EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: A manera que han ido avanzando los procesos de elección de segundo grado, como el TSE, la CC y el MP, no cabe duda de que los diferentes sectores y grupos de poder, incluyendo el gobierno de turno, están actuando de manera estratégica. Esto se debe a que, independientemente del bando en el que se encuentren, el objetivo es el mismo: capturar la institución a su forma y a beneficio de su círculo de confianza. Este comportamiento refleja una visión cortoplacista de la administración pública, ya que los grupos de poder, enfocados en el beneficio inmediato, personalizan las diferentes instancias de justicia, poniendo a “su gente” en los cargos.
Ahora bien, esta práctica no es desconocida en el sistema guatemalteco, sin embargo, llama la atención que el gobierno actual, pese a que en un inicio se presentaba como una propuesta diferente, ahora cae en las mismas “marufias”. Esto demuestra una clara discrepancia entre el interés declarado y las verdaderas motivaciones que incentivan la actuación de los actores. En este sentido, aunque este tipo de estrategia sea positiva en el corto plazo, podría generar grandes costos en el largo plazo, deslegitimando el proyecto político que los llevó al poder.
Caras vemos…
El presidente Arévalo, como hombre conocido por apegarse a la ley, siempre defendió que los procesos de elección de segundo grado debían llevarse a cabo de acuerdo a lo establecido en las normas, de manera que se garantizara su transparencia e independencia. No obstante, conforme han ido pasando los días de elección, cada vez han ido apareciendo más caras conocidas en las salas de espera, especialmente funcionarios activos de la actual administración. Claramente, este acto no está prohibido por ley y el presidente, como su “jefe”, no tiene la capacidad de prohibirles presentarse como profesionales a la elección. Sin embargo, tomando en cuenta el discurso de “cambio y anti-establishment” que ha mantenido el gobierno, a lo mínimo, estas acciones, más parecidas a las de un agente doble, ponen en duda la ética con la que actúan. Esto se debe a que, mientras que en público abogan por la independencia, en lo privado replican la captura del pasado. ¿La diferencia? Ahora se trata de los “suyos”, los “buenos”.
Aunque estas dinámicas de captura sitúan a las instituciones en una posición de debilidad, es importante reconocer la resiliencia del andamiaje. Es decir, pese a que las instituciones de justicia no han sido inmunes frente a las presiones externas, sí han logrado mantenerse en pie, evitando un colapso total. En pocas palabras, la institucionalidad no se ha derrumbado, pero sí se ha adaptado frente a las adversidades. Sin embargo, esto significa que las dinámicas de poder han insertado a la estructura de justicia en un péndulo en el que, dependiendo de quién esté en el poder, así será su forma de actuar. Desde el punto de vista del Estado de derecho, esta situación es realmente preocupante, dado que la inestabilidad en las posiciones no permite que exista previsibilidad en el sistema de justicia. Por otro lado, esta interacción entre intereses políticos y la acción judicial, claramente, conduce a la politización del sistema, convirtiéndolo en uno más inestable y volátil ante la coyuntura.
Por estas razones, el péndulo debe parar. Los intereses de captura deben ser sustituidos por unos con vista a la estabilidad institucional. En este sentido, el presidente Arévalo tiene la capacidad de divorciar los intereses del Ejecutivo y su partido con los de las elecciones y marcar la diferencia. De continuar con las prácticas de siempre, seleccionando a candidatos afines, las posibilidades de recuperación institucional serán cada vez menores.
Rompa el círculo, presidente
A manera que han ido avanzando los procesos de elección de segundo grado, como el TSE, la CC y el MP, no cabe duda de que los diferentes sectores y grupos de poder, incluyendo el gobierno de turno, están actuando de manera estratégica. Esto se debe a que, independientemente del bando en el que se encuentren, el objetivo es el mismo: capturar la institución a su forma y a beneficio de su círculo de confianza. Este comportamiento refleja una visión cortoplacista de la administración pública, ya que los grupos de poder, enfocados en el beneficio inmediato, personalizan las diferentes instancias de justicia, poniendo a “su gente” en los cargos.
Ahora bien, esta práctica no es desconocida en el sistema guatemalteco, sin embargo, llama la atención que el gobierno actual, pese a que en un inicio se presentaba como una propuesta diferente, ahora cae en las mismas “marufias”. Esto demuestra una clara discrepancia entre el interés declarado y las verdaderas motivaciones que incentivan la actuación de los actores. En este sentido, aunque este tipo de estrategia sea positiva en el corto plazo, podría generar grandes costos en el largo plazo, deslegitimando el proyecto político que los llevó al poder.
Caras vemos…
El presidente Arévalo, como hombre conocido por apegarse a la ley, siempre defendió que los procesos de elección de segundo grado debían llevarse a cabo de acuerdo a lo establecido en las normas, de manera que se garantizara su transparencia e independencia. No obstante, conforme han ido pasando los días de elección, cada vez han ido apareciendo más caras conocidas en las salas de espera, especialmente funcionarios activos de la actual administración. Claramente, este acto no está prohibido por ley y el presidente, como su “jefe”, no tiene la capacidad de prohibirles presentarse como profesionales a la elección. Sin embargo, tomando en cuenta el discurso de “cambio y anti-establishment” que ha mantenido el gobierno, a lo mínimo, estas acciones, más parecidas a las de un agente doble, ponen en duda la ética con la que actúan. Esto se debe a que, mientras que en público abogan por la independencia, en lo privado replican la captura del pasado. ¿La diferencia? Ahora se trata de los “suyos”, los “buenos”.
Aunque estas dinámicas de captura sitúan a las instituciones en una posición de debilidad, es importante reconocer la resiliencia del andamiaje. Es decir, pese a que las instituciones de justicia no han sido inmunes frente a las presiones externas, sí han logrado mantenerse en pie, evitando un colapso total. En pocas palabras, la institucionalidad no se ha derrumbado, pero sí se ha adaptado frente a las adversidades. Sin embargo, esto significa que las dinámicas de poder han insertado a la estructura de justicia en un péndulo en el que, dependiendo de quién esté en el poder, así será su forma de actuar. Desde el punto de vista del Estado de derecho, esta situación es realmente preocupante, dado que la inestabilidad en las posiciones no permite que exista previsibilidad en el sistema de justicia. Por otro lado, esta interacción entre intereses políticos y la acción judicial, claramente, conduce a la politización del sistema, convirtiéndolo en uno más inestable y volátil ante la coyuntura.
Por estas razones, el péndulo debe parar. Los intereses de captura deben ser sustituidos por unos con vista a la estabilidad institucional. En este sentido, el presidente Arévalo tiene la capacidad de divorciar los intereses del Ejecutivo y su partido con los de las elecciones y marcar la diferencia. De continuar con las prácticas de siempre, seleccionando a candidatos afines, las posibilidades de recuperación institucional serán cada vez menores.
