La carretera CA-9, un eje fundamental para la economía guatemalteca, enfrenta un estancamiento legislativo. Financiada por el BID y el AECID-FONPRODE con un total de USD 175M, busca transformar un corredor esencial para el comercio y la logística nacional en una vía de cuatro carriles.
En perspectiva. Guatemala se ve afectada por una infraestructura vial deficiente que eleva costos logísticos y limita competitividad internacional. El tramo CA-9 Norte, que conecta centros de producción con puertos en el Atlántico, es un cuello de botella con solo un carril por sentido. Esto ocasiona altos niveles de congestión y accidentes.
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La necesidad de esta ampliación se hace más evidente al considerar que el tráfico diario oscila entre 13 000 y 20 000 vehículos.
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La congestión afecta a la eficiencia de las exportaciones e incrementa los riesgos y costos asociados a accidentes.
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Por esta razón el proyecto del BID pretende ampliar y mejorar 35 km, de El Rancho a Teculután. Esto reduciría tiempos de viaje y precios de transporte.
Datos. El financiamiento del proyecto se estructura en un préstamo de USD 75M del BID y 100M del AECID-FONPRODE. Adicionalmente, se cuenta con una donación de USD 450 000 destinada a garantizar la calidad y seguridad en la ejecución de las obras.
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El CIV es el ente ejecutor. El plazo es de cinco años. Y la tasa interna de retorno económico es de 26.3 %
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El directorio del BID ya aprobó el proyecto en 2023. Está a la espera de que la Comisión de Finanzas del Congreso dé luz verde para su ejecución.
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De acuerdo con la entidad, esta planificación asegura la expansión de la carretera y la inclusión de modernas prácticas de construcción y mantenimiento. Estas extenderán la vida útil de la infraestructura y mejorarán la seguridad vial.
Qué destacar. Una vez completado se reduciría entre un 30 y un 50 % el tiempo de viaje en el respectivo tramo. Se beneficiará a usuarios y empresas, ya que se espera una disminución del 35 % en los costos de operación vehicular para camiones y un 15 para automóviles.
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Además de los beneficios directos en tiempos y costos, la expansión mejorará la conectividad con mercados clave en EE. UU. y Europa.
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Se facilitará el acceso a la CA-14 mejorando las oportunidades de comercio y empleo en los departamentos de El Progreso y Zacapa. Serán beneficiadas unas 450 000 personas de forma directa.
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También contribuirá a reconvertir la zona agrícola del nororiente, con mejores condiciones para el desarrollo de negocios y calidad de vida de cientos de miles de guatemaltecos.
Entre líneas. Esta mejora en la infraestructura llevaría a un aumento de la competitividad para miles de empresas que dependen de esta ruta. Asimismo, podría ser positivo para la inversión extranjera.
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Influiría en la atracción de IED al proyectar una imagen comprometida con el mejoramiento continuo de la capacidad logística y de transporte.
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Al ser el principal corredor hacia los puertos del Atlántico, la eficiencia atraería inversiones en sectores clave como agricultura, manufactura y servicios. Se fomentaría así un ambiente más propicio para negocios locales y extranjeros.
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Guatemala sería un destino más atractivo. Sólidas infraestructuras son un componente trascendental para la inversión a largo plazo.
En conclusión. Esta iniciativa se encuentra a la espera de la aprobación del Congreso. Anteayer, 17 de septiembre, se realizó la primera lectura.
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Esta parálisis amenaza el desarrollo económico y frustra —una vez más— los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida y el comercio.
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La inacción eterniza los problemas de congestión y seguridad vial, exacerbando desafíos socioeconómicos en las regiones afectadas.
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Su expansión es una necesidad logística, a la vez que, una oportunidad estratégica para fortalecer la economía. El Congreso debe responder con decisión y visión, asegurando que Guatemala mejore su infraestructura vial y posición en el mercado internacional.
La carretera CA-9, un eje fundamental para la economía guatemalteca, enfrenta un estancamiento legislativo. Financiada por el BID y el AECID-FONPRODE con un total de USD 175M, busca transformar un corredor esencial para el comercio y la logística nacional en una vía de cuatro carriles.
En perspectiva. Guatemala se ve afectada por una infraestructura vial deficiente que eleva costos logísticos y limita competitividad internacional. El tramo CA-9 Norte, que conecta centros de producción con puertos en el Atlántico, es un cuello de botella con solo un carril por sentido. Esto ocasiona altos niveles de congestión y accidentes.
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La necesidad de esta ampliación se hace más evidente al considerar que el tráfico diario oscila entre 13 000 y 20 000 vehículos.
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La congestión afecta a la eficiencia de las exportaciones e incrementa los riesgos y costos asociados a accidentes.
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Por esta razón el proyecto del BID pretende ampliar y mejorar 35 km, de El Rancho a Teculután. Esto reduciría tiempos de viaje y precios de transporte.
Datos. El financiamiento del proyecto se estructura en un préstamo de USD 75M del BID y 100M del AECID-FONPRODE. Adicionalmente, se cuenta con una donación de USD 450 000 destinada a garantizar la calidad y seguridad en la ejecución de las obras.
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El CIV es el ente ejecutor. El plazo es de cinco años. Y la tasa interna de retorno económico es de 26.3 %
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El directorio del BID ya aprobó el proyecto en 2023. Está a la espera de que la Comisión de Finanzas del Congreso dé luz verde para su ejecución.
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De acuerdo con la entidad, esta planificación asegura la expansión de la carretera y la inclusión de modernas prácticas de construcción y mantenimiento. Estas extenderán la vida útil de la infraestructura y mejorarán la seguridad vial.
Qué destacar. Una vez completado se reduciría entre un 30 y un 50 % el tiempo de viaje en el respectivo tramo. Se beneficiará a usuarios y empresas, ya que se espera una disminución del 35 % en los costos de operación vehicular para camiones y un 15 para automóviles.
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Además de los beneficios directos en tiempos y costos, la expansión mejorará la conectividad con mercados clave en EE. UU. y Europa.
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Se facilitará el acceso a la CA-14 mejorando las oportunidades de comercio y empleo en los departamentos de El Progreso y Zacapa. Serán beneficiadas unas 450 000 personas de forma directa.
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También contribuirá a reconvertir la zona agrícola del nororiente, con mejores condiciones para el desarrollo de negocios y calidad de vida de cientos de miles de guatemaltecos.
Entre líneas. Esta mejora en la infraestructura llevaría a un aumento de la competitividad para miles de empresas que dependen de esta ruta. Asimismo, podría ser positivo para la inversión extranjera.
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Influiría en la atracción de IED al proyectar una imagen comprometida con el mejoramiento continuo de la capacidad logística y de transporte.
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Al ser el principal corredor hacia los puertos del Atlántico, la eficiencia atraería inversiones en sectores clave como agricultura, manufactura y servicios. Se fomentaría así un ambiente más propicio para negocios locales y extranjeros.
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Guatemala sería un destino más atractivo. Sólidas infraestructuras son un componente trascendental para la inversión a largo plazo.
En conclusión. Esta iniciativa se encuentra a la espera de la aprobación del Congreso. Anteayer, 17 de septiembre, se realizó la primera lectura.
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Esta parálisis amenaza el desarrollo económico y frustra —una vez más— los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida y el comercio.
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La inacción eterniza los problemas de congestión y seguridad vial, exacerbando desafíos socioeconómicos en las regiones afectadas.
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Su expansión es una necesidad logística, a la vez que, una oportunidad estratégica para fortalecer la economía. El Congreso debe responder con decisión y visión, asegurando que Guatemala mejore su infraestructura vial y posición en el mercado internacional.