A partir de la crisis política que ha vivido el país se ha reavivado el debate de cómo evitar los malos manejos y la corrupción. La población se ha pronunciado para propiciar reformas encaminadas a reestructurar el Estado, siendo una de ellas las compras y contrataciones del Estado.
El sector empresarial organizado afirma que solo la cultura de la legalidad puede liberarnos, por lo que urgen las reformas la Ley de compras y contrataciones.
Como consecuencia de estas demandas, la mesa de trabajo del Congreso de la República que analiza este tema presentó una iniciativa que busca reformar dicha Ley de compras y contrataciones. La iniciativa se elaboró con propuestas técnicas presentadas por 90 entidades de la sociedad civil.
Esto es parte de un acuerdo contra la corrupción con el cual se formaron en junio pasado cuatro mesas de trabajo para atender las demandas sociales. De esa cuenta según Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) los cambios en esta importante ley serán otro logro de las manifestaciones pacíficas que se dieron de abril a septiembre de este año.
Barrientos señala que aunque las reformas no se aprobarán este martes, considera que en una semana estarán listas las enmiendas pedidas por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), las cuales considera atinadas.
Debe cambiar después de más de dos décadas
Esta ley está en vigencia desde hace 23 años concebida como un instrumento para contratar obra pública. A lo largo de los años se le han hecho unas siete modificaciones para ajustarla también para hacer compras.
Uno de los problemas más graves que presenta es que permite hacer compras de forma directa. Según la mesa legislativa encargada del tema, se calcula que solo durante la gestión del expresidente Otto Pérez Molina se hicieron 76 mil transacciones de esta forma.
En esencia y en resumen, lo que buscan con las reformas es normar todas las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos y o cualquier otra modalidad para Organismos del Estado, municipalidades, entidades o empresas, ONG y fideicomisos.
También se menciona que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe publicar mensualmente en Guatecompras los precios, salarios e índices que se requieran. Las Juntas de cotización, licitación y calificación tendrán que ser expertos en el tema. Los fraccionamientos con un mismo proveedor quedarían prohibidos.
Otros cambios son que se ampliará el ámbito de aplicación a los sujetos que se regularán a dicha normativa, el portal de Guatecompras tendrá un reconocimiento legal, se regula la participación de las Juntas de Cotización, licitación y calificación, además de limitarán las compras por excepción.
Algo que ha llamado la atención es que se establece la modalidad de subasta inversa con la que se quiere que los oferentes presenten sus propuestas de forma electrónica, pública y en tiempo real. Se contrataría la oferta más baja.
Las reformas incluyen además que el pago a proveedores deberá priorizarse por antigüedad, la prórroga contractual se permitirá sólo una vez, será prohibido contratar a financistas de organizaciones políticas o compaña electoral, así como fraccionar las compras.
¿Serán suficientes los cambios propuestos?
Según Barrientos el sistema guatemalteco de adquisiciones estatales requiere una reforma integral y profunda. Por esa razón Icefi afirma que se requiere una ley de adquisiciones estatales nueva, además de otras reformas en varias leyes e instituciones. Incluso consideran necesaria la implementación de una Superintendencia de Adquisiciones Públicas, por ejemplo.
También manifiestan que la mencionada mesa de trabajo para reformar la Ley de Contrataciones del Estado convocada por el Congreso en junio pasado fue un espacio de muy corto plazo. Sin embargo, reconocen que la mesa fue una oportunidad para impulsar reformas de carácter prioritario y estratégico a la Ley de contrataciones del Estado actualmente vigente.
Por su parte Carlos Ciguenza, de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), también considera que el tiempo que se tuvo para trabajar fue muy poco. “Las reformas presentadas fueron las que lograron consenso y acuerdos en el tiempo que se tenía para trabajar, pues había una fecha límite”, explica el analista.
Considera que el resultado es positivo porque así se empieza a trabajar y a cambiar el panorama del país en este tema. Sin embargo opina que hace falta mucho trabajo por hacer pues “el mundo” de las contrataciones del estado es complejo.
Ciguenza señala que son muchos los temas que habría que discutir en otro ejercicio de revisión, discusión y reforma. Menciona el fortalecimiento institucional, propiciar procesos que sean eficientes pero también fiscalizables, reglas básicas para las compras y contrataciones en casos de excepción, los arrendamientos que hace el Estado, compras de medicamentos y los contratos abiertos.
“Aunque falta, con las reformas que se aprobarán pronto se empieza el camino hacia cambios mayores”, finaliza.
A partir de la crisis política que ha vivido el país se ha reavivado el debate de cómo evitar los malos manejos y la corrupción. La población se ha pronunciado para propiciar reformas encaminadas a reestructurar el Estado, siendo una de ellas las compras y contrataciones del Estado.
El sector empresarial organizado afirma que solo la cultura de la legalidad puede liberarnos, por lo que urgen las reformas la Ley de compras y contrataciones.
Como consecuencia de estas demandas, la mesa de trabajo del Congreso de la República que analiza este tema presentó una iniciativa que busca reformar dicha Ley de compras y contrataciones. La iniciativa se elaboró con propuestas técnicas presentadas por 90 entidades de la sociedad civil.
Esto es parte de un acuerdo contra la corrupción con el cual se formaron en junio pasado cuatro mesas de trabajo para atender las demandas sociales. De esa cuenta según Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) los cambios en esta importante ley serán otro logro de las manifestaciones pacíficas que se dieron de abril a septiembre de este año.
Barrientos señala que aunque las reformas no se aprobarán este martes, considera que en una semana estarán listas las enmiendas pedidas por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), las cuales considera atinadas.
Debe cambiar después de más de dos décadas
Esta ley está en vigencia desde hace 23 años concebida como un instrumento para contratar obra pública. A lo largo de los años se le han hecho unas siete modificaciones para ajustarla también para hacer compras.
Uno de los problemas más graves que presenta es que permite hacer compras de forma directa. Según la mesa legislativa encargada del tema, se calcula que solo durante la gestión del expresidente Otto Pérez Molina se hicieron 76 mil transacciones de esta forma.
En esencia y en resumen, lo que buscan con las reformas es normar todas las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos y o cualquier otra modalidad para Organismos del Estado, municipalidades, entidades o empresas, ONG y fideicomisos.
También se menciona que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe publicar mensualmente en Guatecompras los precios, salarios e índices que se requieran. Las Juntas de cotización, licitación y calificación tendrán que ser expertos en el tema. Los fraccionamientos con un mismo proveedor quedarían prohibidos.
Otros cambios son que se ampliará el ámbito de aplicación a los sujetos que se regularán a dicha normativa, el portal de Guatecompras tendrá un reconocimiento legal, se regula la participación de las Juntas de Cotización, licitación y calificación, además de limitarán las compras por excepción.
Algo que ha llamado la atención es que se establece la modalidad de subasta inversa con la que se quiere que los oferentes presenten sus propuestas de forma electrónica, pública y en tiempo real. Se contrataría la oferta más baja.
Las reformas incluyen además que el pago a proveedores deberá priorizarse por antigüedad, la prórroga contractual se permitirá sólo una vez, será prohibido contratar a financistas de organizaciones políticas o compaña electoral, así como fraccionar las compras.
¿Serán suficientes los cambios propuestos?
Según Barrientos el sistema guatemalteco de adquisiciones estatales requiere una reforma integral y profunda. Por esa razón Icefi afirma que se requiere una ley de adquisiciones estatales nueva, además de otras reformas en varias leyes e instituciones. Incluso consideran necesaria la implementación de una Superintendencia de Adquisiciones Públicas, por ejemplo.
También manifiestan que la mencionada mesa de trabajo para reformar la Ley de Contrataciones del Estado convocada por el Congreso en junio pasado fue un espacio de muy corto plazo. Sin embargo, reconocen que la mesa fue una oportunidad para impulsar reformas de carácter prioritario y estratégico a la Ley de contrataciones del Estado actualmente vigente.
Por su parte Carlos Ciguenza, de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), también considera que el tiempo que se tuvo para trabajar fue muy poco. “Las reformas presentadas fueron las que lograron consenso y acuerdos en el tiempo que se tenía para trabajar, pues había una fecha límite”, explica el analista.
Considera que el resultado es positivo porque así se empieza a trabajar y a cambiar el panorama del país en este tema. Sin embargo opina que hace falta mucho trabajo por hacer pues “el mundo” de las contrataciones del estado es complejo.
Ciguenza señala que son muchos los temas que habría que discutir en otro ejercicio de revisión, discusión y reforma. Menciona el fortalecimiento institucional, propiciar procesos que sean eficientes pero también fiscalizables, reglas básicas para las compras y contrataciones en casos de excepción, los arrendamientos que hace el Estado, compras de medicamentos y los contratos abiertos.
“Aunque falta, con las reformas que se aprobarán pronto se empieza el camino hacia cambios mayores”, finaliza.