El crecimiento económico de Guatemala ha oscilado alrededor del 3.5 % en las últimas dos décadas. Es una cifra que, aunque positiva en comparación con la región, demuestra ser insuficiente para superar los desafíos estructurales.
En perspectiva. Álvaro González Ricci, presidente del BANGUAT, durante su conferencia en el XIX Congreso Industrial de la CIG enfatizó la necesidad de elevar la inversión en infraestructura para robustecer la economía.
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“Si bien Guatemala ha crecido más que Latinoamérica en general, este 3.5 % no es suficiente para convertirnos en un país competitivo a nivel global,” subrayó.
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Destacó que para lograr un crecimiento del PIB superior al 5 % se debe redirigir esfuerzos hacia inversión en infraestructura vial, puertos y telecomunicaciones. Estos sectores tienen un impacto multiplicador en la economía a corto y mediano plazo.
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Según el profesional, este esfuerzo no puede ser llevado a cabo solo por el gobierno; la iniciativa privada debe ser la protagonista.
Entre líneas. La situación actual de infraestructura es crítica. De acuerdo con los datos presentados la red vial es limitada y de baja calidad.
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Comparado con Costa Rica, donde hay 8.5 m de carretera por km2, Guatemala solo tiene 1 por la misma distancia. Esto limita la movilidad y el comercio.
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“Es imposible atraer IED si nuestras carreteras y puertos no cumplen con los estándares internacionales,” añadió el presidente del BANGUAT.
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Agregó que la importancia de invertir en estos sectores radica en mejorar conectividad y productividad, generar empleos y bienestar.
Qué destacar. Uno de los puntos clave que enfatizó fue que el sector público, por sí solo, no puede generar el crecimiento requerido.
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“El Gobierno no es el motor del desarrollo; es el sector privado quien debe liderar el proceso,” afirmó.
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Explicó que compete al Estado el rol fundamental de crear un marco jurídico adecuado, garantizar estabilidad y facilitar los permisos necesarios para que el privado pueda invertir. Sin la participación del sector empresarial, el país seguirá limitado por las restricciones fiscales.
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Añadió que para alcanzar un crecimiento del 5 %, se necesitarían inversiones anuales de unos USD 6 000M. De este monto, el Ejecutivo solo puede aportar una tercera parte. El sector privado debe asumir el resto.
En el radar. González Ricci reiteró que el crecimiento depende directamente de las decisiones que tome el sector privado en cuanto a inversión en áreas de infraestructura estratégicas.
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Las alianzas público-privadas son una herramienta esencial para financiar proyectos de importancia.
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“Estas permiten que el privado participe en la financiación de proyectos que el Gobierno no puede cubrir con sus propios recursos,” comentó.
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Estas alianzas, bien estructuradas, generan beneficios para ambas partes. El sector empresarial obtiene retornos sobre su inversión y el país recibe infraestructura de calidad sin sobrecargar las finanzas públicas.
Visto y no visto. Abordó la necesidad de que el Legislativo apruebe una nueva ley que facilite la creación de APP. Explicó que, pese a existir proyectos prioritarios, muchos de ellos están detenidos por la falta de un marco legal que permita atraer inversión privada.
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“El Congreso tiene en sus manos la oportunidad de destrabar miles de millones en inversión que podrían transformar nuestra economía,” afirmó.
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Uno de los ejemplos más claros de esta parálisis es la Ley de Infraestructura Vial, un proyecto clave que lleva años esperando aprobación. Según González Ricci, permitiría agilizar la construcción de carreteras, puertos y otras obras públicas a través de APP.
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“No podemos seguir funcionando con una ley obsoleta que retrasa proyectos esenciales. Las APP son el futuro del desarrollo, pero necesitamos un marco legal moderno y eficiente que facilite su implementación”.
Balance. El funcionario destacó que Guatemala se encuentra en un momento clave para impulsar su competitividad a través de la inversión en infraestructura.
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La inflación está controlada, el crédito bancario es dinámico y las remesas continúan creciendo. Esto genera un entorno propicio para el crecimiento.
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De no ser aprobadas las reformas necesarias y no atraer inversión privada, se corre el riesgo de seguir creciendo al 3.5 %. Esto es insuficiente para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
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“El futuro depende de la capacidad de los sectores público y privado para trabajar en conjunto y generar un entorno favorable”, concluyó.
El crecimiento económico de Guatemala ha oscilado alrededor del 3.5 % en las últimas dos décadas. Es una cifra que, aunque positiva en comparación con la región, demuestra ser insuficiente para superar los desafíos estructurales.
En perspectiva. Álvaro González Ricci, presidente del BANGUAT, durante su conferencia en el XIX Congreso Industrial de la CIG enfatizó la necesidad de elevar la inversión en infraestructura para robustecer la economía.
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“Si bien Guatemala ha crecido más que Latinoamérica en general, este 3.5 % no es suficiente para convertirnos en un país competitivo a nivel global,” subrayó.
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Destacó que para lograr un crecimiento del PIB superior al 5 % se debe redirigir esfuerzos hacia inversión en infraestructura vial, puertos y telecomunicaciones. Estos sectores tienen un impacto multiplicador en la economía a corto y mediano plazo.
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Según el profesional, este esfuerzo no puede ser llevado a cabo solo por el gobierno; la iniciativa privada debe ser la protagonista.
Entre líneas. La situación actual de infraestructura es crítica. De acuerdo con los datos presentados la red vial es limitada y de baja calidad.
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Comparado con Costa Rica, donde hay 8.5 m de carretera por km2, Guatemala solo tiene 1 por la misma distancia. Esto limita la movilidad y el comercio.
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“Es imposible atraer IED si nuestras carreteras y puertos no cumplen con los estándares internacionales,” añadió el presidente del BANGUAT.
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Agregó que la importancia de invertir en estos sectores radica en mejorar conectividad y productividad, generar empleos y bienestar.
Qué destacar. Uno de los puntos clave que enfatizó fue que el sector público, por sí solo, no puede generar el crecimiento requerido.
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“El Gobierno no es el motor del desarrollo; es el sector privado quien debe liderar el proceso,” afirmó.
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Explicó que compete al Estado el rol fundamental de crear un marco jurídico adecuado, garantizar estabilidad y facilitar los permisos necesarios para que el privado pueda invertir. Sin la participación del sector empresarial, el país seguirá limitado por las restricciones fiscales.
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Añadió que para alcanzar un crecimiento del 5 %, se necesitarían inversiones anuales de unos USD 6 000M. De este monto, el Ejecutivo solo puede aportar una tercera parte. El sector privado debe asumir el resto.
En el radar. González Ricci reiteró que el crecimiento depende directamente de las decisiones que tome el sector privado en cuanto a inversión en áreas de infraestructura estratégicas.
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Las alianzas público-privadas son una herramienta esencial para financiar proyectos de importancia.
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“Estas permiten que el privado participe en la financiación de proyectos que el Gobierno no puede cubrir con sus propios recursos,” comentó.
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Estas alianzas, bien estructuradas, generan beneficios para ambas partes. El sector empresarial obtiene retornos sobre su inversión y el país recibe infraestructura de calidad sin sobrecargar las finanzas públicas.
Visto y no visto. Abordó la necesidad de que el Legislativo apruebe una nueva ley que facilite la creación de APP. Explicó que, pese a existir proyectos prioritarios, muchos de ellos están detenidos por la falta de un marco legal que permita atraer inversión privada.
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“El Congreso tiene en sus manos la oportunidad de destrabar miles de millones en inversión que podrían transformar nuestra economía,” afirmó.
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Uno de los ejemplos más claros de esta parálisis es la Ley de Infraestructura Vial, un proyecto clave que lleva años esperando aprobación. Según González Ricci, permitiría agilizar la construcción de carreteras, puertos y otras obras públicas a través de APP.
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“No podemos seguir funcionando con una ley obsoleta que retrasa proyectos esenciales. Las APP son el futuro del desarrollo, pero necesitamos un marco legal moderno y eficiente que facilite su implementación”.
Balance. El funcionario destacó que Guatemala se encuentra en un momento clave para impulsar su competitividad a través de la inversión en infraestructura.
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La inflación está controlada, el crédito bancario es dinámico y las remesas continúan creciendo. Esto genera un entorno propicio para el crecimiento.
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De no ser aprobadas las reformas necesarias y no atraer inversión privada, se corre el riesgo de seguir creciendo al 3.5 %. Esto es insuficiente para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
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“El futuro depende de la capacidad de los sectores público y privado para trabajar en conjunto y generar un entorno favorable”, concluyó.