EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: ¿Quién le debe a usted sus derechos?
"La libertad nunca ha consistido en que los demás nos debieran algo. Consiste también en hacernos responsables de nuestra propia vida".
Para pagarme la universidad daba clases de francés. Las daba cuando mi propio día ya se había acabado: después de la universidad, después de las clases a mis alumnos en la Alianza Francesa, venía el cuaderno de verbos irregulares, una hora que se cobraba en efectivo y que alcanzaba justo para lo que tenía que alcanzar. No lo cuento como sacrificio. Lo cuento porque con el idioma venía algo más grande que el idioma. Venía Francia.
Para el muchacho que yo era, Francia era el lugar donde se habían pensado las cosas importantes. De ahí habían salido la libertad, la igualdad, la fraternidad, y sobre todo aquella idea deslumbrante de que uno nace con derechos que nadie le puede quitar. Yo la repetía con admiración, y la admiración era verdadera.
Han pasado más de treinta años, y uno deja de mirar los discursos para mirar los resultados. Lo que se ve hoy en algunas de las sociedades que más se consagraron a los derechos no es lo que aquel muchacho esperaba: son países extraordinarios, cultos, generosos, pero deben más de lo que probablemente podrán pagar. El problema no fueron los derechos. Fue separarlos de los deberes. Y esa separación tiene historia.
En 1689 John Locke escribió que los derechos son anteriores al gobierno: uno no los recibe del poder, los trae puestos, y el gobierno existe para protegerlos. Setenta años después Jean-Jacques Rousseau introdujo una idea distinta: el ciudadano se entrega a la voluntad general y pasa a formar parte de un cuerpo colectivo. El centro de gravedad comenzó a desplazarse del individuo hacia la colectividad. Y en agosto de 1789 la Asamblea Nacional Constituyente aprobó en París la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en su artículo segundo enumera cuatro: libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Fíjese en algo: ninguno está formulado como el derecho a recibir una prestación material del Estado. Son, ante todo, límites frente al poder, no facturas contra el prójimo. Lo único que aquel texto le pide expresamente al ciudadano para sostener el gasto público es contribuir a la carga común.
¿Y entonces dónde apareció la factura? Cuatro años después, con otra asamblea y otro régimen. Conviene no confundirlos: 1789 es la Constituyente; el Terror pertenece a 1793 y 1794, a Robespierre, al Comité de Salvación Pública y a decenas de miles de muertos. Pero es en la declaración de 1793 donde aparece una frase que anuncia un cambio profundo: «los socorros públicos son una deuda sagrada; la sociedad debe la subsistencia a los ciudadanos desventurados». Aquí ocurre el giro: un derecho ya no sólo limita al poder; también puede obligarlo a proporcionar.
Y hay un detalle en ese texto que a mí me quita el sueño. La palabra «deber» aparece cuatro veces en sus 35 artículos, y tres son deberes del magistrado, del legislador y del funcionario. El único que le asigna al ciudadano común está en el artículo treinta y cinco: la insurrección, «el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes». Derechos para exigir y un solo deber: sublevarse. ¿Historia antigua? El principal movimiento de la izquierda francesa de hoy se llama La Francia Insumisa y su líder todavía convoca a la «insurrección ciudadana». Dos siglos después, el lenguaje ha sobrevivido.
Y los propios revolucionarios se dieron cuenta. En 1795 Boissy d’Anglas advirtió que la libertad sin deberes había contribuido al Terror. En agosto, la misma generación volvió a escribir la declaración y hasta le cambió el nombre. Ya no era sólo de los derechos: era «de los derechos y de los deberes del hombre y del ciudadano». Veintidós artículos de derechos y después nueve de deberes. Los deberes van al final, pero por primera vez tienen un lugar propio. Y el cuarto dice algo que hoy parece escrito en otro planeta: «nadie es buen ciudadano si no es buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo, buen esposo». La posteridad se quedó con 1789. En las escuelas aprendimos los derechos; los deberes se fueron borrando de la memoria.
Ciento cincuenta años después, otra francesa llegó al fondo. En 1943, mientras su país estaba ocupado, Simone Weil escribía en Londres un informe sobre cómo reconstruir una nación desde cero. Empieza con una idea radical: un derecho no vale por sí mismo, sino por la obligación que le corresponde. Y remata con una imagen que no se olvida: un hombre solo en el universo no tendría ningún derecho, pero tendría obligaciones. Traducido a la calle: un derecho al que no le corresponde una obligación con nombre y apellido no es un derecho, es un deseo. Weil tampoco escribía desde la comodidad: mientras trabajaba para la Francia Libre se negaba a comer más de lo que creía que podían comer sus compatriotas bajo la ocupación. Murió a los 34 años, el 24 de agosto de 1943.
Faltaba convertir aquella idea en una factura entre generaciones. Léon Bourgeois presentó el impuesto sobre la renta en 1895 siendo jefe del gobierno francés; el Senado lo rechazó y su gobierno cayó. Después escribió el libro que le daría fundamento a su solidarismo: nacemos deudores de quienes vinieron antes porque recibimos una civilización que no construimos. Cada generación recibe lo que no construyó y deja parte de la cuenta a la siguiente. El impuesto sobre la renta llegó a Francia en 1914, inicialmente con una tasa máxima del dos por ciento. Durante décadas ayudó a financiar algunas de las sociedades más protegidas de la historia. Pero aquel contrato escondía una cláusula que nadie podía garantizar: alguien tenía que nacer para pagarlo.
Hoy Francia gasta a través del Estado unos 57 de cada 100 euros que produce, su deuda pública ronda el 116 por ciento del producto y paga en intereses una suma comparable —y recientemente superior— a su presupuesto de defensa. España supera el 100 por ciento de deuda sobre el PIB y el Reino Unido ronda ese nivel. Mientras tanto, en 2025 Francia registró la fecundidad más baja desde el final de la Primera Guerra Mundial —apenas 1.56 hijos por mujer— y, por primera vez desde el final de la Segunda, murieron más personas de las que nacieron. El deudor que iba a saldar la cuenta decidió que no valía la pena venir.
Y aquí esto deja de ser una columna sobre Francia. Porque la declaración que intentó reconciliar derechos y deberes no la escribió Europa: la escribimos nosotros. El 2 de mayo de 1948, en Bogotá, ocho meses antes de que las Naciones Unidas aprobaran la Declaración Universal, los países americanos —Guatemala entre ellos— firmaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Tiene un capítulo entero de diez deberes y una línea en el preámbulo que vale toda esta discusión: «el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos». La Declaración Universal también reconoció, en su artículo 29, que toda persona tiene deberes respecto de la comunidad. Pero hay una diferencia reveladora: nosotros pusimos los deberes en el título y les dedicamos un capítulo entero. Después aprendimos a hablar mucho de los derechos y cada vez menos de aquello que los sostiene. Todavía estamos a tiempo de recordarlo.
Y para pagar esos derechos, el problema guatemalteco tampoco se resuelve simplemente recaudando más. De las 835 actividades económicas en que la SAT clasifica la recaudación, apenas 64 aportan el 80 por ciento del total, mientras 599 —siete de cada diez— juntas no llegan al uno por ciento. Ahí está el que no pide factura, el que alquila su apartamento sin declararlo, el que evade a propósito; y muchas veces no es una gran empresa anónima, sino el vecino o el amigo que conocemos. Del otro lado está el presupuesto más alto de nuestra historia, más de 163 mil millones de quetzales, mientras 33 puentes permanecen en estado crítico en las carreteras principales. Ahora se discute llevar el techo presupuestario a 181 mil millones. El deber se rompió en ambos extremos: el ciudadano quiere recibir sin contribuir y el Estado quiere cobrar sin responder. Nuestra propia Constitución enumera siete deberes cívicos en su artículo 135. Los escribimos. Otra cosa es vivir como si importaran.
Pero no todos escogieron el mismo camino. En Suiza, el 85 por ciento de los votantes se impuso en 2001 un freno constitucional al endeudamiento, y en 2012 el 67 por ciento rechazó regalarse seis semanas de vacaciones. En Singapur, trabajador y empleador aportan juntos hasta el 37 por ciento del salario a cuentas con el nombre del trabajador, destinadas a financiar vivienda, salud y retiro: responsabilidad personal institucionalizada, no simplemente una factura enviada al prójimo. Aunque nadie está a salvo de la contradicción. En marzo de 2024 los suizos aprobaron una pensión adicional y ese mismo domingo rechazaron, con el 75 por ciento, trabajar un año más para ayudar a financiarla. Sí al derecho y no al deber que lo sostiene, en la misma urna.
Aquel muchacho que daba clases de francés hoy piensa diferente. No porque haya dejado de creer en los derechos, sino porque entendió que ninguno sobrevive mucho tiempo sin un deber que lo sostenga. Cada derecho que exigimos tiene una obligación del otro lado, y toda obligación que convertimos en deuda termina pagándola alguien. Un pueblo endeudado no escoge enteramente su destino: administra también el que le dejaron.
La libertad nunca ha consistido en que los demás nos debieran algo. Consiste también en hacernos responsables de nuestra propia vida, cumplir aquello que debemos a los demás y dejar a quienes vienen detrás algo distinto de una cuenta por pagar. Quizá esa sea la obligación más olvidada de todas: recibir una sociedad, sostenerla mientras nos toca y entregarla un poco mejor de como la encontramos.
La semana entrante, la pregunta que sigue: qué pasa cuando dos derechos chocan entre sí y la igualdad empieza a comerse a la libertad.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, IX Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 2 de mayo de 1948).
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793, Constitución del año I.
Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen, Constitución del año III (22 de agosto de 1795).
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (París: Asamblea Nacional Constituyente, 26 de agosto de 1789).
Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala (Guatemala, 1985), art. 135.
Bergounioux, Alain, 'À l'origine de l'impôt sur le revenu: Léon Bourgeois et le solidarisme', Fondation Jean-Jaurès.
Bourgeois, Léon, Solidarité (París: Armand Colin, 1896).
Burke, Edmund, Reflections on the Revolution in France (Londres: J. Dodsley, 1790).
Central Provident Fund Board, CPF Overview (Singapur, 2026).
Chancellerie fédérale suisse, votaciones federales del 11 de marzo de 2012 y del 3 de marzo de 2024.
'Estos 33 puentes en el país están en estado crítico a semanas de las lluvias de 2026', Prensa Libre, 9 de abril de 2026.
Eurostat, 'Government debt at 88.9% of GDP in euro area', comunicado 2-21072026-AP (Luxemburgo, 21 de julio de 2026).
Insee, Bilan démographique 2025, Insee Première 2087 (París, 2026).
Insee, 'En 2025, le déficit public s'élève à 5,1 % du PIB, la dette publique à 115,6 % du PIB', Informations rapides, 78 (París, 2026).
La France insoumise, L'Avenir en commun, sección 'Faire la révolution fiscale'.
Locke, John, Two Treatises of Government (Londres: Awnsham Churchill, 1689).
Office for National Statistics, Public Sector Finances, UK: June 2026 (Londres: ONS, 2026).
Ortega y Gasset, José, La rebelión de las masas (Madrid: Revista de Occidente, 1930).
Rousseau, Jean-Jacques, Du contrat social (Ámsterdam: Marc-Michel Rey, 1762).
Superintendencia de Administración Tributaria, Recaudación de ingresos tributarios por departamento y actividad económica, enero–mayo 2026 (Guatemala: SAT, 2026).
Weil, Simone, L'Enracinement: prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain (París: Gallimard, 1949 [escrito en 1943]).
¿Quién le debe a usted sus derechos?
"La libertad nunca ha consistido en que los demás nos debieran algo. Consiste también en hacernos responsables de nuestra propia vida".
Para pagarme la universidad daba clases de francés. Las daba cuando mi propio día ya se había acabado: después de la universidad, después de las clases a mis alumnos en la Alianza Francesa, venía el cuaderno de verbos irregulares, una hora que se cobraba en efectivo y que alcanzaba justo para lo que tenía que alcanzar. No lo cuento como sacrificio. Lo cuento porque con el idioma venía algo más grande que el idioma. Venía Francia.
Para el muchacho que yo era, Francia era el lugar donde se habían pensado las cosas importantes. De ahí habían salido la libertad, la igualdad, la fraternidad, y sobre todo aquella idea deslumbrante de que uno nace con derechos que nadie le puede quitar. Yo la repetía con admiración, y la admiración era verdadera.
Han pasado más de treinta años, y uno deja de mirar los discursos para mirar los resultados. Lo que se ve hoy en algunas de las sociedades que más se consagraron a los derechos no es lo que aquel muchacho esperaba: son países extraordinarios, cultos, generosos, pero deben más de lo que probablemente podrán pagar. El problema no fueron los derechos. Fue separarlos de los deberes. Y esa separación tiene historia.
En 1689 John Locke escribió que los derechos son anteriores al gobierno: uno no los recibe del poder, los trae puestos, y el gobierno existe para protegerlos. Setenta años después Jean-Jacques Rousseau introdujo una idea distinta: el ciudadano se entrega a la voluntad general y pasa a formar parte de un cuerpo colectivo. El centro de gravedad comenzó a desplazarse del individuo hacia la colectividad. Y en agosto de 1789 la Asamblea Nacional Constituyente aprobó en París la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en su artículo segundo enumera cuatro: libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Fíjese en algo: ninguno está formulado como el derecho a recibir una prestación material del Estado. Son, ante todo, límites frente al poder, no facturas contra el prójimo. Lo único que aquel texto le pide expresamente al ciudadano para sostener el gasto público es contribuir a la carga común.
¿Y entonces dónde apareció la factura? Cuatro años después, con otra asamblea y otro régimen. Conviene no confundirlos: 1789 es la Constituyente; el Terror pertenece a 1793 y 1794, a Robespierre, al Comité de Salvación Pública y a decenas de miles de muertos. Pero es en la declaración de 1793 donde aparece una frase que anuncia un cambio profundo: «los socorros públicos son una deuda sagrada; la sociedad debe la subsistencia a los ciudadanos desventurados». Aquí ocurre el giro: un derecho ya no sólo limita al poder; también puede obligarlo a proporcionar.
Y hay un detalle en ese texto que a mí me quita el sueño. La palabra «deber» aparece cuatro veces en sus 35 artículos, y tres son deberes del magistrado, del legislador y del funcionario. El único que le asigna al ciudadano común está en el artículo treinta y cinco: la insurrección, «el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes». Derechos para exigir y un solo deber: sublevarse. ¿Historia antigua? El principal movimiento de la izquierda francesa de hoy se llama La Francia Insumisa y su líder todavía convoca a la «insurrección ciudadana». Dos siglos después, el lenguaje ha sobrevivido.
Y los propios revolucionarios se dieron cuenta. En 1795 Boissy d’Anglas advirtió que la libertad sin deberes había contribuido al Terror. En agosto, la misma generación volvió a escribir la declaración y hasta le cambió el nombre. Ya no era sólo de los derechos: era «de los derechos y de los deberes del hombre y del ciudadano». Veintidós artículos de derechos y después nueve de deberes. Los deberes van al final, pero por primera vez tienen un lugar propio. Y el cuarto dice algo que hoy parece escrito en otro planeta: «nadie es buen ciudadano si no es buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo, buen esposo». La posteridad se quedó con 1789. En las escuelas aprendimos los derechos; los deberes se fueron borrando de la memoria.
Ciento cincuenta años después, otra francesa llegó al fondo. En 1943, mientras su país estaba ocupado, Simone Weil escribía en Londres un informe sobre cómo reconstruir una nación desde cero. Empieza con una idea radical: un derecho no vale por sí mismo, sino por la obligación que le corresponde. Y remata con una imagen que no se olvida: un hombre solo en el universo no tendría ningún derecho, pero tendría obligaciones. Traducido a la calle: un derecho al que no le corresponde una obligación con nombre y apellido no es un derecho, es un deseo. Weil tampoco escribía desde la comodidad: mientras trabajaba para la Francia Libre se negaba a comer más de lo que creía que podían comer sus compatriotas bajo la ocupación. Murió a los 34 años, el 24 de agosto de 1943.
Faltaba convertir aquella idea en una factura entre generaciones. Léon Bourgeois presentó el impuesto sobre la renta en 1895 siendo jefe del gobierno francés; el Senado lo rechazó y su gobierno cayó. Después escribió el libro que le daría fundamento a su solidarismo: nacemos deudores de quienes vinieron antes porque recibimos una civilización que no construimos. Cada generación recibe lo que no construyó y deja parte de la cuenta a la siguiente. El impuesto sobre la renta llegó a Francia en 1914, inicialmente con una tasa máxima del dos por ciento. Durante décadas ayudó a financiar algunas de las sociedades más protegidas de la historia. Pero aquel contrato escondía una cláusula que nadie podía garantizar: alguien tenía que nacer para pagarlo.
Hoy Francia gasta a través del Estado unos 57 de cada 100 euros que produce, su deuda pública ronda el 116 por ciento del producto y paga en intereses una suma comparable —y recientemente superior— a su presupuesto de defensa. España supera el 100 por ciento de deuda sobre el PIB y el Reino Unido ronda ese nivel. Mientras tanto, en 2025 Francia registró la fecundidad más baja desde el final de la Primera Guerra Mundial —apenas 1.56 hijos por mujer— y, por primera vez desde el final de la Segunda, murieron más personas de las que nacieron. El deudor que iba a saldar la cuenta decidió que no valía la pena venir.
Y aquí esto deja de ser una columna sobre Francia. Porque la declaración que intentó reconciliar derechos y deberes no la escribió Europa: la escribimos nosotros. El 2 de mayo de 1948, en Bogotá, ocho meses antes de que las Naciones Unidas aprobaran la Declaración Universal, los países americanos —Guatemala entre ellos— firmaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Tiene un capítulo entero de diez deberes y una línea en el preámbulo que vale toda esta discusión: «el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos». La Declaración Universal también reconoció, en su artículo 29, que toda persona tiene deberes respecto de la comunidad. Pero hay una diferencia reveladora: nosotros pusimos los deberes en el título y les dedicamos un capítulo entero. Después aprendimos a hablar mucho de los derechos y cada vez menos de aquello que los sostiene. Todavía estamos a tiempo de recordarlo.
Y para pagar esos derechos, el problema guatemalteco tampoco se resuelve simplemente recaudando más. De las 835 actividades económicas en que la SAT clasifica la recaudación, apenas 64 aportan el 80 por ciento del total, mientras 599 —siete de cada diez— juntas no llegan al uno por ciento. Ahí está el que no pide factura, el que alquila su apartamento sin declararlo, el que evade a propósito; y muchas veces no es una gran empresa anónima, sino el vecino o el amigo que conocemos. Del otro lado está el presupuesto más alto de nuestra historia, más de 163 mil millones de quetzales, mientras 33 puentes permanecen en estado crítico en las carreteras principales. Ahora se discute llevar el techo presupuestario a 181 mil millones. El deber se rompió en ambos extremos: el ciudadano quiere recibir sin contribuir y el Estado quiere cobrar sin responder. Nuestra propia Constitución enumera siete deberes cívicos en su artículo 135. Los escribimos. Otra cosa es vivir como si importaran.
Pero no todos escogieron el mismo camino. En Suiza, el 85 por ciento de los votantes se impuso en 2001 un freno constitucional al endeudamiento, y en 2012 el 67 por ciento rechazó regalarse seis semanas de vacaciones. En Singapur, trabajador y empleador aportan juntos hasta el 37 por ciento del salario a cuentas con el nombre del trabajador, destinadas a financiar vivienda, salud y retiro: responsabilidad personal institucionalizada, no simplemente una factura enviada al prójimo. Aunque nadie está a salvo de la contradicción. En marzo de 2024 los suizos aprobaron una pensión adicional y ese mismo domingo rechazaron, con el 75 por ciento, trabajar un año más para ayudar a financiarla. Sí al derecho y no al deber que lo sostiene, en la misma urna.
Aquel muchacho que daba clases de francés hoy piensa diferente. No porque haya dejado de creer en los derechos, sino porque entendió que ninguno sobrevive mucho tiempo sin un deber que lo sostenga. Cada derecho que exigimos tiene una obligación del otro lado, y toda obligación que convertimos en deuda termina pagándola alguien. Un pueblo endeudado no escoge enteramente su destino: administra también el que le dejaron.
La libertad nunca ha consistido en que los demás nos debieran algo. Consiste también en hacernos responsables de nuestra propia vida, cumplir aquello que debemos a los demás y dejar a quienes vienen detrás algo distinto de una cuenta por pagar. Quizá esa sea la obligación más olvidada de todas: recibir una sociedad, sostenerla mientras nos toca y entregarla un poco mejor de como la encontramos.
La semana entrante, la pregunta que sigue: qué pasa cuando dos derechos chocan entre sí y la igualdad empieza a comerse a la libertad.
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, IX Conferencia Internacional Americana (Bogotá, 2 de mayo de 1948).
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793, Constitución del año I.
Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen, Constitución del año III (22 de agosto de 1795).
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (París: Asamblea Nacional Constituyente, 26 de agosto de 1789).
Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala (Guatemala, 1985), art. 135.
Bergounioux, Alain, 'À l'origine de l'impôt sur le revenu: Léon Bourgeois et le solidarisme', Fondation Jean-Jaurès.
Bourgeois, Léon, Solidarité (París: Armand Colin, 1896).
Burke, Edmund, Reflections on the Revolution in France (Londres: J. Dodsley, 1790).
Central Provident Fund Board, CPF Overview (Singapur, 2026).
Chancellerie fédérale suisse, votaciones federales del 11 de marzo de 2012 y del 3 de marzo de 2024.
'Estos 33 puentes en el país están en estado crítico a semanas de las lluvias de 2026', Prensa Libre, 9 de abril de 2026.
Eurostat, 'Government debt at 88.9% of GDP in euro area', comunicado 2-21072026-AP (Luxemburgo, 21 de julio de 2026).
Insee, Bilan démographique 2025, Insee Première 2087 (París, 2026).
Insee, 'En 2025, le déficit public s'élève à 5,1 % du PIB, la dette publique à 115,6 % du PIB', Informations rapides, 78 (París, 2026).
La France insoumise, L'Avenir en commun, sección 'Faire la révolution fiscale'.
Locke, John, Two Treatises of Government (Londres: Awnsham Churchill, 1689).
Office for National Statistics, Public Sector Finances, UK: June 2026 (Londres: ONS, 2026).
Ortega y Gasset, José, La rebelión de las masas (Madrid: Revista de Occidente, 1930).
Rousseau, Jean-Jacques, Du contrat social (Ámsterdam: Marc-Michel Rey, 1762).
Superintendencia de Administración Tributaria, Recaudación de ingresos tributarios por departamento y actividad económica, enero–mayo 2026 (Guatemala: SAT, 2026).
Weil, Simone, L'Enracinement: prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain (París: Gallimard, 1949 [escrito en 1943]).
