ambientales y de libertad de elección.

 

Por qué importa. Según expertos, esta obligación afecta aspectos tan diversos como movilidad, salud, economía y sostenibilidad. Requiere ajustes técnicos, inversión e intervención en el parque vehicular. La falta de diálogo y transparencia ha encendido las alertas.

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  • La medida busca reducir emisiones de carbono al reemplazar aditivos fósiles como el MTBE por etanol.

  • En la región, países como México y Panamá han detenido programas similares por falta de preparación.

  • Para los opositores, la iniciativa representa una política pública impuesta sin estudios técnicos ni participación ciudadana suficiente.

 

En el radar. Defensores de la medida ven en el etanol una solución ambiental viable. Luis Fernando Villegas, experto en biocombustibles, afirma que una mezcla del 10 % no causa daños técnicos si se respetan normas básicas de almacenamiento.

  • El uso de etanol permite sustituir el aditivo MTBE, que contamina acuíferos y está prohibido en varios países.

  • Villegas aduce que una de las intenciones es mitigar el cambio climático y reducir enfermedades respiratorias vinculadas al uso de combustibles fósiles.

  • Asegura que países con condiciones técnicas similares a Guatemala han logrado implementar este tipo de mezcla sin mayores conflictos.

 

Entre líneas. Guatemala tiene más de 5M de vehículos. De ellos, 2.8M son motos. Cerca del 50 % de los autos son anteriores a 2007, cuando algunos modelos empezaron a utilizar etanol. Según Pepo Toledo, experto en tecnología automotriz, la mayoría de motos no soporta combustibles oxigenados.

  • No obstante, Villegas subraya que los estudios demuestran que los riesgos técnicos “son mínimos si se cumple con almacenamiento y manejo adecuados”. 

  • Gonzalo Monroy, consultor del sector energético, previene que los consumidores terminarán pagando de su bolsillo y su salud.

  • Algunos estudios internacionales muestran que el etanol reduce la eficiencia energética del combustible entre un 5 y 6 %.

 

Punto de fricción. El principal desacuerdo es cómo se quiere imponer la norma: sin transición técnica ni compensación para consumidores o gasolineras. Ramón Parrellada, director del Centro de Estudios Económico-Sociales, crítica que una política energética se convierta en un privilegio económico para pocos.

  • Los críticos alertan sobre un modelo cerrado que restringe la competencia y favorece a productores locales de etanol.

  • La ley exige que el 60 % sea de origen nacional y limita su importación directa. Se argumenta que esto podría aumentar los costos.

  • No se han planteado subsidios, créditos fiscales o planes para renovar el parque vehicular.

 

El otro lado. En lo ambiental, se duda de su sostenibilidad. La FAO alerta sobre su huella por cambio de suelo. Monroy advierte que produce ozono y agrava la crisis. Villegas cree que estos efectos pueden mitigarse con la debida cautela.

  • Chile y México han evitado el uso obligatorio por sus efectos ambientales colaterales.

  • Los catalizadores vehiculares actuales ya reducen hasta el 99 % las emisiones sin necesidad de etanol, según los escépticos.

  • Para Villegas, es un error desechar alternativas por problemas que pueden resolverse con tecnología y regulación.

 

Lo que sigue. El decreto continúa vigente, pero aumentan las voces que piden derogarlo o revisarlo. Toledo propone que los productores inviertan en refinación para obtener derivados como el aditivo ETBE. El debate entre defensores de una transición energética ordenada y quienes exigen libertad de mercado se prolonga.

  • Villegas insiste en que “la clave es implementar con responsabilidad técnica y voluntad política”, no frenar el cambio.

  • Existen vías legales para impugnar, en su caso, el reglamento.

  • Los ministerios respectivos aún no han convocado mesas técnicas de diálogo con todos los sectores.

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Etanol, el combustible del debate

Arte: 1000ton
Alicia Utrera
15 de mayo, 2025

A partir de enero de 2026, la gasolina en Guatemala deberá contener al menos 10 % de etanol. El Gobierno lo presenta como avance energético. Sin embargo, técnicos, empresarios y consumidores advierten sobre riesgos económicos, ambientales y de libertad de elección.

 

Por qué importa. Según expertos, esta obligación afecta aspectos tan diversos como movilidad, salud, economía y sostenibilidad. Requiere ajustes técnicos, inversión e intervención en el parque vehicular. La falta de diálogo y transparencia ha encendido las alertas.

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  • La medida busca reducir emisiones de carbono al reemplazar aditivos fósiles como el MTBE por etanol.

  • En la región, países como México y Panamá han detenido programas similares por falta de preparación.

  • Para los opositores, la iniciativa representa una política pública impuesta sin estudios técnicos ni participación ciudadana suficiente.

 

En el radar. Defensores de la medida ven en el etanol una solución ambiental viable. Luis Fernando Villegas, experto en biocombustibles, afirma que una mezcla del 10 % no causa daños técnicos si se respetan normas básicas de almacenamiento.

  • El uso de etanol permite sustituir el aditivo MTBE, que contamina acuíferos y está prohibido en varios países.

  • Villegas aduce que una de las intenciones es mitigar el cambio climático y reducir enfermedades respiratorias vinculadas al uso de combustibles fósiles.

  • Asegura que países con condiciones técnicas similares a Guatemala han logrado implementar este tipo de mezcla sin mayores conflictos.

 

Entre líneas. Guatemala tiene más de 5M de vehículos. De ellos, 2.8M son motos. Cerca del 50 % de los autos son anteriores a 2007, cuando algunos modelos empezaron a utilizar etanol. Según Pepo Toledo, experto en tecnología automotriz, la mayoría de motos no soporta combustibles oxigenados.

  • No obstante, Villegas subraya que los estudios demuestran que los riesgos técnicos “son mínimos si se cumple con almacenamiento y manejo adecuados”. 

  • Gonzalo Monroy, consultor del sector energético, previene que los consumidores terminarán pagando de su bolsillo y su salud.

  • Algunos estudios internacionales muestran que el etanol reduce la eficiencia energética del combustible entre un 5 y 6 %.

 

Punto de fricción. El principal desacuerdo es cómo se quiere imponer la norma: sin transición técnica ni compensación para consumidores o gasolineras. Ramón Parrellada, director del Centro de Estudios Económico-Sociales, crítica que una política energética se convierta en un privilegio económico para pocos.

  • Los críticos alertan sobre un modelo cerrado que restringe la competencia y favorece a productores locales de etanol.

  • La ley exige que el 60 % sea de origen nacional y limita su importación directa. Se argumenta que esto podría aumentar los costos.

  • No se han planteado subsidios, créditos fiscales o planes para renovar el parque vehicular.

 

El otro lado. En lo ambiental, se duda de su sostenibilidad. La FAO alerta sobre su huella por cambio de suelo. Monroy advierte que produce ozono y agrava la crisis. Villegas cree que estos efectos pueden mitigarse con la debida cautela.

  • Chile y México han evitado el uso obligatorio por sus efectos ambientales colaterales.

  • Los catalizadores vehiculares actuales ya reducen hasta el 99 % las emisiones sin necesidad de etanol, según los escépticos.

  • Para Villegas, es un error desechar alternativas por problemas que pueden resolverse con tecnología y regulación.

 

Lo que sigue. El decreto continúa vigente, pero aumentan las voces que piden derogarlo o revisarlo. Toledo propone que los productores inviertan en refinación para obtener derivados como el aditivo ETBE. El debate entre defensores de una transición energética ordenada y quienes exigen libertad de mercado se prolonga.

  • Villegas insiste en que “la clave es implementar con responsabilidad técnica y voluntad política”, no frenar el cambio.

  • Existen vías legales para impugnar, en su caso, el reglamento.

  • Los ministerios respectivos aún no han convocado mesas técnicas de diálogo con todos los sectores.

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