“La situación del sector eléctrico es seria",:David Cabrera

David Cabrera, presidente de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad (AGTE) y gerente de Recsa, analiza los principales retos de la infraestructura eléctrica de Guatemala, los riesgos para el sistema de transmisión, el fracaso de la licitación PET-3 y las acciones necesarias para evitar que el país pierda competitividad y oportunidades de desarrollo.

¿Cómo está realmente la situación del sector eléctrico guatemalteco? ¿Existe una crisis?

 —La situación del sector es seria. No creo que debamos hablar de crisis, pero sí es un tema de seriedad. Le voy a poner una analogía bien clara: estamos como está el tráfico de la ciudad capital. Podemos transitar, sí; no hemos llegado al punto donde uno no pueda salir de su casa, pero cada vez es más complejo.

Hace cinco o seis años éramos un país exportador de energía. Ahora ya no somos exportadores, somos importadores. Hace diez años teníamos una red de transporte robusta, redundante, con más de una vía para llegar a los puntos de consumo. Cuando había mantenimientos o fallas, teníamos alternativas. Hoy muchas de esas redundancias se han perdido y tenemos un sistema de transmisión bastante ajustado.

Sí hay una alerta. Guatemala está creciendo a un excelente ritmo en consumo eléctrico. Antes crecíamos al 2 % o 3 % anual; ahora crecemos entre un 6 % y un 7 %, e incluso hay ciudades que están creciendo a doble dígito. El crecimiento de la oferta se fue quedando atrás y ahora tenemos que hacer las carreteras para conectar esa oferta con la demanda. Eso es transmisión.

El problema es que la transmisión ha venido creciendo alrededor de 1.5 % anual mientras la demanda crece un 5 %, un 6 % o un 7 %. Ahí existe un déficit que tenemos que cubrir.

¿Qué necesita Guatemala para atender esa demanda creciente?

—Hace unos tres años, a nivel del Consejo de la Industria Eléctrica, hicimos un estudio con Deloitte para determinar qué necesitaba el país. En transmisión, la conclusión fue clara: tenemos 20 años para duplicar nuestras redes.

Eso significa construir poco más de 5000 kilómetros de nuevas redes de transporte. Actualmente tenemos alrededor de 5700 kilómetros. También necesitamos unas 200 subestaciones adicionales. Hoy tenemos aproximadamente 217.

Estamos hablando de duplicar la infraestructura de transmisión y poner a disposición casi 6000 MVA nuevos para el sistema. Ese es el gran reto.

¿Qué papel jugarán las líneas de 400 kilovoltios?

—Necesitamos redes de 400 kilovoltios. Hoy existe un pequeño tramo que une México con la subestación Brillantes. Es el único tramo de 400 que tenemos.

Esa red debe llegar, como mínimo, al mayor centro de consumo del país, que es el área metropolitana. Lo ideal sería construir una troncal de 400 kilovoltios de este a oeste y, posteriormente, otra de norte a sur.

Estamos hablando de una infraestructura completamente nueva: torres nuevas, líneas nuevas y equipos nuevos. Dentro del Plan de Expansión del Ministerio de Energía y Minas ya están identificadas las necesidades generales, pero estamos esperando conocer exactamente qué se incluirá en la próxima licitación.

¿Existe actualmente un déficit en la red de transmisión de 230 kilovoltios?

—Sí. La Administradora del Mercado Mayorista (AMM) señaló este año la necesidad de construir al menos 1300 kilómetros en redes de 230 kilovoltios y 13 subestaciones para operar adecuadamente el Sistema Nacional Interconectado.

Y esa es una necesidad actual, no a cinco años. Lo necesitamos hoy.

La expansión de 230 kilovoltios en Guatemala se dio principalmente a raíz de la PET-1, una licitación de 2009 que ya está arriba del 90 % de ejecución, pero que terminó acumulando más de una década de retrasos.

Tras el anuncio de la empresa Trecsa de no seguir invirtiendo bajo las condiciones actuales, ¿qué implica para el país?

—La empresa está diciendo: ‘Voy a terminar lo que tengo contratado, pero bajo estas condiciones ya no voy a invertir en nuevos proyectos’.

Eso es una señal importante porque quien desarrolló la PET-1 y conoce perfectamente las condiciones del mercado está diciendo que las reglas actuales no le permiten seguir apostando por nuevas inversiones.

Además, existe un arbitraje abierto con el Estado. Ese arbitraje no se ha resuelto todavía. Habrá que esperar el laudo para conocer las responsabilidades y eventuales compensaciones que se determinen.

¿Cómo impactan estos problemas a los usuarios?

—Hay redes de 69 kilovoltios saturadas. Las distribuidoras enfrentan dificultades para mejorar la calidad del servicio porque la calidad que reciben desde transmisión ya viene deteriorada.

Es similar a una red de agua potable diseñada para pocas casas y que ahora abastece a cientos de viviendas: cuando todos abren la llave al mismo tiempo, apenas sale un chorrito.

Lo mismo ocurre con la electricidad. A las seis de la tarde todo el mundo tiene encendidos sus equipos y el voltaje baja porque hacen falta más subestaciones y más líneas.

¿Cómo califica entonces la situación general?

—Estamos en el momento en que necesitamos arremangarnos la camisa y trabajar todos juntos. Es como cuando se ve una nube negra acercándose. Si no trabaja, se va a empapar.

El sistema ya está diagnosticado. Todos coinciden en lo fundamental: necesitamos duplicar la infraestructura. El problema ya no es de diagnóstico. El problema es de acción.

¿Qué pierde Guatemala si no resuelve estos problemas?

—Estamos perdiendo oportunidades de desarrollo. Cuando una empresa extranjera evalúa invertir en Guatemala, antes de indagar por salarios o incentivos, pregunta por infraestructura. Si encuentra carreteras deficientes y subestaciones operando al 95 % o un 98 % de capacidad, buscará otro país.

Un centro de datos, una empresa de manufactura avanzada o una operación de nearshoring necesita energía confiable. Si además de invertir en sus instalaciones tiene que construir su propia infraestructura eléctrica, simplemente se va. El riesgo es que dentro de diez años estemos lamentándonos por no haber aprovechado esta ventana de oportunidad.

¿Quién está liderando los esfuerzos para resolver esta situación?

—Las cámaras empresariales y el sector eléctrico vienen advirtiendo sobre este problema desde hace cinco o seis años. AGTE lo ha señalado constantemente. Los generadores también. El Consejo de la Industria Eléctrica llevó a cabo estudios específicos. El sector privado organizado ha hecho su parte.

El liderazgo institucional corresponde al Ministerio de Energía y Minas, pero existen muchas dificultades para convertir esos esfuerzos en resultados concretos.

¿Dónde están los principales obstáculos para desarrollar nuevas líneas de transmisión?

—Hay tres pilares que están frenando el desarrollo. El primero es la permisología municipal y comunitaria. Cada municipio es un mundo. Hay municipalidades donde se puede trabajar y otras donde no.

Las comunidades muchas veces plantean necesidades legítimas, como puentes, escuelas o puestos de salud. El problema es que esas obras no forman parte de las obligaciones de un proyecto de transmisión eléctrica. A eso se suman otros requerimientos que ya no siempre son tan legales. Pagamos licencias, servidumbres y además aportes comunitarios para que los proyectos puedan avanzar. Esos aportes tienen muy poco de voluntarios.

¿Qué ocurre con los permisos gubernamentales?

—Ese es el segundo gran obstáculo. Hace seis años, un estudio ambiental podía resolverse en seis u ocho meses. Hoy puede tardar más de un año. El problema es la discrecionalidad. Como no existen estándares claros, cada funcionario puede aplicar criterios distintos. Si hay veinte evaluadores, terminamos teniendo veinte interpretaciones diferentes.

¿Y el problema de las servidumbres?

—Ese es el tercer eje. Hoy tenemos casos donde, para evitar la oposición de un propietario, tenemos que modificar completamente el trazado de una línea.

Eso vuelve más caros y más largos los proyectos. Lo que antes se construía en cinco o seis años ahora puede tomar entre ocho y doce años.

El resultado es que los usuarios reciben los beneficios mucho más tarde.

¿Qué debe hacerse para evitar que la PET-4 fracase como ocurrió con la PET-3?

—El problema fundamental de la PET-3 fue que el equilibrio de riesgos no existía. Todo el riesgo estaba del lado del oferente. En una licitación, riesgo significa precio. Mientras más riesgo tiene el inversionista, más cara será su oferta. Muchos interesados leyeron las bases y concluyeron que no era atractivo participar.

La PET-4 debe trabajar en un mejor equilibrio de riesgos, donde una parte la asuma el contratista, pero otra sea cubierta por el Estado mediante mecanismos claros de acompañamiento y reconocimiento.

¿Qué otras lecciones dejó la PET-3?

—Los proyectos deben estructurarse mejor. Hubo lotes que mezclaban obras atractivas con otras extremadamente complejas, especialmente en áreas protegidas.

Así es difícil despertar interés. Hay proyectos que podrían recibir múltiples ofertas si se licitaran de forma independiente. Además, el éxito de una licitación no es adjudicar. El éxito es poner la obra en operación. Y para eso el Estado debe acompañar el desarrollo de los proyectos.

¿Cuánto ha invertido el sector privado en transmisión?

—En los últimos diez años, el sector privado ha invertido aproximadamente USD 900M en infraestructura de transmisión. En los últimos cinco años se construyeron 454 kilómetros de líneas de transmisión. De ellos, alrededor del 89 % fueron desarrollados por empresas privadas agremiadas en AGTE.

También se construyeron nueve subestaciones, todas desarrolladas por el sector privado.

¿Cuánta inversión necesita Guatemala en los próximos años?

—Solo para duplicar la infraestructura de transmisión estamos hablando de entre USD 2500 y USD 3500M Si se suma la generación eléctrica, hablamos de más de USD 10 000M en inversiones para el sector energético.

Es una oportunidad enorme para el país, pero requiere condiciones adecuadas para atraer capital.

Si pudiera enviar un mensaje al presidente y a las autoridades, ¿qué les diría?

Trabajemos en un plan de nación. Necesitamos definir qué queremos para Guatemala y hacia dónde vamos. Sin una visión compartida, será muy difícil que todos avancemos en la misma dirección.

Hay que sentar en la mesa a sociedad civil, alcaldes, gobernadores, empresarios, ministerios y órganos técnicos para definir una ruta común. Si no tenemos un plan de nación, vamos a seguir administrando la escasez.

Los países que se desarrollan no se levantan pensando en cómo administrar sus carencias. Se levantan pensando en cómo crear oportunidades. Eso es lo que Guatemala necesita hacer.