EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Si tuviera que valorar de alguna forma el esfuerzo de 18 meses para contar con una Ley General del Sistema Portuario Nacional, diría que fue peculiarmente singular a la vez que también fue extrañamente maravilloso. Lograr que 123 diputados lograran un consenso sobre 163 artículos y 36 enmiendas es un hecho fuera de lo común, y he ahí por qué utilizo el calificativo de portentoso.
El decreto 26-2024 – Ley de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional – estableció, en el artículo 49, que “en el plazo de ciento veinte días, contados a partir de la fecha de publicación de esta Ley, el Organismo Ejecutivo deberá presentar el anteproyecto de Ley General del Sistema Portuario”. Este fue el origen de un proceso lleno de conversaciones, debates, acuerdos, disensos y controversias, que incluso tuvo como consecuencia que dos Comisiones del Congreso tuvieran que emitir un dictamen en conjunto de las iniciativas 6541 (conocida por el Pleno el 17 de junio de 2025) y 6527 (conocida por el Pleno el 19 de junio de 2025).
Un año después, se requirió de una moción para modificar la agenda y de una sesión de doce horas para que la mayoría de los diputados pudiera establecer las bases para la modernización del sistema portuario nacional.
Revisar el estado actual del funcionamiento del sistema portuario implica una mezcla de añoranza por épocas pasadas, reconocimiento de una incapacidad física y administrativa de atender las demandas globales, a lo que se adiciona el riesgo latente de tener puertos que podrían ser considerados “patrimonio cultural de la nación” antes de que funcionen como motores de la competitividad y del comercio.
La nueva ley busca dar respuesta a un sistema portuario colapsado. El costo de transportar contenedores se ha encarecido cerca de 70% en un año, y el tiempo de fondeo que reportan los buques que atracan en el pacífico llega a valores superiores a los 90 días en varios casos. ¿Cuál puede ser la respuesta de Guatemala al respecto? Mayor inversión en modernizar las instalaciones y los sistemas, y con ello hacer más eficiente la operación y reducir los costos de exportadores e importadores.
Es digno de destacar los mensajes de los voceros de las bancadas que estuvieron a favor de aprobar el Decreto 20-2026, porque supieron reconocer que solamente con inversiones públicas y privadas en infraestructura portuaria es posible mejorar las condiciones de vida de todos los guatemaltecos, y así posicionar a Guatemala como un destino atractivo para más inversionistas y así facilitar la incursión en nuevos mercados.
Aún faltan cosas por lograr, pero parece que cuando encajan los intereses es más fácil armar el rompecabezas completo. Es necesario iniciar el trabajo para la elaboración de una Primera Política Portuaria Nacional (Decreto 26-2024, artículo 43), y la creación del Primer Plan Integral de Desarrollo Portuario (Decreto 26-2024, artículo 44), por mencionar algunos temas.
En un país con todas las vicisitudes que tiene Guatemala, no está de más celebrar un logro como este. Aún así, pasarán varios años antes de que logremos ver los resultados a los que se aspira, pero si hay compromiso y constancia, mi esperanza es lograr ver en la siguiente década al primer buque atracar en un puerto nuevo que sea construido bajo el esquema de la nueva Ley General del Sistema Portuario Nacional.
Si tuviera que valorar de alguna forma el esfuerzo de 18 meses para contar con una Ley General del Sistema Portuario Nacional, diría que fue peculiarmente singular a la vez que también fue extrañamente maravilloso. Lograr que 123 diputados lograran un consenso sobre 163 artículos y 36 enmiendas es un hecho fuera de lo común, y he ahí por qué utilizo el calificativo de portentoso.
El decreto 26-2024 – Ley de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional – estableció, en el artículo 49, que “en el plazo de ciento veinte días, contados a partir de la fecha de publicación de esta Ley, el Organismo Ejecutivo deberá presentar el anteproyecto de Ley General del Sistema Portuario”. Este fue el origen de un proceso lleno de conversaciones, debates, acuerdos, disensos y controversias, que incluso tuvo como consecuencia que dos Comisiones del Congreso tuvieran que emitir un dictamen en conjunto de las iniciativas 6541 (conocida por el Pleno el 17 de junio de 2025) y 6527 (conocida por el Pleno el 19 de junio de 2025).
Un año después, se requirió de una moción para modificar la agenda y de una sesión de doce horas para que la mayoría de los diputados pudiera establecer las bases para la modernización del sistema portuario nacional.
Revisar el estado actual del funcionamiento del sistema portuario implica una mezcla de añoranza por épocas pasadas, reconocimiento de una incapacidad física y administrativa de atender las demandas globales, a lo que se adiciona el riesgo latente de tener puertos que podrían ser considerados “patrimonio cultural de la nación” antes de que funcionen como motores de la competitividad y del comercio.
La nueva ley busca dar respuesta a un sistema portuario colapsado. El costo de transportar contenedores se ha encarecido cerca de 70% en un año, y el tiempo de fondeo que reportan los buques que atracan en el pacífico llega a valores superiores a los 90 días en varios casos. ¿Cuál puede ser la respuesta de Guatemala al respecto? Mayor inversión en modernizar las instalaciones y los sistemas, y con ello hacer más eficiente la operación y reducir los costos de exportadores e importadores.
Es digno de destacar los mensajes de los voceros de las bancadas que estuvieron a favor de aprobar el Decreto 20-2026, porque supieron reconocer que solamente con inversiones públicas y privadas en infraestructura portuaria es posible mejorar las condiciones de vida de todos los guatemaltecos, y así posicionar a Guatemala como un destino atractivo para más inversionistas y así facilitar la incursión en nuevos mercados.
Aún faltan cosas por lograr, pero parece que cuando encajan los intereses es más fácil armar el rompecabezas completo. Es necesario iniciar el trabajo para la elaboración de una Primera Política Portuaria Nacional (Decreto 26-2024, artículo 43), y la creación del Primer Plan Integral de Desarrollo Portuario (Decreto 26-2024, artículo 44), por mencionar algunos temas.
En un país con todas las vicisitudes que tiene Guatemala, no está de más celebrar un logro como este. Aún así, pasarán varios años antes de que logremos ver los resultados a los que se aspira, pero si hay compromiso y constancia, mi esperanza es lograr ver en la siguiente década al primer buque atracar en un puerto nuevo que sea construido bajo el esquema de la nueva Ley General del Sistema Portuario Nacional.
