EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El año 2025 cerró con una cifra récord de 1,881.7 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), lo que representó un crecimiento de 8.8% respecto del año anterior. Y si se revisan las cifras a marzo de 2026, se ha reportado un flujo de 529.7 millones de dólares como IED, equivalente a 6.9% más recursos que los recibidos en marzo de 2025.
Este logro es resultado de un esfuerzo coordinado entre la agencia pública ProGuatemala, la agencia privada Invest Guatemala, y un grupo de actores a nivel nacional y municipal que se han ocupado de mostrar al país como un destino prometedor para crecer en la región.
Sin embargo, el camino hacia adelante se vislumbra un poco más complejo que lo que representó el sendero recorrido a la fecha. Varias entidades internacionales, al momento de evaluar el riesgo crediticio de Guatemala, han manifestado contundentemente que no habrá más inversión si el país no invierte primero en resolver los temas propios más urgentes; y no es sorpresa que el tema a destacar es el de infraestructura.
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional, en la Declaración Final de la misión de la Consulta del Artículo IV para Guatemala, manifestó la importancia de aumentar la inversión en infraestructura, enfatizando que “la ambiciosa agenda de infraestructura de las autoridades ofrece la posibilidad de impulsar una mayor inversión privada y el crecimiento económico y, por ende, reequilibrar el sector externo.” En un apartado específico se mencionan los beneficios que se obtendrían en caso de “Desbloquear la implementación de la ley de infraestructura vial prioritaria.” A este respecto, lo más importante de destacar es el señalamiento de garantizar la estructura de financiamiento de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP).
Este pronunciamiento, además de ser indicativo de los retos que debe solventar el país, viene a recalcar lo que antes han mencionado las calificadoras de riesgo sobre Guatemala, en aras de apuntar a que el país alcance el tan anhelado grado de inversión. El Ministerio de Finanzas Públicas ha emitido sendos comunicados al respecto:
- En octubre de 2025, Fitch Ratings: “también subrayaron los avances logrados por la administración en materia de reformas institucionales, así como el aumento de la inversión pública en infraestructura y desarrollo social.”
- En abril de 2026, Moody´s: “las reformas promovidas por el Gobierno, incluyendo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la Ley de Alianzas Público-Privadas y la Ley de Competencia, sientan bases sólidas para atraer más inversión, fortalecer la competitividad y elevar el potencial de crecimiento del país.”
- En mayo de 2026, Standard & Poor’s: “aprobación de leyes clave, incluyendo la ley para priorizar inversiones en infraestructura vial y la normativa de alianzas público-privadas. La agencia también señala que estas reformas podrían contribuir a desbloquear mayores recursos para atender las necesidades de infraestructura del país y fortalecer su potencial de crecimiento.”
Debo reconocer que una narrativa orientada a alcanzar el grado de inversión permite alinear los esfuerzos en una dirección clara, con acciones concretas que deben amarrarse a indicadores sobre los cuales puede haber seguimiento. Es de suma importancia hacer propio el compromiso de incrementar la inversión en infraestructura, no solamente por medio de declaraciones, sino con una ejecución presupuestaria que las respalde.
Al mes de junio, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) reporta una ejecución presupuestaria de 26.2%, sobre un presupuesto vigente de 7,657 millones de quetzales. Sin embargo, es importante aclarar que, aunque en seis meses se han ejecutado poco más de 2,000 millones de quetzales, el CIV ha cedido un espacio presupuestario de 2,273 millones de quetzales a favor de otros objetivos (e. g. Consejos de Desarrollo y Subsidio a los Combustibles, entre otros).
Si se quiere que haya nuevas y mayores inversiones extranjeras en el país, primero hay que construir las bases sobre las cuales se garantizará un rendimiento prometedor a dichas inversiones. Está en juego la oportunidad de crear más empleos y generar mejores ingresos para muchos guatemaltecos, por lo que la respuesta del Gobierno debe ser contundente en cuanto a invertir los recursos públicos de la forma más pertinente posible.
El año 2025 cerró con una cifra récord de 1,881.7 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), lo que representó un crecimiento de 8.8% respecto del año anterior. Y si se revisan las cifras a marzo de 2026, se ha reportado un flujo de 529.7 millones de dólares como IED, equivalente a 6.9% más recursos que los recibidos en marzo de 2025.
Este logro es resultado de un esfuerzo coordinado entre la agencia pública ProGuatemala, la agencia privada Invest Guatemala, y un grupo de actores a nivel nacional y municipal que se han ocupado de mostrar al país como un destino prometedor para crecer en la región.
Sin embargo, el camino hacia adelante se vislumbra un poco más complejo que lo que representó el sendero recorrido a la fecha. Varias entidades internacionales, al momento de evaluar el riesgo crediticio de Guatemala, han manifestado contundentemente que no habrá más inversión si el país no invierte primero en resolver los temas propios más urgentes; y no es sorpresa que el tema a destacar es el de infraestructura.
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional, en la Declaración Final de la misión de la Consulta del Artículo IV para Guatemala, manifestó la importancia de aumentar la inversión en infraestructura, enfatizando que “la ambiciosa agenda de infraestructura de las autoridades ofrece la posibilidad de impulsar una mayor inversión privada y el crecimiento económico y, por ende, reequilibrar el sector externo.” En un apartado específico se mencionan los beneficios que se obtendrían en caso de “Desbloquear la implementación de la ley de infraestructura vial prioritaria.” A este respecto, lo más importante de destacar es el señalamiento de garantizar la estructura de financiamiento de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP).
Este pronunciamiento, además de ser indicativo de los retos que debe solventar el país, viene a recalcar lo que antes han mencionado las calificadoras de riesgo sobre Guatemala, en aras de apuntar a que el país alcance el tan anhelado grado de inversión. El Ministerio de Finanzas Públicas ha emitido sendos comunicados al respecto:
- En octubre de 2025, Fitch Ratings: “también subrayaron los avances logrados por la administración en materia de reformas institucionales, así como el aumento de la inversión pública en infraestructura y desarrollo social.”
- En abril de 2026, Moody´s: “las reformas promovidas por el Gobierno, incluyendo la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la Ley de Alianzas Público-Privadas y la Ley de Competencia, sientan bases sólidas para atraer más inversión, fortalecer la competitividad y elevar el potencial de crecimiento del país.”
- En mayo de 2026, Standard & Poor’s: “aprobación de leyes clave, incluyendo la ley para priorizar inversiones en infraestructura vial y la normativa de alianzas público-privadas. La agencia también señala que estas reformas podrían contribuir a desbloquear mayores recursos para atender las necesidades de infraestructura del país y fortalecer su potencial de crecimiento.”
Debo reconocer que una narrativa orientada a alcanzar el grado de inversión permite alinear los esfuerzos en una dirección clara, con acciones concretas que deben amarrarse a indicadores sobre los cuales puede haber seguimiento. Es de suma importancia hacer propio el compromiso de incrementar la inversión en infraestructura, no solamente por medio de declaraciones, sino con una ejecución presupuestaria que las respalde.
Al mes de junio, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) reporta una ejecución presupuestaria de 26.2%, sobre un presupuesto vigente de 7,657 millones de quetzales. Sin embargo, es importante aclarar que, aunque en seis meses se han ejecutado poco más de 2,000 millones de quetzales, el CIV ha cedido un espacio presupuestario de 2,273 millones de quetzales a favor de otros objetivos (e. g. Consejos de Desarrollo y Subsidio a los Combustibles, entre otros).
Si se quiere que haya nuevas y mayores inversiones extranjeras en el país, primero hay que construir las bases sobre las cuales se garantizará un rendimiento prometedor a dichas inversiones. Está en juego la oportunidad de crear más empleos y generar mejores ingresos para muchos guatemaltecos, por lo que la respuesta del Gobierno debe ser contundente en cuanto a invertir los recursos públicos de la forma más pertinente posible.
