Ya empezó a correr una cuenta regresiva que terminará el 1 de enero de 2026. La expectativa es que ese día entre en vigor la inclusión de no menos de 5% de etanol por galón en el combustible —súper o regular— comercializada en el país.
¿Por qué importa? El tema vuelve a la palestra por el Acuerdo Gubernativo 101-2023. Publicado el pasado martes en el Diario Oficial, establece, entre otros, una moratoria de 12 meses para aplicar la mezcla.
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Los próximos 539 días son determinantes para que pase de “opcional” a “obligatoria”, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles. Una de las razones principales que impulsan la inclusión del alcohol carburante, conocido como etanol.
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El plazo avalado desde el Ejecutivo —presidente Bernardo Arévalo y el titular del MEM, Víctor Hugo Ventura— implementa una nueva etapa previa de socialización. Se incluye a la población y sectores involucrados en la cadena de producción, comercialización y uso de la mezcla.
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La legalidad de la medida se basa en la aplicación de una ley de 1985 (Ley del Alcohol Carburante), que convirtió en obligatoria la mezcla. Por ello se trabajó en la adaptación de su Reglamento, que indicaba que la medida entraría en vigor el 1 de enero del 2025.
En perspectiva. La prórroga para hacer efectiva la mezcla de alcohol carburante con combustible —excluyendo el diésel— provoca opiniones a favor y en contra. Las posturas de los actores de la industria son marcadas.
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Ivanova Ancheta, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala, señala que la medida responde a una política de desarrollo sostenible. “Da respuesta a un compromiso país asumido en la última COP”.
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“Fortalece nuestra seguridad e independencia del régimen. Actualmente, la factura petrolera supera los USD 6 000M. Importamos el 100% de nuestros combustibles fósiles. Esto nos permitiría una independencia energética, ambicionada por todos los países”.
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Los productores respetan la decisión del MEM, pero no la comparten. Indican “estar listos” como para garantizar la puesta en práctica. “Desde nuestro punto de vista, no solicitamos ninguna prórroga”, expresa la directiva.
Entre líneas. Aída Lorenzo, gerente de la Asociación Promotora de Combustibles Renovables de Guatemala, indica que Guatemala es uno de los primeros casos donde prevalece el libre mercado. No se prioriza que para la mezcla se emplee producción nacional, como sí ha pasado en otros países.
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“El reglamento está definido como libre mercado. Los productores no están obligados a la venta doméstica. Pueden seguir exportando, seguirán ganando igual. Los otros (comercializadores) tampoco; pueden importarlo”, señala.
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Sobre esto, Ancheta, destaca que la reglamentación homologaría el libre mercado del alcohol como se hace ahora con los fósiles. “No se les obliga a comprar a productores nacionales. Son libres de elegir su proveedor. Solo tienen que poner, como mínimo un 5%, en la mezcla”.
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Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, aboga por la libertad de mercado. “Me reducen al etanol, independientemente de que lo compre aquí u otro país. Restringirse a ese producto, que compite con otros, ocasiona una limitación de comercialización”.
Sí, pero. Meléndez también opina que la situación carece de lógica. “Si tiene todas las maravillas que detallan (etanol), ¿por qué necesitan la obligatoriedad?”, cuestiona. “Un 10% de etanol no nos hará tener independencia energética”, matiza.
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Asegura que impacta la cadena de comercialización: infraestructura, estaciones de servicio, costos, etc. Se agregan los aspectos ambientales y el funcionamiento correcto de los autos. “Los responsables de una obligatoriedad serían las gasolineras. O sea, no el Estado o los productores de etanol”.
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Meléndez recuerda que Panamá empleó el aditivo entre 2013-2014. Sin embargo, todo cambió cuando la única empresa productora suspendió las ventas por tema precios. En Colombia, la historia fue la misma: costos que impactan en el precio final.
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“Aunque sea obligatorio en otros países, no quiere decir que nosotros tengamos que asumir esa condición. La Ley de Hidrocarburos establece la libre competencia y eso ha permitido que los precios figuren entre los más competitivos a nivel centroamericano”, enfatiza.
Balance. Sin un consenso claro, el Gobierno ha considerado que la implementación del etanol en combustibles requiere más tiempo. La medida implica una serie de desafíos. Serán decisivos compromiso y visión de las autoridades —en especial el MEM— para su implementación. Toca ver si esta vez pasará en el 2026. De momento, corre y va de nuevo.
Ya empezó a correr una cuenta regresiva que terminará el 1 de enero de 2026. La expectativa es que ese día entre en vigor la inclusión de no menos de 5% de etanol por galón en el combustible —súper o regular— comercializada en el país.
¿Por qué importa? El tema vuelve a la palestra por el Acuerdo Gubernativo 101-2023. Publicado el pasado martes en el Diario Oficial, establece, entre otros, una moratoria de 12 meses para aplicar la mezcla.
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Los próximos 539 días son determinantes para que pase de “opcional” a “obligatoria”, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles. Una de las razones principales que impulsan la inclusión del alcohol carburante, conocido como etanol.
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La legalidad de la medida se basa en la aplicación de una ley de 1985 (Ley del Alcohol Carburante), que convirtió en obligatoria la mezcla. Por ello se trabajó en la adaptación de su Reglamento, que indicaba que la medida entraría en vigor el 1 de enero del 2025.
En perspectiva. La prórroga para hacer efectiva la mezcla de alcohol carburante con combustible —excluyendo el diésel— provoca opiniones a favor y en contra. Las posturas de los actores de la industria son marcadas.
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Ivanova Ancheta, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala, señala que la medida responde a una política de desarrollo sostenible. “Da respuesta a un compromiso país asumido en la última COP”.
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“Fortalece nuestra seguridad e independencia del régimen. Actualmente, la factura petrolera supera los USD 6 000M. Importamos el 100% de nuestros combustibles fósiles. Esto nos permitiría una independencia energética, ambicionada por todos los países”.
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Los productores respetan la decisión del MEM, pero no la comparten. Indican “estar listos” como para garantizar la puesta en práctica. “Desde nuestro punto de vista, no solicitamos ninguna prórroga”, expresa la directiva.
Entre líneas. Aída Lorenzo, gerente de la Asociación Promotora de Combustibles Renovables de Guatemala, indica que Guatemala es uno de los primeros casos donde prevalece el libre mercado. No se prioriza que para la mezcla se emplee producción nacional, como sí ha pasado en otros países.
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“El reglamento está definido como libre mercado. Los productores no están obligados a la venta doméstica. Pueden seguir exportando, seguirán ganando igual. Los otros (comercializadores) tampoco; pueden importarlo”, señala.
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Sobre esto, Ancheta, destaca que la reglamentación homologaría el libre mercado del alcohol como se hace ahora con los fósiles. “No se les obliga a comprar a productores nacionales. Son libres de elegir su proveedor. Solo tienen que poner, como mínimo un 5%, en la mezcla”.
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Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, aboga por la libertad de mercado. “Me reducen al etanol, independientemente de que lo compre aquí u otro país. Restringirse a ese producto, que compite con otros, ocasiona una limitación de comercialización”.
Sí, pero. Meléndez también opina que la situación carece de lógica. “Si tiene todas las maravillas que detallan (etanol), ¿por qué necesitan la obligatoriedad?”, cuestiona. “Un 10% de etanol no nos hará tener independencia energética”, matiza.
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Asegura que impacta la cadena de comercialización: infraestructura, estaciones de servicio, costos, etc. Se agregan los aspectos ambientales y el funcionamiento correcto de los autos. “Los responsables de una obligatoriedad serían las gasolineras. O sea, no el Estado o los productores de etanol”.
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Meléndez recuerda que Panamá empleó el aditivo entre 2013-2014. Sin embargo, todo cambió cuando la única empresa productora suspendió las ventas por tema precios. En Colombia, la historia fue la misma: costos que impactan en el precio final.
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“Aunque sea obligatorio en otros países, no quiere decir que nosotros tengamos que asumir esa condición. La Ley de Hidrocarburos establece la libre competencia y eso ha permitido que los precios figuren entre los más competitivos a nivel centroamericano”, enfatiza.
Balance. Sin un consenso claro, el Gobierno ha considerado que la implementación del etanol en combustibles requiere más tiempo. La medida implica una serie de desafíos. Serán decisivos compromiso y visión de las autoridades —en especial el MEM— para su implementación. Toca ver si esta vez pasará en el 2026. De momento, corre y va de nuevo.