Las enfermedades no transmisibles (ENT) están pasando factura a la economía guatemalteca. Especialmente en los hogares más vulnerables. Mientras el sistema de salud permanece rezagado, el costo de vivir —y morir— con una ENT recae cada vez más sobre las familias.
Por qué importa. Su impacto va más allá del plano sanitario. Compromete el desarrollo y el bienestar. Afectan de modo preponderante a personas en edad productiva y quebrantan el sustento de familias enteras, arrastrándolas a la pobreza.
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Según la OMS, el 77 % de las muertes por ENT ocurre en países de ingresos medios y bajos. Es el caso de Guatemala.
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En estos contextos, el 40 % de los fallecimientos ocurre entre los 30 y 69 años, lo que afecta al capital humano.
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Asimismo, reducen la productividad, aumentan la dependencia y tensan aun más un sistema insuficientemente financiado.
En el radar. El Estado todavía no ha dimensionado el peso real de estas patologías en la economía. Su débil capacidad de respuesta obliga a millones a costear tratamientos con recursos propios, profundizando la desigualdad.
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Según la OPS, en 2021 Guatemala destinó el 2.33 % del PIB al gasto público en salud. Uno de los más bajos de Latinoamérica.
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El acceso restringido a servicios especializados traslada los gastos a las familias. Según el Estudio Epidemiológico de las ENT en Guatemala de FUNDESA, “el empobrecimiento de los hogares por atención médica directa o pérdida de ingresos es uno de los principales daños colaterales”.
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“El sistema está transfiriendo el costo de la enfermedad crónica al bolsillo de los menos favorecidos”, señala Henry Valdez, especialista en medicina empresarial.
Datos clave. La falta de inversión en prevención ha elevado los costos de atención y afectado el capital humano. Sin acciones estatales estructuradas, se prevé que los dispendios sigan en aumento.
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Según FUNDESA, en 2015 la atención por sobrepeso y obesidad costó hasta USD 941 (hombres) y 504 (mujeres). Esto sin contar los indirectos por ausencia laboral.
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El costo total anual por diabético se estimó en unos USD 1840. De ellos, casi 300 tan solo en pérdida de productividad.
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La primera atención de eventos cerebrovasculares alcanzó los USD 89. De igual manera, una sesión de radioterapia puede superar los 50 por tratamiento.
Detrás de escena. A pesar de la magnitud del problema, se carece de información actualizada y pública para diseñar una política eficiente. La opacidad en los datos impide trazar un diagnóstico claro y una actuación fundamentada.
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Desde 2015, el Ministerio de Salud no ha actualizado estudios nacionales sobre ENT, salvo registros limitados en el Sistema Nacional de Vigilancia.
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Aunque se recogen mensualmente, los datos no se publican ni analizan con regularidad. “Decidir sin evidencia es como tratar a ciegas. No sabemos cuántos enferman, cuánto cuesta y, peor aún, a quién le está costando más”, enfatiza Valdez.
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“La falta de datos accesibles y públicos impide establecer diagnósticos territoriales y soluciones eficaces, en particular en zonas rurales”, explica el artículo de la entidad.
En conclusión. Invertir en prevención debería ser una obligación sanitaria y una decisión económica. Las ENT son una carga evitable siempre que se prioricen intervenciones costo-efectivas y políticas públicas multisectoriales.
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Según la OMS, por cada dólar invertido en promoción de dietas saludables se pueden recuperar hasta casi USD 13. Reducir el alcohol devuelve 9, y dejar de fumar, 7.
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Guatemala haría bien en fortalecer la sanidad preventiva y rediseñar políticas con factores protectores y financiamiento adecuado.
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Pese al tímido esfuerzo gubernamental de presentar una inversión de USD 312.1M para mejorar el acceso a servicios médicos, el problema expuesto sigue siendo grave. Las ENT seguirán drenando recursos, reduciendo productividad y frenando el desarrollo.
Las enfermedades no transmisibles (ENT) están pasando factura a la economía guatemalteca. Especialmente en los hogares más vulnerables. Mientras el sistema de salud permanece rezagado, el costo de vivir —y morir— con una ENT recae cada vez más sobre las familias.
Por qué importa. Su impacto va más allá del plano sanitario. Compromete el desarrollo y el bienestar. Afectan de modo preponderante a personas en edad productiva y quebrantan el sustento de familias enteras, arrastrándolas a la pobreza.
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Según la OMS, el 77 % de las muertes por ENT ocurre en países de ingresos medios y bajos. Es el caso de Guatemala.
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En estos contextos, el 40 % de los fallecimientos ocurre entre los 30 y 69 años, lo que afecta al capital humano.
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Asimismo, reducen la productividad, aumentan la dependencia y tensan aun más un sistema insuficientemente financiado.
En el radar. El Estado todavía no ha dimensionado el peso real de estas patologías en la economía. Su débil capacidad de respuesta obliga a millones a costear tratamientos con recursos propios, profundizando la desigualdad.
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Según la OPS, en 2021 Guatemala destinó el 2.33 % del PIB al gasto público en salud. Uno de los más bajos de Latinoamérica.
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El acceso restringido a servicios especializados traslada los gastos a las familias. Según el Estudio Epidemiológico de las ENT en Guatemala de FUNDESA, “el empobrecimiento de los hogares por atención médica directa o pérdida de ingresos es uno de los principales daños colaterales”.
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“El sistema está transfiriendo el costo de la enfermedad crónica al bolsillo de los menos favorecidos”, señala Henry Valdez, especialista en medicina empresarial.
Datos clave. La falta de inversión en prevención ha elevado los costos de atención y afectado el capital humano. Sin acciones estatales estructuradas, se prevé que los dispendios sigan en aumento.
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Según FUNDESA, en 2015 la atención por sobrepeso y obesidad costó hasta USD 941 (hombres) y 504 (mujeres). Esto sin contar los indirectos por ausencia laboral.
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El costo total anual por diabético se estimó en unos USD 1840. De ellos, casi 300 tan solo en pérdida de productividad.
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La primera atención de eventos cerebrovasculares alcanzó los USD 89. De igual manera, una sesión de radioterapia puede superar los 50 por tratamiento.
Detrás de escena. A pesar de la magnitud del problema, se carece de información actualizada y pública para diseñar una política eficiente. La opacidad en los datos impide trazar un diagnóstico claro y una actuación fundamentada.
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Desde 2015, el Ministerio de Salud no ha actualizado estudios nacionales sobre ENT, salvo registros limitados en el Sistema Nacional de Vigilancia.
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Aunque se recogen mensualmente, los datos no se publican ni analizan con regularidad. “Decidir sin evidencia es como tratar a ciegas. No sabemos cuántos enferman, cuánto cuesta y, peor aún, a quién le está costando más”, enfatiza Valdez.
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“La falta de datos accesibles y públicos impide establecer diagnósticos territoriales y soluciones eficaces, en particular en zonas rurales”, explica el artículo de la entidad.
En conclusión. Invertir en prevención debería ser una obligación sanitaria y una decisión económica. Las ENT son una carga evitable siempre que se prioricen intervenciones costo-efectivas y políticas públicas multisectoriales.
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Según la OMS, por cada dólar invertido en promoción de dietas saludables se pueden recuperar hasta casi USD 13. Reducir el alcohol devuelve 9, y dejar de fumar, 7.
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Guatemala haría bien en fortalecer la sanidad preventiva y rediseñar políticas con factores protectores y financiamiento adecuado.
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Pese al tímido esfuerzo gubernamental de presentar una inversión de USD 312.1M para mejorar el acceso a servicios médicos, el problema expuesto sigue siendo grave. Las ENT seguirán drenando recursos, reduciendo productividad y frenando el desarrollo.