Guatemala firmó un Acuerdo Recíproco de Aranceles con EE. UU., que evita extremos. El Gobierno lo presenta como señal de continuidad y previsibilidad, mientras que para el sector privado es un “aterrizaje controlado”, que combina alivio para una parte de la canasta exportadora, exposición para otra y una agenda interna pendiente.
Por qué importa. La negociación dejó poco margen para apuestas grandilocuentes. El resultado sostiene acceso para una parte relevante de las exportaciones y, para lo demás, fija un techo al recargo.
- El MINECO subraya que el acuerdo no reemplaza al DR-CAFTA. La ministra Gabriela García afirma que “no lo sustituye; lo complementa”, como mensaje para calmar al exportador y evitar lecturas de ruptura.
- El dato encausa la conversación hacia “el 70.4 % de las exportaciones ingresarán con arancel 0 %”. Ese dato define si un exportador duerme tranquilo. Además, protege gran parte de la canasta y oxigena los negocios dependientes de EE. UU.
- Para el grupo que queda fuera, el recargo adicional tiene techo máximo de un 10 %. No es para celebrar, pero permite planificar sin sobresaltos y ajustar precios y contratos con un peor escenario delimitado.
Visto y no visto. El alivio no es uniforme. El número oficial tranquiliza, pero el sector exportador pide contexto: quién queda cubierto y quién queda expuesto. Aquí se cruzan narrativa pública y realidad empresarial, sin tener un choque frontal.
- Francisco Ralda, presidente de AGEXPORT, lo resume sin dramatizar. Aclara que es “el 70 % de las exportaciones, no el 70 % de los productos”. Una precisión clave para entender por qué algunos rubros respiran y otros no.
- Ralda pone nombre a casos sensibles. Menciona melón, sandía y berries (hay más). Esos rubros quedan expuestos al 10 % y el diferencial pesa cuando se compite con países sin barreras arancelarias, como México.
- CIG “valora positivamente este avance”, pero también lista sectores “desfavorecidos”, como el de alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, manufacturas de hierro y acero, así como otros productos industriales.
Detrás de escena. Más allá de la conversación arancelaria, el acuerdo cambia cómo se comercia. Aquí coinciden Gobierno y el sector agro: el valor está en reglas y tiempos, si se implementan bien.
- CAMAGRO pone el foco en facilitación y productividad. Su directora ejecutiva, Carla Caballeros, reconoce el trabajo del “MINECO, Cancillería y la Embajada de Guatemala en EE. UU.”.
- FUNDESA se enfoca en el clima de negocios y empleo formal. Su director ejecutivo, Juan Carlos Zapata, dijo que la “firma compromete al Estado guatemalteco a facilitar el comercio”, insinuando menor burocracia y trámites digitales.
- El documento aboga por la facilitación del comercio, presentación anticipada de información aduanera y reglas SPS basadas en riesgo, que reducen fricción. Si la implementación acompaña, hay beneficio. Caso contrario, solo se ganó tiempo.
Balance. El acuerdo no es blanco o negro: es una mezcla de alivio y pendientes. EE. UU. apostó por acceso y reglas claras; Guatemala ganó un seguro comercial que mantiene abierto su principal mercado y limita riesgos, con sectores aún expuestos.
- El consenso mínimo existe. Gobierno, exportadores y agro coinciden en que el aterrizaje fue controlado y preferible a un escenario sin acuerdo. Ninguna voz, pública o privada, minimiza el logro del acuerdo comercial suscrito.
- AGEXPORT acompaña el logro y empuja una segunda fase para cerrar brechas donde el 10 % pesa. Su presidente plantea “compensadores” —fiscales, por ejemplo—. Los industriales exhortan a “continuar trabajando para que puedan recuperar y fortalecer su acceso”, refiriéndose a los suyos.
- CAMAGRO aporta el contrapeso productivo al destacar avances en facilitación fitosanitaria y biotecnología, y el énfasis en ejecutar bien. El asunto no concluye con “la firma”. CIG lo enfatiza así: “Se deben implementar, de forma urgente, acciones concretas y de corto plazo para cumplir los compromisos asumidos”.
Guatemala firmó un Acuerdo Recíproco de Aranceles con EE. UU., que evita extremos. El Gobierno lo presenta como señal de continuidad y previsibilidad, mientras que para el sector privado es un “aterrizaje controlado”, que combina alivio para una parte de la canasta exportadora, exposición para otra y una agenda interna pendiente.
Por qué importa. La negociación dejó poco margen para apuestas grandilocuentes. El resultado sostiene acceso para una parte relevante de las exportaciones y, para lo demás, fija un techo al recargo.
- El MINECO subraya que el acuerdo no reemplaza al DR-CAFTA. La ministra Gabriela García afirma que “no lo sustituye; lo complementa”, como mensaje para calmar al exportador y evitar lecturas de ruptura.
- El dato encausa la conversación hacia “el 70.4 % de las exportaciones ingresarán con arancel 0 %”. Ese dato define si un exportador duerme tranquilo. Además, protege gran parte de la canasta y oxigena los negocios dependientes de EE. UU.
- Para el grupo que queda fuera, el recargo adicional tiene techo máximo de un 10 %. No es para celebrar, pero permite planificar sin sobresaltos y ajustar precios y contratos con un peor escenario delimitado.
Visto y no visto. El alivio no es uniforme. El número oficial tranquiliza, pero el sector exportador pide contexto: quién queda cubierto y quién queda expuesto. Aquí se cruzan narrativa pública y realidad empresarial, sin tener un choque frontal.
- Francisco Ralda, presidente de AGEXPORT, lo resume sin dramatizar. Aclara que es “el 70 % de las exportaciones, no el 70 % de los productos”. Una precisión clave para entender por qué algunos rubros respiran y otros no.
- Ralda pone nombre a casos sensibles. Menciona melón, sandía y berries (hay más). Esos rubros quedan expuestos al 10 % y el diferencial pesa cuando se compite con países sin barreras arancelarias, como México.
- CIG “valora positivamente este avance”, pero también lista sectores “desfavorecidos”, como el de alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, manufacturas de hierro y acero, así como otros productos industriales.
Detrás de escena. Más allá de la conversación arancelaria, el acuerdo cambia cómo se comercia. Aquí coinciden Gobierno y el sector agro: el valor está en reglas y tiempos, si se implementan bien.
- CAMAGRO pone el foco en facilitación y productividad. Su directora ejecutiva, Carla Caballeros, reconoce el trabajo del “MINECO, Cancillería y la Embajada de Guatemala en EE. UU.”.
- FUNDESA se enfoca en el clima de negocios y empleo formal. Su director ejecutivo, Juan Carlos Zapata, dijo que la “firma compromete al Estado guatemalteco a facilitar el comercio”, insinuando menor burocracia y trámites digitales.
- El documento aboga por la facilitación del comercio, presentación anticipada de información aduanera y reglas SPS basadas en riesgo, que reducen fricción. Si la implementación acompaña, hay beneficio. Caso contrario, solo se ganó tiempo.
Balance. El acuerdo no es blanco o negro: es una mezcla de alivio y pendientes. EE. UU. apostó por acceso y reglas claras; Guatemala ganó un seguro comercial que mantiene abierto su principal mercado y limita riesgos, con sectores aún expuestos.
- El consenso mínimo existe. Gobierno, exportadores y agro coinciden en que el aterrizaje fue controlado y preferible a un escenario sin acuerdo. Ninguna voz, pública o privada, minimiza el logro del acuerdo comercial suscrito.
- AGEXPORT acompaña el logro y empuja una segunda fase para cerrar brechas donde el 10 % pesa. Su presidente plantea “compensadores” —fiscales, por ejemplo—. Los industriales exhortan a “continuar trabajando para que puedan recuperar y fortalecer su acceso”, refiriéndose a los suyos.
- CAMAGRO aporta el contrapeso productivo al destacar avances en facilitación fitosanitaria y biotecnología, y el énfasis en ejecutar bien. El asunto no concluye con “la firma”. CIG lo enfatiza así: “Se deben implementar, de forma urgente, acciones concretas y de corto plazo para cumplir los compromisos asumidos”.
