EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Trámites más lentos, ¿y la Ley Antitrámites?
¿Qué podría hacer el Gobierno para cumplir con la Ley Antitrámites y empezar a generar mejor atención a los ciudadanos en la resolución de los trámites que le corresponden?
A la fecha, existe la percepción generalizada de que este Gobierno ha retrocedido en su capacidad de respuesta para los trámites normales, especialmente en tres entidades: Ministerio de Ambiente, CONRED y Ministerio de Salud. El problema es que esta percepción es difícil medir: ¿es un rumor, es problema de un expediente o es un problema generalizado?
Para confirmar esta percepción, pedí el apoyo de la Ventanilla Ágil de la Construcción (VAC), un ejemplo de colaboración público-privado, para impulsar la simplificación y digitalización del sector público. Vía la VAC podemos tener información del desempeño no de uno sino de decenas de expedientes.
¿Qué nos dice la información de la VAC? Que incluso en la VAC, con obligaciones explícitas de procesos y tiempos en un manual operativo interinstitucional, estas entidades están retrocediendo en su desempeño. Las gráficas siguientes nos muestran cómo la distribución de los tiempos de resolución se ha empeorado (la línea naranja muestra una cola derecha mayor que la línea azul). Es fácil imaginar entonces cómo, cuando se realiza el “proceso normal”, sin digitalización, sin simplificación, sin manuales operativos, sin seguimiento, sin acompañamiento, los tiempos deben haber empeorado aún más.
Ministerio de Ambiente: pasó de resolver la licencia B1 de 57 a 85 días promedio.
Ministerio de Ambiente: pasó de resolver la licencia B2 de 38 a 61 días promedio.
CONRED: pasó de resolver expedientes de 30 a 49 días promedio
Ministerio de Salud: pasó de resolver expedientes de 29 a 49 días promedio
Estos retrocesos notables en la gestión de expedientes van en la dirección opuesta al espíritu de la ley Antitrámites aprobada en el 2021. Su objetivo es que los trámites sean más simples de cumplir y que se digitalicen los mismos. Para garantizar dicho propósito, la Ley incluyó una fecha límite con un incentivo particular: si a agosto 2024 no se han digitalizado los trámites, la institución a cargo podría tener un problema financiero en sus manos: no podrá cobrar los aranceles por dicho trámite. Un análisis preliminar arroja que el monto puede ser significativo para varias entidades. Los ingresos en riesgo para el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía estarían alrededor del 18%, mientras para el Ministerio de Trabajo, dejando a un lado las transferencias al adulto mayor, equivalen al 37% de su presupuesto.
¿Qué podría hacer el Gobierno para cumplir con la Ley Antitrámites y empezar a generar mejor atención a los ciudadanos en la resolución de los trámites que le corresponden? Pongo algunas ideas en la mesa:
- Aprobar el reglamento de la Ley que deje claras las instancias de coordinación y los mecanismos de seguimiento, así como de interoperabilidad de los sistemas.
- Coordinar las acciones de los entes responsables: MINECO y GAE.
- Oír a los usuarios. El problema lo sufren los usuarios. Ellos deben estar en el corazón del rediseño de los procesos y de los sistemas informáticos. No debemos caer en la trampa de que esto se hace sólo con el objeto de cumplir con la Ley o facilitarle el trabajo a los Directores o Ministros.
- Aprender de los buenos ejemplos. No sólo es de Uruguay y Estonia. También de ejemplos cercanos como República Dominicana con su expediente educativo virtual, o la ventanilla de Trámites de El Salvador.
- Avanzar en la reforma regulatoria. Hay muchos Acuerdos Gubernativos, Acuerdo Ministeriales, así como manuales operativos que necesitan ser reformados para cumplir con la simplificación y digitalización deseada.
- MINFIN debe poner los recursos a disponibilidad para la contratación de equipos, de sistemas, de personal y de servicios de digitalización de expedientes. A la vez, los Ministros deben de tomar las decisiones correspondientes.
- Contratar ingenieros industriales que puedan proveer un apoyo importante en la definición de los procesos. Esto no se resuelve sólo oyendo a economistas, abogados o administradores.
- Apoyar propuestas como la construcción de una pasarela de pagos para el sector público, desde el Banco de Guatemala, como se ha platicado ya en distintas instancias en los últimos dos meses.
- Aprender a trabajar y a pensar con manuales operativos. Este es el corazón de la administración pública. Esto es lo que genera certeza jurídica porque clarifica qué se hace, de qué manera, en qué tiempos y bajo qué criterios. No se trata sólo de crear páginas de Internet. Sin manuales, el sistema no se opera solo.
Trámites más lentos, ¿y la Ley Antitrámites?
¿Qué podría hacer el Gobierno para cumplir con la Ley Antitrámites y empezar a generar mejor atención a los ciudadanos en la resolución de los trámites que le corresponden?
A la fecha, existe la percepción generalizada de que este Gobierno ha retrocedido en su capacidad de respuesta para los trámites normales, especialmente en tres entidades: Ministerio de Ambiente, CONRED y Ministerio de Salud. El problema es que esta percepción es difícil medir: ¿es un rumor, es problema de un expediente o es un problema generalizado?
Para confirmar esta percepción, pedí el apoyo de la Ventanilla Ágil de la Construcción (VAC), un ejemplo de colaboración público-privado, para impulsar la simplificación y digitalización del sector público. Vía la VAC podemos tener información del desempeño no de uno sino de decenas de expedientes.
¿Qué nos dice la información de la VAC? Que incluso en la VAC, con obligaciones explícitas de procesos y tiempos en un manual operativo interinstitucional, estas entidades están retrocediendo en su desempeño. Las gráficas siguientes nos muestran cómo la distribución de los tiempos de resolución se ha empeorado (la línea naranja muestra una cola derecha mayor que la línea azul). Es fácil imaginar entonces cómo, cuando se realiza el “proceso normal”, sin digitalización, sin simplificación, sin manuales operativos, sin seguimiento, sin acompañamiento, los tiempos deben haber empeorado aún más.
Ministerio de Ambiente: pasó de resolver la licencia B1 de 57 a 85 días promedio.
Ministerio de Ambiente: pasó de resolver la licencia B2 de 38 a 61 días promedio.
CONRED: pasó de resolver expedientes de 30 a 49 días promedio
Ministerio de Salud: pasó de resolver expedientes de 29 a 49 días promedio
Estos retrocesos notables en la gestión de expedientes van en la dirección opuesta al espíritu de la ley Antitrámites aprobada en el 2021. Su objetivo es que los trámites sean más simples de cumplir y que se digitalicen los mismos. Para garantizar dicho propósito, la Ley incluyó una fecha límite con un incentivo particular: si a agosto 2024 no se han digitalizado los trámites, la institución a cargo podría tener un problema financiero en sus manos: no podrá cobrar los aranceles por dicho trámite. Un análisis preliminar arroja que el monto puede ser significativo para varias entidades. Los ingresos en riesgo para el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía estarían alrededor del 18%, mientras para el Ministerio de Trabajo, dejando a un lado las transferencias al adulto mayor, equivalen al 37% de su presupuesto.
¿Qué podría hacer el Gobierno para cumplir con la Ley Antitrámites y empezar a generar mejor atención a los ciudadanos en la resolución de los trámites que le corresponden? Pongo algunas ideas en la mesa:
- Aprobar el reglamento de la Ley que deje claras las instancias de coordinación y los mecanismos de seguimiento, así como de interoperabilidad de los sistemas.
- Coordinar las acciones de los entes responsables: MINECO y GAE.
- Oír a los usuarios. El problema lo sufren los usuarios. Ellos deben estar en el corazón del rediseño de los procesos y de los sistemas informáticos. No debemos caer en la trampa de que esto se hace sólo con el objeto de cumplir con la Ley o facilitarle el trabajo a los Directores o Ministros.
- Aprender de los buenos ejemplos. No sólo es de Uruguay y Estonia. También de ejemplos cercanos como República Dominicana con su expediente educativo virtual, o la ventanilla de Trámites de El Salvador.
- Avanzar en la reforma regulatoria. Hay muchos Acuerdos Gubernativos, Acuerdo Ministeriales, así como manuales operativos que necesitan ser reformados para cumplir con la simplificación y digitalización deseada.
- MINFIN debe poner los recursos a disponibilidad para la contratación de equipos, de sistemas, de personal y de servicios de digitalización de expedientes. A la vez, los Ministros deben de tomar las decisiones correspondientes.
- Contratar ingenieros industriales que puedan proveer un apoyo importante en la definición de los procesos. Esto no se resuelve sólo oyendo a economistas, abogados o administradores.
- Apoyar propuestas como la construcción de una pasarela de pagos para el sector público, desde el Banco de Guatemala, como se ha platicado ya en distintas instancias en los últimos dos meses.
- Aprender a trabajar y a pensar con manuales operativos. Este es el corazón de la administración pública. Esto es lo que genera certeza jurídica porque clarifica qué se hace, de qué manera, en qué tiempos y bajo qué criterios. No se trata sólo de crear páginas de Internet. Sin manuales, el sistema no se opera solo.
