Combustible sin futuro seguro en RD

El sistema regulado de márgenes para combustibles en República Dominicana amenaza con asfixiar al sector formal. A pesar de alertas técnicas, los márgenes siguen congelados al tiempo que los costos operativos escalan. ¿El riesgo? Un colapso progresivo en la red que abastece al país.

Por qué importa. La sostenibilidad del sector está comprometida por un modelo que no se ha actualizado en más de una década, pese a los cambios drásticos en costos. Esto compromete la seguridad, la inversión y la cobertura nacional.

• El margen actual por galón, fijado por el Estado, no cubre los gastos operativos básicos de las estaciones de servicio. Se requieren entre DOP 35 y 37 por galón para mantener la operación mínima.

• Mientras el Gobierno mantiene subsidios a sindicatos del transporte, las gasolineras formales deben competir con precios artificialmente bajos, provocando distorsiones de mercado.

• La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) y otros gremios insisten en una revisión técnica. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) posee un informe que valida este reclamo, pero no ha actuado en consecuencia.

Lo indispensable. El margen de comercialización no solo es un número: define la viabilidad del sistema. La falta de ajustes técnicos y la presión de costos empujan al sector al límite operativo, con consecuencias que afectan a todo el país.

• Desde 2016, los márgenes del sector han aumentado entre un 30 y un 65 %, mientras el margen regulado permanece estático. Esto ha reducido la rentabilidad a niveles insostenibles.

• Channoil Consulting, firma británica especializada, recomendó un incremento de DOP 8 por galón para evitar un colapso operativo. El MICM tiene este diagnóstico desde hace meses.

• Más de 45 000 empleos directos dependen de esta red. Si el sector formal colapsa, se verá afectado desde el transporte público hasta el sistema de emergencias y la cadena logística nacional.

Punto de fricción. El entorno regulatorio no solo está desactualizado, sino que presenta normas contradictorias y cargas adicionales que castigan la formalidad. La desigualdad de trato y la ambigüedad legal ocasionan incertidumbre y desalientan la inversión.

• El Decreto 307-22 impone un límite de 30 años a los camiones cisterna, sin considerar el estado técnico de los vehículos. Esto amenaza con sacar de operación flotas en buen estado y disminuir utilidades.

• Municipios buscan imponer nuevas tarifas de inspección, mientras que los costos por ventas electrónicas han crecido 75 %, reduciendo los márgenes entre un 20 y un 25.

• Algunas estaciones venden por debajo del precio oficial hasta DOP 17 por galón. Este tipo de competencia desleal ocurre ante la vista de las autoridades, debilitando aún más al sector formal.

Ahora qué. El país enfrenta una decisión de alcance estructural: preservar una red operativa eficiente o permitir su deterioro progresivo. Ignorar los ajustes necesarios implicará una crisis silenciosa con impactos visibles a corto plazo.

• Si no se revisan los márgenes, muchas estaciones reducirán horarios o cerrarán operaciones, especialmente en zonas rurales y fronterizas.

• La inversión privada para expandir, modernizar o sostener la infraestructura energética quedará en pausa, afectando la competitividad nacional.

• La experiencia de países como Argentina, Guatemala y Haití demuestra que congelar márgenes lleva al caos y desarma redes de suministro.