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“Tiene más sentido presionar a Nicaragua ahora que esperar a que suceda algo en Cuba”, sostiene experto del Hudson Institute
Gil Guerra: Stephen Miller no ignorará que Nicaragua usó la migración como arma contra Estados Unidos, pese a su nuevo cargo clave en la Casa Blanca.
Lejos de que la situación de Nicaragua pase desapercibida en Washington, el especialista del Instituto Hudson, Gil Guerra, analizó el impacto que tiene la nueva correlación de fuerzas en Estados Unidos.
Además, las facultades ejecutivas que el presidente Donald Trump tiene sobre la mesa para presionar al régimen de los Ortega Murillo e impulsar en EE. UU. una acción contundente en favor de la libertad de Nicaragua.
Este especialista en América Latina, el Caribe y la estrategia estadounidense en el hemisferio occidental fue uno de los testigos que compareció el pasado 30 de septiembre ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos en una audiencia titulada “La crisis política de Nicaragua: El asalto de Ortega a la democracia”.
Para Guerra, la nueva mayoría demócrata en el Congreso y el ascenso de Stephen Miller en la Casa Blanca “son señales que en apariencia apuntan en direcciones opuestas, pero ninguna de las dos es buena noticia” para el régimen de los Ortega Murillo. Explicó que “entre los demócratas hay figuras como el senador Tim Kaine, que conoce bien Nicaragua y se ha ocupado del tema durante años: es el demócrata de mayor rango en el subcomité del Senado para el hemisferio occidental y en agosto presentó, junto al republicano Ted Cruz, un proyecto bipartidista para renovar y ampliar las sanciones, incluido el sector del oro”.
En cuanto a Stephen Miller, ahora jefe de gabinete de la Casa Blanca, señaló que “es uno de los principales halcones del gobierno en materia de seguridad hemisférica. Con su trayectoria en migración y seguridad fronteriza, difícilmente pasará por alto que este régimen ya demostró que puede usar la migración como arma contra Estados Unidos”.
De acuerdo con Guerra, a pesar de la mayoría demócrata que asumirá ambas cámaras en enero del próximo año, “le queda mucho margen de acción” a la Administración Trump para actuar en Nicaragua “porque casi todas las herramientas dependen del Ejecutivo y no del Congreso”.
“La más evidente son las sanciones”, añadió el especialista, quien al mismo tiempo recordó que en abril el Departamento del Tesoro sancionó a dos hijos de Ortega y Murillo y a siete empresas del sector del oro, y puede ir bastante más lejos contra ese sector, que “es una fuente clave de ingresos para el régimen”.
Explicó que otra herramienta al alcance de la Casa Blanca es la imposición de aranceles: “El de la Sección 301 sube al 10 % el 1 de enero para los productos que no califican bajo el CAFTA-DR, y Washington ya evaluó medidas más duras, como suspender beneficios del tratado”.
Explicó que las opciones del presidente Trump incluyen “las restricciones de visas y la presión diplomática en la OEA”, al tiempo que siempre le queda la presión militar: “Estados Unidos mantiene hoy en el Caribe una presencia militar muy superior a la de hace dos años, y el presidente sigue siendo el comandante en jefe. En política exterior, un presidente conserva casi toda su libertad de acción, con o sin mayoría en el Congreso”.
¿Cuba o Nicaragua primero?
Consultado si los anuncios del presidente Trump de una secuencia de acción Irán, Cuba y luego el resto de los asuntos de la región le permiten al régimen de Ortega ganar tiempo, Guerra respondió que “lamentablemente sí”. Con ese mensaje “en Managua entienden que tienen tiempo y ese régimen sabe aprovecharlo”, apuntó.
El especialista, que ha lanzado la plataforma Nicaragua Research para respaldar y dar seguimiento a su comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, sostiene que “tiene más sentido presionar a Nicaragua ahora” en lugar de esperar que suceda algo en Cuba.
Guerra explicó que “el régimen nicaragüense está menos arraigado que el cubano, sus fuerzas armadas son mucho más pequeñas y débiles, y prácticamente toda la región lo condenó en la OEA en octubre. Además, hay una fecha concreta: la reforma constitucional que excluye a la oposición de las elecciones debe ratificarse en segunda legislatura a partir del 18 de enero. El momento de exigir un cambio de rumbo es antes de esa fecha, no después de Cuba”.
Sobre la pregunta de si el modelo transitado hasta ahora en Venezuela para salir del chavismo (presidencia interina y reformas institucionales) podría ser replicable en Nicaragua, el especialista opinó que “es imposible saberlo desde afuera” porque no se dispone de información pública para saber “quién dentro del régimen de Nicaragua estaría dispuesto a dar ese paso”.
Guerra destacó dos diferencias importantes con el caso de Venezuela: “La primera es el carácter familiar del régimen, que hace mucho más difícil encontrar una figura interna capaz de separarse de Ortega y Murillo”, y la segunda “es que hoy no existe un liderazgo opositor con un mandato popular como el de María Corina Machado”. Recordó que en el caso de Nicaragua el régimen encarceló a los precandidatos presidenciales opositores en 2021 “precisamente para impedir” cualquier alternativa a su poder.
Un punto a favor de una transición a la democracia en Nicaragua, según Guerra, es que “exigiría muchos menos recursos de Estados Unidos: la economía nicaragüense está en una situación razonablemente buena y no habría que reconstruirla desde cero”.
*Edgardo Pinell es abogado y periodista nicaragüense, articulista de El Debate en España y colaborador de medios hispanos tales como NTN24, Univisión y Radio Martí.