El rezago en infraestructura de transmisión limita el desarrollo energético. Este debe resolverse con inversiones estratégicas que acompañen el crecimiento de la demanda, asegura Enrique Crespo.
En entrevista con República, el CEO de CMI Capital, resalta que la certeza jurídica es igualmente clave para atraer capital al sector, pues sin reglas claras y estabilidad, proyectos de largo plazo pierden viabilidad y competitividad.
¿Por qué es clave que el país no dependa de una sola fuente de generación?
— Independientemente, si hablamos de Guatemala u otro país, la matriz energética tiene que estar adecuadamente diversificada en diversas fuentes de energía.
Los riesgos derivados de estar concentrados en una sola fuente de energía son muy altos. Sobre todo en países que no son necesariamente productores de combustibles fósiles.
Si tenemos una matriz muy concentrada en fuentes térmicas, dependemos de las volatilidades internacionales de los precios de esos commodities. Si solo estamos sujetos de fuentes renovables, dependemos de cada estacionalidad. Se necesita una matriz capaz de cubrir los valles y potenciar los picos estacionales para mitigar los riesgos de una demanda creciente.
Este aumento es una buena noticia porque refleja el crecimiento económico. Pero debemos responder a esa demanda con una oferta diversificada.
Desde la experiencia de CMI, ¿cómo han equilibrado la inversión entre renovables y otras fuentes?
— Como conglomerado empresarial, hemos invertido en renovables porque pensamos que es nuestra vocación y la de la región.
Intentamos que nuestra inversión en energías renovables esté diversificada. Iniciamos con inversiones relevantes en generación hidroeléctrica en Guatemala, pero al ampliar nuestra huella, vimos la importancia de diversificar en tecnologías y geografías.
Invertimos en plataformas eólicas y solares en Centroamérica para complementar la hidroeléctrica. Dentro de las mismas fuentes renovables hay complementariedades interesantes: cuando llueve hay poco viento, y en temporada seca hay mucho viento y poca lluvia.
La tecnología solar, aunque solo genera durante las horas de sol, tiene más permanencia en el tiempo y en nuestra región disfrutamos de muchas horas solares al año. Nos diversificamos para complementarnos.
En cuanto a las tecnologías, ¿cómo avanza el aprovechamiento de agua, sol y viento?
— El gran reto de las tecnologías renovables es el almacenamiento. Poder guardar energía para generar cuando el recurso no está disponible es clave.
En hidroeléctricas, el almacenamiento se hace en reservorios o presas. Existen plantas en el mundo con grandes embalses que permiten generar aún sin lluvias. Nosotros contamos con embalses de regulación diaria, que potencian la capacidad de generación durante el día, aunque no son tan grandes por limitaciones económicas y sociales en su momento.
En otras tecnologías, el reto es cómo almacenar la energía para usarla después. En solar, hay una tendencia mundial de inversión en investigación y desarrollo para mejorar el almacenamiento mediante baterías. Hasta hace poco, eran muy costosas y no se justificaban en todos los proyectos.
Esto ha cambiado: estamos cerca de una ecuación económica viable para que el costo e inversión en almacenamiento solar vía baterías compita con otras tecnologías. Algunos países ya ofrecen incentivos y mejores precios en contratos de largo plazo para proyectos solares con baterías. Esto está creando las condiciones para que el almacenamiento sea cada vez más costo-eficiente.
¿Cuáles serían los principales riesgos de no diversificar la matriz energética?
— Uno de los principales es el riesgo de precios. Cuando las matrices dependen de costos sujetos a la volatilidad de commodities mundiales, como el petróleo y sus derivados, el consumidor sufre con picos de precios altos.
Si la matriz se concentra únicamente en renovables, también enfrentamos riesgos: años con bajos recursos hídricos o eólicos pueden derivarse en racionamientos. La energía más cara es la que no hay. Estos en ambos extremos refuerzan la importancia de diversificar adecuadamente.
¿Dónde están las principales oportunidades de crecimiento energético en Guatemala?
— Depende de la tecnología, pero en renovables vemos que la fotovoltaica solar es claramente la del futuro. La inversión global en eficiencia de paneles solares ha reducido costos y aumentado la capacidad de generación en menos espacio.
Hace ocho años, la solar no competía con otras fuentes renovables y hoy lo hace en muy buenas condiciones. Si proyectamos esta tendencia, podemos concluir que será la más eficiente gracias a paneles más baratos, sistemas de almacenamiento más eficientes y abundancia de sol en la región.
En Guatemala hay zonas con alta irradiación y mucho potencial solar. Además, los proyectos solares tienen tiempos de ejecución más cortos, menos conflictividad, mayor aceptación comunitaria y menores costos logísticos que otras tecnologías.
¿Esto representaría un riesgo para grandes generadoras privadas a futuro?
— Todavía estamos lejos de ese escenario. La inversión que debe hacer una persona para autoservirse de energía en su residencia sigue siendo alta.
Sin embargo, sí hay retos para las empresas de distribución y transporte si proyectamos al futuro. Estas empresas ya visualizan esos riesgos y están desarrollando nuevas líneas de negocio para mantenerse relevantes y resilientes.
Lo vemos más como un cambio a mediano o largo plazo, pero es un tema al que hay que prestarle mucha atención.
¿Qué barreras estructurales considera que siguen limitando el desarrollo de la matriz energética?
— Transporte. Aunque ha habido inversión relevante y con bastante constancia a lo largo del tiempo. En los últimos 25 años ha destacado la comercialización y distribución.
Pero poner al día la infraestructura de transporte de energía en el país es una asignatura pendiente.
¿Ese rezago podría medirse?
— Tenemos una brecha de tiempo en la cual, como país, debimos haber invertido en transporte y no ha sido suficiente. Esa parte de la cadena de valor hay que ponerla al día de manera más acelerada que el resto.
Esto no quiere decir que en generación no debemos seguir invirtiendo. La dinámica del sector energía siempre debe tener en cuenta el ritmo de crecimiento de la demanda.
El país sigue creciendo económicamente, y el poder adquisitivo del guatemalteco promedio ha ido en aumento. Afortunadamente, la industria sigue creciendo y eso ejerce presión sobre la demanda. La visión en términos de creación de oferta que acompañe esa demanda no ha tenido el mismo ritmo que el crecimiento de la misma.
El reto es poner al día toda la oferta de la cadena de valor energética para que acompañe a la demanda con suficiente tracción.
¿A quién atribuye la falta de interés en la licitación PET-3 por parte de inversionistas?
— Hay retos muy grandes. En transporte, debemos ser capaces como país de atraer estratégicamente inversiones relevantes. La respuesta tiene varias dimensiones.
Hay retos en materia de competitividad. No es fácil en nuestro país, especialmente en el interior, acometer inversiones cruciales en transporte cuando hay conflictividad en esas zonas.
¿Ese sería el principal factor que desalienta la inversión?
— Uno de los importantes. Otro es la certeza jurídica. El inversionista necesita saber que sus proyectos, especialmente de este tipo, son de largo plazo, cuantiosos y con retorno diferido.
En un ambiente con poca certeza jurídica a largo plazo y conflictividad social, la combinación resulta poco atractiva para inversionistas en esta parte de la cadena de valor. Aquí el Estado tiene un papel importantísimo.
¿En qué consiste ese papel clave que debe jugar el Estado?
— Recordemos que el ente rector del sector eléctrico es el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. El Estado debe mandar señales positivas de confianza y certeza jurídica, y demostrar que entiende la conflictividad y apoyará a mitigar esos riesgos.
¿Cómo ha cumplido el Estado ese papel en los últimos 25 años?
— De manera intermitente. Ha habido periodos con señales positivas que atrajeron inversión privada, y otros con señales mixtas y confusas que derivaron en conflictos, invasiones de tierras y falta de certeza jurídica. No existe consistencia.
Esto debe ser una política de Estado, independiente de quién ocupe temporalmente los cargos de poder. El sector eléctrico necesita estabilidad.
¿La falta de reglamentación del Convenio 169 es un factor crítico para el sector?
— Fundamental. En cualquier inversión de largo plazo, como en el sector eléctrico, el inversionista evita la incertidumbre. Aunque Guatemala ha ratificado el Convenio 169, falta su reglamentación por parte del Ejecutivo.
Mientras no exista ese reglamento, todo queda a merced de interpretaciones subjetivas de autoridades locales o nacionales sobre qué se puede o no hacer. A mayor certeza, mayor confianza para invertir. Reglamentar el Convenio 169 es una tarea urgente.
Con este contexto, ¿qué tan atractivo sigue siendo el sector energético para invertir?
— Es muy atractivo. Aunque hay tareas pendientes y retos por atender, el sector eléctrico de Guatemala es un caso de referencia positivo a nivel latinoamericano, no solo centroamericano.
Tenemos un marco jurídico estable que ha atraído inversiones relevantes. En los últimos 25 años, la electrificación del país ha crecido de forma transformadora, aunque aún hay zonas pendientes de cobertura.
Contamos con instituciones reguladoras técnicas y no políticas. Es una fortaleza que debemos preservar. Hay participación pública y privada en toda la cadena de valor y, en los últimos años, se ha logrado que los diferentes eslabones trabajen juntos en temas estratégicos.
Es un sector estratégico para el país, con grandes oportunidades de inversión hacia delante, que deben abordarse con responsabilidad. Su atractivo es alto y debemos seguir invirtiendo como país.
¿Tienen previstas nuevas inversiones en hidroeléctricas, solar o eólica?
— Ya tenemos proyectos en ejecución en tecnología eólica y en tecnología solar, porque también estamos convencidos sobre la importancia estratégica de la diversificación tecnológica, como hablábamos al principio.
En Guatemala tenemos tecnología hidroeléctrica en generación, en el norte del país, en Alta Verapaz, pero para seguir fortaleciendo nuestra plataforma tenemos que diversificarnos tecnológicamente en Guatemala. Logramos una adjudicación relevante en PEG-4, en tecnología solar y eólica.
Además, tenemos ya contratos de largo plazo adjudicados después de esa subasta, que representan para nosotros inversiones importantes en tecnología eólica y fotovoltaica, principalmente en el oriente del país.
Seguiremos con interés de invertir en tecnologías renovables que terminen de diversificar la matriz.
¿Participarán en la subasta PEG-5?
— Sí.
¿Cuánto aporta CMI al sistema eléctrico?
— Depende de la época del año. Estamos entre el 10 y el 12 % de la oferta del país.
¿Y cuánto aportarán con las nuevas plantas?
— Con las nuevas deberíamos subir a un 16 o 17 %. Nosotros tenemos 320 megavatios hidro en Guatemala hoy operando. Esa debería ser una inversión total mayor a USD 800M. Las nuevas plantas que tenemos en ejecución representan inversiones de aproximadamente unos USD 400M más en los próximos años.
De manera que esto es una prueba fehaciente de que creemos en este país y estamos dispuestos a seguir invirtiendo.
¿Qué impacto han tenido estas inversiones en el empleo local?
— Más allá del empleo, es la inversión social que hemos hecho y que estamos convencidos de que es importante seguir.
En el área Renace, en las Verapaces, San Pedro Carchá, tenemos nuestro complejo de cuatro plantas hidroeléctricas. Construimos 94 kilómetros de caminos para unir a 22 comunidades alrededor de nuestros proyectos. Eso lo hicimos nosotros, y ha supuesto oportunidades de emprendimiento, comercio y transporte que antes no existían.
¿Y son caminos en buen estado y mantenidos?
— Buenos caminos mantenidos por nosotros. Los necesitábamos para ejecutar los proyectos, pero ahora son fundamentales para el desarrollo de las comunidades.
Desde hace 12 años estamos involucrados en inversiones en salud, nutrición y educación en todas las comunidades.
¿Trabajan de la mano con centros de salud o crean los suyos propios?
— Ha sido muy interesante el enfoque. No somos expertos en temas sociales, pero hemos hecho alianzas con quienes sí lo son. Por ejemplo, en nutrición y educación social nos hemos aliado con la Fundación Juan Bautista Gutiérrez y la Fundación de la Industria de la Caña de Azúcar.
Hace 12 años nos aliamos con una ONG estadounidense, Iniciativa de Progreso Social, para establecer una línea base en las comunidades alrededor de Renace e identificar las principales brechas sociales. Desarrollamos 54 indicadores de progreso social que medimos cada 18 meses, incluyendo desnutrición crónica, embarazos adolescentes y abandono escolar.
Al inicio, el abandono escolar superaba el 80%. Hoy está por debajo del 15%. Estos avances se deben a la colaboración con expertos y al compromiso de construir país, porque no hay empresas exitosas en comunidades fallidas.
Queremos que los niños tengan más oportunidades que sus padres, y por eso invertimos en educación y fortalecemos la llamada “licencia social” para operar en zonas rurales.
¿Cómo han atendido el reclamo de electrificación en comunidades cercanas?
— Hicimos una alianza con Energuate y la municipalidad de Santiago Carchá para electrificar comunidades. Aunque como generadores no podemos distribuir energía, creamos un proyecto de largo plazo en el que cada parte invirtió para energizar a las comunidades.
Recientemente, junto a Banco Industrial y Cementos Progreso, impulsamos un proyecto para poner piso de concreto en viviendas, mejorando las condiciones de salud y habitabilidad. Poco a poco estamos construyendo país.
¿Cuál es el rol del usuario final en esta nueva etapa energética?
— El usuario final es a quien nos debemos. Desde la persona que quiere llegar a casa y encender la luz, hasta la empresa que necesita energía confiable y a precios competitivos.
El usuario demandará costos competitivos y confiabilidad, por lo que todos los actores de la cadena de valor debemos coordinarnos para responderle. Si no lo escuchamos, se puede generar descontento social.
La energía eléctrica es esencial para el desarrollo, aunque muchas veces solo la valoramos cuando falta. Por eso siempre buscamos inversiones rentables que al mismo tiempo generen precios competitivos para el consumidor.
El rezago en infraestructura de transmisión limita el desarrollo energético. Este debe resolverse con inversiones estratégicas que acompañen el crecimiento de la demanda, asegura Enrique Crespo.
En entrevista con República, el CEO de CMI Capital, resalta que la certeza jurídica es igualmente clave para atraer capital al sector, pues sin reglas claras y estabilidad, proyectos de largo plazo pierden viabilidad y competitividad.
¿Por qué es clave que el país no dependa de una sola fuente de generación?
— Independientemente, si hablamos de Guatemala u otro país, la matriz energética tiene que estar adecuadamente diversificada en diversas fuentes de energía.
Los riesgos derivados de estar concentrados en una sola fuente de energía son muy altos. Sobre todo en países que no son necesariamente productores de combustibles fósiles.
Si tenemos una matriz muy concentrada en fuentes térmicas, dependemos de las volatilidades internacionales de los precios de esos commodities. Si solo estamos sujetos de fuentes renovables, dependemos de cada estacionalidad. Se necesita una matriz capaz de cubrir los valles y potenciar los picos estacionales para mitigar los riesgos de una demanda creciente.
Este aumento es una buena noticia porque refleja el crecimiento económico. Pero debemos responder a esa demanda con una oferta diversificada.
Desde la experiencia de CMI, ¿cómo han equilibrado la inversión entre renovables y otras fuentes?
— Como conglomerado empresarial, hemos invertido en renovables porque pensamos que es nuestra vocación y la de la región.
Intentamos que nuestra inversión en energías renovables esté diversificada. Iniciamos con inversiones relevantes en generación hidroeléctrica en Guatemala, pero al ampliar nuestra huella, vimos la importancia de diversificar en tecnologías y geografías.
Invertimos en plataformas eólicas y solares en Centroamérica para complementar la hidroeléctrica. Dentro de las mismas fuentes renovables hay complementariedades interesantes: cuando llueve hay poco viento, y en temporada seca hay mucho viento y poca lluvia.
La tecnología solar, aunque solo genera durante las horas de sol, tiene más permanencia en el tiempo y en nuestra región disfrutamos de muchas horas solares al año. Nos diversificamos para complementarnos.
En cuanto a las tecnologías, ¿cómo avanza el aprovechamiento de agua, sol y viento?
— El gran reto de las tecnologías renovables es el almacenamiento. Poder guardar energía para generar cuando el recurso no está disponible es clave.
En hidroeléctricas, el almacenamiento se hace en reservorios o presas. Existen plantas en el mundo con grandes embalses que permiten generar aún sin lluvias. Nosotros contamos con embalses de regulación diaria, que potencian la capacidad de generación durante el día, aunque no son tan grandes por limitaciones económicas y sociales en su momento.
En otras tecnologías, el reto es cómo almacenar la energía para usarla después. En solar, hay una tendencia mundial de inversión en investigación y desarrollo para mejorar el almacenamiento mediante baterías. Hasta hace poco, eran muy costosas y no se justificaban en todos los proyectos.
Esto ha cambiado: estamos cerca de una ecuación económica viable para que el costo e inversión en almacenamiento solar vía baterías compita con otras tecnologías. Algunos países ya ofrecen incentivos y mejores precios en contratos de largo plazo para proyectos solares con baterías. Esto está creando las condiciones para que el almacenamiento sea cada vez más costo-eficiente.
¿Cuáles serían los principales riesgos de no diversificar la matriz energética?
— Uno de los principales es el riesgo de precios. Cuando las matrices dependen de costos sujetos a la volatilidad de commodities mundiales, como el petróleo y sus derivados, el consumidor sufre con picos de precios altos.
Si la matriz se concentra únicamente en renovables, también enfrentamos riesgos: años con bajos recursos hídricos o eólicos pueden derivarse en racionamientos. La energía más cara es la que no hay. Estos en ambos extremos refuerzan la importancia de diversificar adecuadamente.
¿Dónde están las principales oportunidades de crecimiento energético en Guatemala?
— Depende de la tecnología, pero en renovables vemos que la fotovoltaica solar es claramente la del futuro. La inversión global en eficiencia de paneles solares ha reducido costos y aumentado la capacidad de generación en menos espacio.
Hace ocho años, la solar no competía con otras fuentes renovables y hoy lo hace en muy buenas condiciones. Si proyectamos esta tendencia, podemos concluir que será la más eficiente gracias a paneles más baratos, sistemas de almacenamiento más eficientes y abundancia de sol en la región.
En Guatemala hay zonas con alta irradiación y mucho potencial solar. Además, los proyectos solares tienen tiempos de ejecución más cortos, menos conflictividad, mayor aceptación comunitaria y menores costos logísticos que otras tecnologías.
¿Esto representaría un riesgo para grandes generadoras privadas a futuro?
— Todavía estamos lejos de ese escenario. La inversión que debe hacer una persona para autoservirse de energía en su residencia sigue siendo alta.
Sin embargo, sí hay retos para las empresas de distribución y transporte si proyectamos al futuro. Estas empresas ya visualizan esos riesgos y están desarrollando nuevas líneas de negocio para mantenerse relevantes y resilientes.
Lo vemos más como un cambio a mediano o largo plazo, pero es un tema al que hay que prestarle mucha atención.
¿Qué barreras estructurales considera que siguen limitando el desarrollo de la matriz energética?
— Transporte. Aunque ha habido inversión relevante y con bastante constancia a lo largo del tiempo. En los últimos 25 años ha destacado la comercialización y distribución.
Pero poner al día la infraestructura de transporte de energía en el país es una asignatura pendiente.
¿Ese rezago podría medirse?
— Tenemos una brecha de tiempo en la cual, como país, debimos haber invertido en transporte y no ha sido suficiente. Esa parte de la cadena de valor hay que ponerla al día de manera más acelerada que el resto.
Esto no quiere decir que en generación no debemos seguir invirtiendo. La dinámica del sector energía siempre debe tener en cuenta el ritmo de crecimiento de la demanda.
El país sigue creciendo económicamente, y el poder adquisitivo del guatemalteco promedio ha ido en aumento. Afortunadamente, la industria sigue creciendo y eso ejerce presión sobre la demanda. La visión en términos de creación de oferta que acompañe esa demanda no ha tenido el mismo ritmo que el crecimiento de la misma.
El reto es poner al día toda la oferta de la cadena de valor energética para que acompañe a la demanda con suficiente tracción.
¿A quién atribuye la falta de interés en la licitación PET-3 por parte de inversionistas?
— Hay retos muy grandes. En transporte, debemos ser capaces como país de atraer estratégicamente inversiones relevantes. La respuesta tiene varias dimensiones.
Hay retos en materia de competitividad. No es fácil en nuestro país, especialmente en el interior, acometer inversiones cruciales en transporte cuando hay conflictividad en esas zonas.
¿Ese sería el principal factor que desalienta la inversión?
— Uno de los importantes. Otro es la certeza jurídica. El inversionista necesita saber que sus proyectos, especialmente de este tipo, son de largo plazo, cuantiosos y con retorno diferido.
En un ambiente con poca certeza jurídica a largo plazo y conflictividad social, la combinación resulta poco atractiva para inversionistas en esta parte de la cadena de valor. Aquí el Estado tiene un papel importantísimo.
¿En qué consiste ese papel clave que debe jugar el Estado?
— Recordemos que el ente rector del sector eléctrico es el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. El Estado debe mandar señales positivas de confianza y certeza jurídica, y demostrar que entiende la conflictividad y apoyará a mitigar esos riesgos.
¿Cómo ha cumplido el Estado ese papel en los últimos 25 años?
— De manera intermitente. Ha habido periodos con señales positivas que atrajeron inversión privada, y otros con señales mixtas y confusas que derivaron en conflictos, invasiones de tierras y falta de certeza jurídica. No existe consistencia.
Esto debe ser una política de Estado, independiente de quién ocupe temporalmente los cargos de poder. El sector eléctrico necesita estabilidad.
¿La falta de reglamentación del Convenio 169 es un factor crítico para el sector?
— Fundamental. En cualquier inversión de largo plazo, como en el sector eléctrico, el inversionista evita la incertidumbre. Aunque Guatemala ha ratificado el Convenio 169, falta su reglamentación por parte del Ejecutivo.
Mientras no exista ese reglamento, todo queda a merced de interpretaciones subjetivas de autoridades locales o nacionales sobre qué se puede o no hacer. A mayor certeza, mayor confianza para invertir. Reglamentar el Convenio 169 es una tarea urgente.
Con este contexto, ¿qué tan atractivo sigue siendo el sector energético para invertir?
— Es muy atractivo. Aunque hay tareas pendientes y retos por atender, el sector eléctrico de Guatemala es un caso de referencia positivo a nivel latinoamericano, no solo centroamericano.
Tenemos un marco jurídico estable que ha atraído inversiones relevantes. En los últimos 25 años, la electrificación del país ha crecido de forma transformadora, aunque aún hay zonas pendientes de cobertura.
Contamos con instituciones reguladoras técnicas y no políticas. Es una fortaleza que debemos preservar. Hay participación pública y privada en toda la cadena de valor y, en los últimos años, se ha logrado que los diferentes eslabones trabajen juntos en temas estratégicos.
Es un sector estratégico para el país, con grandes oportunidades de inversión hacia delante, que deben abordarse con responsabilidad. Su atractivo es alto y debemos seguir invirtiendo como país.
¿Tienen previstas nuevas inversiones en hidroeléctricas, solar o eólica?
— Ya tenemos proyectos en ejecución en tecnología eólica y en tecnología solar, porque también estamos convencidos sobre la importancia estratégica de la diversificación tecnológica, como hablábamos al principio.
En Guatemala tenemos tecnología hidroeléctrica en generación, en el norte del país, en Alta Verapaz, pero para seguir fortaleciendo nuestra plataforma tenemos que diversificarnos tecnológicamente en Guatemala. Logramos una adjudicación relevante en PEG-4, en tecnología solar y eólica.
Además, tenemos ya contratos de largo plazo adjudicados después de esa subasta, que representan para nosotros inversiones importantes en tecnología eólica y fotovoltaica, principalmente en el oriente del país.
Seguiremos con interés de invertir en tecnologías renovables que terminen de diversificar la matriz.
¿Participarán en la subasta PEG-5?
— Sí.
¿Cuánto aporta CMI al sistema eléctrico?
— Depende de la época del año. Estamos entre el 10 y el 12 % de la oferta del país.
¿Y cuánto aportarán con las nuevas plantas?
— Con las nuevas deberíamos subir a un 16 o 17 %. Nosotros tenemos 320 megavatios hidro en Guatemala hoy operando. Esa debería ser una inversión total mayor a USD 800M. Las nuevas plantas que tenemos en ejecución representan inversiones de aproximadamente unos USD 400M más en los próximos años.
De manera que esto es una prueba fehaciente de que creemos en este país y estamos dispuestos a seguir invirtiendo.
¿Qué impacto han tenido estas inversiones en el empleo local?
— Más allá del empleo, es la inversión social que hemos hecho y que estamos convencidos de que es importante seguir.
En el área Renace, en las Verapaces, San Pedro Carchá, tenemos nuestro complejo de cuatro plantas hidroeléctricas. Construimos 94 kilómetros de caminos para unir a 22 comunidades alrededor de nuestros proyectos. Eso lo hicimos nosotros, y ha supuesto oportunidades de emprendimiento, comercio y transporte que antes no existían.
¿Y son caminos en buen estado y mantenidos?
— Buenos caminos mantenidos por nosotros. Los necesitábamos para ejecutar los proyectos, pero ahora son fundamentales para el desarrollo de las comunidades.
Desde hace 12 años estamos involucrados en inversiones en salud, nutrición y educación en todas las comunidades.
¿Trabajan de la mano con centros de salud o crean los suyos propios?
— Ha sido muy interesante el enfoque. No somos expertos en temas sociales, pero hemos hecho alianzas con quienes sí lo son. Por ejemplo, en nutrición y educación social nos hemos aliado con la Fundación Juan Bautista Gutiérrez y la Fundación de la Industria de la Caña de Azúcar.
Hace 12 años nos aliamos con una ONG estadounidense, Iniciativa de Progreso Social, para establecer una línea base en las comunidades alrededor de Renace e identificar las principales brechas sociales. Desarrollamos 54 indicadores de progreso social que medimos cada 18 meses, incluyendo desnutrición crónica, embarazos adolescentes y abandono escolar.
Al inicio, el abandono escolar superaba el 80%. Hoy está por debajo del 15%. Estos avances se deben a la colaboración con expertos y al compromiso de construir país, porque no hay empresas exitosas en comunidades fallidas.
Queremos que los niños tengan más oportunidades que sus padres, y por eso invertimos en educación y fortalecemos la llamada “licencia social” para operar en zonas rurales.
¿Cómo han atendido el reclamo de electrificación en comunidades cercanas?
— Hicimos una alianza con Energuate y la municipalidad de Santiago Carchá para electrificar comunidades. Aunque como generadores no podemos distribuir energía, creamos un proyecto de largo plazo en el que cada parte invirtió para energizar a las comunidades.
Recientemente, junto a Banco Industrial y Cementos Progreso, impulsamos un proyecto para poner piso de concreto en viviendas, mejorando las condiciones de salud y habitabilidad. Poco a poco estamos construyendo país.
¿Cuál es el rol del usuario final en esta nueva etapa energética?
— El usuario final es a quien nos debemos. Desde la persona que quiere llegar a casa y encender la luz, hasta la empresa que necesita energía confiable y a precios competitivos.
El usuario demandará costos competitivos y confiabilidad, por lo que todos los actores de la cadena de valor debemos coordinarnos para responderle. Si no lo escuchamos, se puede generar descontento social.
La energía eléctrica es esencial para el desarrollo, aunque muchas veces solo la valoramos cuando falta. Por eso siempre buscamos inversiones rentables que al mismo tiempo generen precios competitivos para el consumidor.