EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Históricamente, los partidos comunistas tienen las manos rojas de sangre al tratar con las minorías étnicas. Desde la rusificación forzada en la URSS hasta los jemeres rojos atacando a los cham en Camboya, nada ha aterrorizado más a un partido marxista que la existencia de minorías periféricas y religiosas con identidad propia.
Pero, sin duda, el caso más célebre y moderno son los agravios del Partido Comunista de China (PCC) contra los uigures, mongoles y tibetanos. Bajo esta lógica, el Dalai Lama terminó exiliado de Tíbet y hoy el mundo observa con horror los campos de reeducación para uigures en Xinjiang.
Pero en julio del presente año, el control sobre estas poblaciones ha tomado una nueva forma: la entrada en vigencia de la Ley de unidad y cohesión étnica. En ella, artículos como el 3, 10, 24 y 42 promueven el desarrollo y la cultivación de un "espíritu común" entre los diversos pueblos de China. Este marco normativo busca consolidar la unidad nacional y la cohesión bajo una identidad china homogeneizada, imponiendo valores culturales compartidos, patriotismo e integración social bajo una visión de destino común.
El Estado ahora exige a sus ciudadanos, funcionarios e instituciones, grupos religiosos y medios de comunicación que trabajen activamente en la construcción de esta comunidad, prohibiendo cualquier acto de "división" o "injerencia extranjera" y facultando a las autoridades para sancionar legalmente cualquier comportamiento que el Partido considere que atenta contra la soberanía o la estabilidad nacional.
Lo verdaderamente preocupante se despliega en el Capítulo VI, sobre Responsabilidad Legal. Aquí, el legislativo chino ha desarrollado un mecanismo para perseguir a ONG, medios de comunicación y académicos internacionales que resalten la persecución sistemática que viven estas minorías. El Artículo 63 funciona como una daga apuntada contra la libertad de expresión global: “Las organizaciones e individuos fuera del territorio [continental] de la R.P.C. que cometan actos contra la R.P.C. que socaven la unidad y el progreso étnico o creen división étnica deberán ser perseguidos por responsabilidad legal de acuerdo con la ley”. Estas líneas finales no son un simple texto legal; son una advertencia explícita de Beijing al mundo: no se atrevan a comentar, investigar o cuestionar lo que la cúpula del Partido no autorice.
Para el periodismo global y las organizaciones no gubernamentales, esto implica el riesgo de enfrentar sanciones legales al ingresar a China, un costo prohibitivo que busca silenciar la crítica internacional. Además, esta ley pone en peligro directo a uigures, tibetanos y mongoles nacidos fuera de China que poseen opiniones críticas y que, en algún momento, busquen visitar el hogar de sus padres.
La profundización de este ataque contra el derecho a la autodeterminación es aún más inquietante al mirar hacia el Estrecho de Taiwán. Si bien la población de Taiwán comparte la etnia Han con la China continental, sería ingenuo no ver el uso estratégico de esta ley contra la isla. Beijing cataloga al gobierno de Taipéi como "separatista", y la mención de "fuera del territorio [continental]" en la ley no es casual. Que Beijing encaje al gobierno taiwanés como socavador de la unidad china bajo este nuevo marco legal es más claro que el agua.
Ante esto, el primer ministro de Taiwán ha advertido que la estrategia de China ha girado: de la presión geoeconómica clásica ha pasado a una presión legal sofisticada que busca avanzar la "unidad" por decreto. Esto abre una nueva y peligrosa fase de presión contra los miles de taiwaneses que viven y trabajan en territorio continental.
Dicho esto, la capacidad de China de perseguir físicamente a estos individuos fuera de sus fronteras es limitada. Además que ha recibido la crítica de Washington, Bruselas, Naciones Unidas y Human Rights Watch. A pesar de su condena, China tiene cartas para jugar. Su verdadero poder radica en su capacidad para controlar narrativas globales y ejercer presión económica y política sobre aquellos gobiernos que brinden refugio a activistas independentistas, obligándolos a plegarse a los intereses de Beijing bajo la amenaza de represalias.
Históricamente, los partidos comunistas tienen las manos rojas de sangre al tratar con las minorías étnicas. Desde la rusificación forzada en la URSS hasta los jemeres rojos atacando a los cham en Camboya, nada ha aterrorizado más a un partido marxista que la existencia de minorías periféricas y religiosas con identidad propia.
Pero, sin duda, el caso más célebre y moderno son los agravios del Partido Comunista de China (PCC) contra los uigures, mongoles y tibetanos. Bajo esta lógica, el Dalai Lama terminó exiliado de Tíbet y hoy el mundo observa con horror los campos de reeducación para uigures en Xinjiang.
Pero en julio del presente año, el control sobre estas poblaciones ha tomado una nueva forma: la entrada en vigencia de la Ley de unidad y cohesión étnica. En ella, artículos como el 3, 10, 24 y 42 promueven el desarrollo y la cultivación de un "espíritu común" entre los diversos pueblos de China. Este marco normativo busca consolidar la unidad nacional y la cohesión bajo una identidad china homogeneizada, imponiendo valores culturales compartidos, patriotismo e integración social bajo una visión de destino común.
El Estado ahora exige a sus ciudadanos, funcionarios e instituciones, grupos religiosos y medios de comunicación que trabajen activamente en la construcción de esta comunidad, prohibiendo cualquier acto de "división" o "injerencia extranjera" y facultando a las autoridades para sancionar legalmente cualquier comportamiento que el Partido considere que atenta contra la soberanía o la estabilidad nacional.
Lo verdaderamente preocupante se despliega en el Capítulo VI, sobre Responsabilidad Legal. Aquí, el legislativo chino ha desarrollado un mecanismo para perseguir a ONG, medios de comunicación y académicos internacionales que resalten la persecución sistemática que viven estas minorías. El Artículo 63 funciona como una daga apuntada contra la libertad de expresión global: “Las organizaciones e individuos fuera del territorio [continental] de la R.P.C. que cometan actos contra la R.P.C. que socaven la unidad y el progreso étnico o creen división étnica deberán ser perseguidos por responsabilidad legal de acuerdo con la ley”. Estas líneas finales no son un simple texto legal; son una advertencia explícita de Beijing al mundo: no se atrevan a comentar, investigar o cuestionar lo que la cúpula del Partido no autorice.
Para el periodismo global y las organizaciones no gubernamentales, esto implica el riesgo de enfrentar sanciones legales al ingresar a China, un costo prohibitivo que busca silenciar la crítica internacional. Además, esta ley pone en peligro directo a uigures, tibetanos y mongoles nacidos fuera de China que poseen opiniones críticas y que, en algún momento, busquen visitar el hogar de sus padres.
La profundización de este ataque contra el derecho a la autodeterminación es aún más inquietante al mirar hacia el Estrecho de Taiwán. Si bien la población de Taiwán comparte la etnia Han con la China continental, sería ingenuo no ver el uso estratégico de esta ley contra la isla. Beijing cataloga al gobierno de Taipéi como "separatista", y la mención de "fuera del territorio [continental]" en la ley no es casual. Que Beijing encaje al gobierno taiwanés como socavador de la unidad china bajo este nuevo marco legal es más claro que el agua.
Ante esto, el primer ministro de Taiwán ha advertido que la estrategia de China ha girado: de la presión geoeconómica clásica ha pasado a una presión legal sofisticada que busca avanzar la "unidad" por decreto. Esto abre una nueva y peligrosa fase de presión contra los miles de taiwaneses que viven y trabajan en territorio continental.
Dicho esto, la capacidad de China de perseguir físicamente a estos individuos fuera de sus fronteras es limitada. Además que ha recibido la crítica de Washington, Bruselas, Naciones Unidas y Human Rights Watch. A pesar de su condena, China tiene cartas para jugar. Su verdadero poder radica en su capacidad para controlar narrativas globales y ejercer presión económica y política sobre aquellos gobiernos que brinden refugio a activistas independentistas, obligándolos a plegarse a los intereses de Beijing bajo la amenaza de represalias.
