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Trámites aún más lentos

.
Lisardo Bolaños |
15 de mayo, 2025

¿Quién está exigiendo el cumplimiento de la Ley Antitrámites en el Gobierno?

El Ministerio de Ambiente ha empeorado en los tiempos de resolución de los trámites. Lo mismo ha sucedido con el Ministerio de Salud.  A pesar de que existen manuales claros, con tiempos definidos, al amparo de la Ley Antitrámites, la situación ha empeorado en el año 2025.

La Ventanilla Ágil de la Construcción, mecanismo que surge al amparo de la Ley Antitrámites, define en su manual operativo 80 días para la resolución de las licencias categoría B1, pero como se ve en la Gráfica 1, actualmente toma 130 días. En promedio, en el 2023, llegó a tomar 72 días.

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Por su parte, el Ministerio de Salud se tarda 81 días, cuando en el manual el tiempo del trámite dura 16.

¿Quién está siendo sancionado? ¿Qué medidas están tomando las autoridades?

Gráfica 1. El tiempo promedio para resolver licencias ambientales categoría B1 por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha empeorado (2022-2025).

Fuente: Ventanilla Ágil de la Construcción (2025).

Los retrasos evidencian que, para cumplir con la Ley Antitrámites, el reto va más allá de la aprobación de la reforma a los reglamentos y a los manuales operativos. El problema de implementación de la simplificación y digitalización es la falta de seguimiento del Ejecutivo al cumplimiento de la Ley. Como bien dice el dicho: el ojo del amo engorda el ganado. Y este ganado está flaco de resultados.

Además, está la necesidad de tener infraestructura y equipos para la digitalización. Y, allí, el Ministerio de Finanzas debió haber ya planteado la reforma al Reglamento de la Ley de Contrataciones: los límites para contratación internacional de la nube o la compra de equipos debiera hacerse a nivel internacional dado el volumen que requiere el Estado. Pero hoy, ese reglamento, en su artículo 33, no permite lo que la Ley sí, en su artículo 44 literal c).

El problema de implementación de la simplificación y digitalización es la falta de seguimiento del Ejecutivo al cumplimiento de la Ley. Como bien dice el dicho: el ojo del amo engorda el ganado.

Además de lo mencionado arriba, aún siguen vigentes las recomendaciones de hace un año:

  • Aprobar el reglamento de la Ley que deje claras las instancias de coordinación y los mecanismos de seguimiento, así como de interoperabilidad de los sistemas. El reglamento sigue sin ser aprobado un año después.
  • Coordinar las acciones de los entes responsables: MINECO y GAE. Yo ahora agregaría, incluir en esa coordinación a: la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia, especialmente en lo que se refiere a la aprobación de las reformas a los acuerdos gubernativos que se requiere para que los trámites cumplan con la Ley. Esto, no se puede delegar a técnicos o directores. Debe ser una responsabilidad de alto nivel.
  • Oír a los usuarios. El problema lo sufren los usuarios. Ellos deben estar en el corazón del rediseño de los procesos y de los sistemas informáticos. No debemos caer en la trampa de que esto se hace solo con el objeto de cumplir con la Ley o facilitarle el trabajo a los directores o ministros. Guatemala No Se Detiene ha insistido en trabajar con el Ejecutivo en estos temas, aportando el enfoque de los usuarios, pero no ha existido disposición a ello, a pesar de que la misma ley considera una infracción el “omitir la implementación de mecanismos para permitir la participación ciudadana previo a la modificación de trámites administrativos”, artículo 36, numeral 8.
  • Aprender de los buenos ejemplos. No solo es de Uruguay y Estonia. También de ejemplos cercanos como República Dominicana, con su expediente educativo virtual, o la Ventanilla de Trámites de El Salvador.
  • Avanzar en la reforma regulatoria. Hay muchos Acuerdos Gubernativos, Acuerdos Ministeriales, así como manuales operativos que necesitan ser reformados para cumplir con la simplificación y digitalización deseada.
  • MINFIN debe poner los recursos a disponibilidad para la contratación de equipos, de sistemas, de personal y de servicios de digitalización de expedientes. A la vez, los ministros deben de tomar las decisiones correspondientes. Sería conveniente tener un clasificador específico para poder comprender si realmente existe asignación para simplificar y digitalizar al sector público.
  • Contratar ingenieros industriales que puedan proveer un apoyo importante en la definición de los procesos. Esto no se resuelve solo oyendo a economistas, abogados o administradores.
  • Apoyar propuestas como la construcción de una pasarela de pagos para el sector público, desde el Banco de Guatemala, como se ha platicado ya en distintas instancias en los últimos dos meses. Ya existe capacidad en el Banco de Guatemala para transacciones grandes. Esto debiera ser una prioridad para que los miembros de la Junta Monetaria lo soliciten.
  • Aprender a trabajar y a pensar con manuales operativos. Este es el corazón de la administración pública. Esto es lo que genera certeza jurídica porque clarifica qué se hace, de qué manera, en qué tiempos y bajo qué criterios. No se trata solo de crear páginas de Internet. Sin manuales, el sistema no se opera solo.

Trámites aún más lentos

Lisardo Bolaños |
15 de mayo, 2025
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¿Quién está exigiendo el cumplimiento de la Ley Antitrámites en el Gobierno?

El Ministerio de Ambiente ha empeorado en los tiempos de resolución de los trámites. Lo mismo ha sucedido con el Ministerio de Salud.  A pesar de que existen manuales claros, con tiempos definidos, al amparo de la Ley Antitrámites, la situación ha empeorado en el año 2025.

La Ventanilla Ágil de la Construcción, mecanismo que surge al amparo de la Ley Antitrámites, define en su manual operativo 80 días para la resolución de las licencias categoría B1, pero como se ve en la Gráfica 1, actualmente toma 130 días. En promedio, en el 2023, llegó a tomar 72 días.

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Por su parte, el Ministerio de Salud se tarda 81 días, cuando en el manual el tiempo del trámite dura 16.

¿Quién está siendo sancionado? ¿Qué medidas están tomando las autoridades?

Gráfica 1. El tiempo promedio para resolver licencias ambientales categoría B1 por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha empeorado (2022-2025).

Fuente: Ventanilla Ágil de la Construcción (2025).

Los retrasos evidencian que, para cumplir con la Ley Antitrámites, el reto va más allá de la aprobación de la reforma a los reglamentos y a los manuales operativos. El problema de implementación de la simplificación y digitalización es la falta de seguimiento del Ejecutivo al cumplimiento de la Ley. Como bien dice el dicho: el ojo del amo engorda el ganado. Y este ganado está flaco de resultados.

Además, está la necesidad de tener infraestructura y equipos para la digitalización. Y, allí, el Ministerio de Finanzas debió haber ya planteado la reforma al Reglamento de la Ley de Contrataciones: los límites para contratación internacional de la nube o la compra de equipos debiera hacerse a nivel internacional dado el volumen que requiere el Estado. Pero hoy, ese reglamento, en su artículo 33, no permite lo que la Ley sí, en su artículo 44 literal c).

El problema de implementación de la simplificación y digitalización es la falta de seguimiento del Ejecutivo al cumplimiento de la Ley. Como bien dice el dicho: el ojo del amo engorda el ganado.

Además de lo mencionado arriba, aún siguen vigentes las recomendaciones de hace un año:

  • Aprobar el reglamento de la Ley que deje claras las instancias de coordinación y los mecanismos de seguimiento, así como de interoperabilidad de los sistemas. El reglamento sigue sin ser aprobado un año después.
  • Coordinar las acciones de los entes responsables: MINECO y GAE. Yo ahora agregaría, incluir en esa coordinación a: la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia, especialmente en lo que se refiere a la aprobación de las reformas a los acuerdos gubernativos que se requiere para que los trámites cumplan con la Ley. Esto, no se puede delegar a técnicos o directores. Debe ser una responsabilidad de alto nivel.
  • Oír a los usuarios. El problema lo sufren los usuarios. Ellos deben estar en el corazón del rediseño de los procesos y de los sistemas informáticos. No debemos caer en la trampa de que esto se hace solo con el objeto de cumplir con la Ley o facilitarle el trabajo a los directores o ministros. Guatemala No Se Detiene ha insistido en trabajar con el Ejecutivo en estos temas, aportando el enfoque de los usuarios, pero no ha existido disposición a ello, a pesar de que la misma ley considera una infracción el “omitir la implementación de mecanismos para permitir la participación ciudadana previo a la modificación de trámites administrativos”, artículo 36, numeral 8.
  • Aprender de los buenos ejemplos. No solo es de Uruguay y Estonia. También de ejemplos cercanos como República Dominicana, con su expediente educativo virtual, o la Ventanilla de Trámites de El Salvador.
  • Avanzar en la reforma regulatoria. Hay muchos Acuerdos Gubernativos, Acuerdos Ministeriales, así como manuales operativos que necesitan ser reformados para cumplir con la simplificación y digitalización deseada.
  • MINFIN debe poner los recursos a disponibilidad para la contratación de equipos, de sistemas, de personal y de servicios de digitalización de expedientes. A la vez, los ministros deben de tomar las decisiones correspondientes. Sería conveniente tener un clasificador específico para poder comprender si realmente existe asignación para simplificar y digitalizar al sector público.
  • Contratar ingenieros industriales que puedan proveer un apoyo importante en la definición de los procesos. Esto no se resuelve solo oyendo a economistas, abogados o administradores.
  • Apoyar propuestas como la construcción de una pasarela de pagos para el sector público, desde el Banco de Guatemala, como se ha platicado ya en distintas instancias en los últimos dos meses. Ya existe capacidad en el Banco de Guatemala para transacciones grandes. Esto debiera ser una prioridad para que los miembros de la Junta Monetaria lo soliciten.
  • Aprender a trabajar y a pensar con manuales operativos. Este es el corazón de la administración pública. Esto es lo que genera certeza jurídica porque clarifica qué se hace, de qué manera, en qué tiempos y bajo qué criterios. No se trata solo de crear páginas de Internet. Sin manuales, el sistema no se opera solo.

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