La transición de poder en Honduras no es meramente administrativa. El legado de la administración Castro-Zelaya se definió por una desconexión sistemática entre el poder político y las necesidades económicas del país, dejando un Estado con graves fricciones institucionales, problemas monetarios y rezago empresarial.
El diagnóstico
En el plano monetario y fiscal, la administración saliente operó bajo una lógica de centralización que creó severas disrupciones en los mecanismos de mercado. La reactivación de la Subasta de Divisas y la eliminación de los fideicomisos crearon cuellos de botella burocráticos que racionaron divisas, reprimieron el tipo de cambio, generando fugas de capitales y subinversión. Además, la Secretaría de Finanzas sustituyó la inversión productiva por una expansión del gasto corriente clientelar, secando la liquidez del sector privado para financiar una burocracia partidaria.
En el ámbito geopolítico y de gobernanza, el retroceso fue igualmente estructural. La política exterior abandonó el alineamiento con Estados Unidos para alinearse con el eje del Socialismo del Siglo XXI, convirtiendo a Honduras en un paria para la reestructuración geoeconómica occidental. Internamente, la politización de las Fuerzas Armadas rompió décadas de doctrina institucional, instrumentalizando como brazo de fuerza del proyecto político de Libertad y Refundación.
El gabinete: nuevas señales para el mercado
Ante este escenario institucional, la conformación del gabinete del presidente Asfura opera bajo la premisa de restituir la confianza en la economía y la cooperación internacional. Asfura ha seleccionado perfiles que funcionan como anclas de credibilidad para reducir drásticamente la incertidumbre de los mercados y los aliados internacionales tanto en el plano técnico como narrativo.
La señal más potente hacia los mercados financieros es la designación de Roberto Lagos al frente de la política monetaria. Lagos representa el retorno a la ortodoxia técnica y el fin de la represión financiera. Habiendo trabajado para el BID y cercano al Tesoro estadounidense, su perfil envía un mensaje inequívoco a los inversionistas: el Banco Central dejará de ser una caja negra de asignación política de divisas para recuperar su mandato de estabilidad de precios. Bajo su gestión, se proyecta un sinceramiento de las variables monetarias (tasa de cambio y tasas de interés) que permita reestablecer los flujos de capital y expectativas de riesgo de inversión.
Por otro lado, la llegada de Emilio Hernández a la Secretaría de Finanzas ofrece la contraparte fiscal necesaria. Con una década de trayectoria en la administración pública y un expediente marcado por su paso en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, Hernández es la antítesis del activismo político que capturó la institución bajo Castro. Su nombramiento señala una política de "manos limpias” y trazabilidad, dejando atrás la ejecución presupuestaria opaca. Para las calificadoras de riesgo, Hernández encarna la certeza jurídica y la sostenibilidad de la deuda.
El realineamiento geopolítico
Si el eje económico busca calmar a los mercados, el eje político busca reinsertar a Honduras en el mapa de Occidente. Mireya Agüero, con su vasta experiencia diplomática, asume la Cancillería con la misión de ejecutar un realismo periférico. Su retorno marca el fin del apoyo ideológico con bloques autocráticos y el restablecimiento inmediato de la confianza con Washington. Su gestión será la llave para que Honduras deje de ser un actor desestabilizador diplomático y vuelva a ser un socio estratégico en el tablero centroamericano. La restitución de relaciones con Taiwán, esencial para el impulso de sectores económicos como el camarón, y el apoyo a Israel, bajo la política de seguridad estadounidense, serán sus más próximos objetivos.
Finalmente, el General Isaías Barahona en la Secretaría de Defensa envía la señal doméstica más crítica: la despolitización de la fuerza. Tras años donde la jerarquía militar fue instrumentalizada por el partido de gobierno, Barahona representa la doctrina institucional clásica. Su perfil promete devolver a las Fuerzas Armadas a su rol constitucional, alejándolas de la deliberación política y reenfocándolas en la seguridad ciudadana y el combate técnico al crimen organizado. Es el mensaje de que el monopolio de la fuerza vuelve a estar al servicio del Estado de Derecho y no de un proyecto ideológico.
En conclusión, el gabinete de Asfura no inventa nada nuevo, sino que corrige estructuralmente la situación del Estado y provee previsibilidad financiera y geopolítica en un mundo de alta incertidumbre. Su equipo está diseñado para reducir los costos de transacción de la gobernanza y enviar la señal de que Honduras está lista para volver a operar bajo las reglas del mercado, la certidumbre financiera y la alineación geopolítica.
La transición de poder en Honduras no es meramente administrativa. El legado de la administración Castro-Zelaya se definió por una desconexión sistemática entre el poder político y las necesidades económicas del país, dejando un Estado con graves fricciones institucionales, problemas monetarios y rezago empresarial.
El diagnóstico
En el plano monetario y fiscal, la administración saliente operó bajo una lógica de centralización que creó severas disrupciones en los mecanismos de mercado. La reactivación de la Subasta de Divisas y la eliminación de los fideicomisos crearon cuellos de botella burocráticos que racionaron divisas, reprimieron el tipo de cambio, generando fugas de capitales y subinversión. Además, la Secretaría de Finanzas sustituyó la inversión productiva por una expansión del gasto corriente clientelar, secando la liquidez del sector privado para financiar una burocracia partidaria.
En el ámbito geopolítico y de gobernanza, el retroceso fue igualmente estructural. La política exterior abandonó el alineamiento con Estados Unidos para alinearse con el eje del Socialismo del Siglo XXI, convirtiendo a Honduras en un paria para la reestructuración geoeconómica occidental. Internamente, la politización de las Fuerzas Armadas rompió décadas de doctrina institucional, instrumentalizando como brazo de fuerza del proyecto político de Libertad y Refundación.
El gabinete: nuevas señales para el mercado
Ante este escenario institucional, la conformación del gabinete del presidente Asfura opera bajo la premisa de restituir la confianza en la economía y la cooperación internacional. Asfura ha seleccionado perfiles que funcionan como anclas de credibilidad para reducir drásticamente la incertidumbre de los mercados y los aliados internacionales tanto en el plano técnico como narrativo.
La señal más potente hacia los mercados financieros es la designación de Roberto Lagos al frente de la política monetaria. Lagos representa el retorno a la ortodoxia técnica y el fin de la represión financiera. Habiendo trabajado para el BID y cercano al Tesoro estadounidense, su perfil envía un mensaje inequívoco a los inversionistas: el Banco Central dejará de ser una caja negra de asignación política de divisas para recuperar su mandato de estabilidad de precios. Bajo su gestión, se proyecta un sinceramiento de las variables monetarias (tasa de cambio y tasas de interés) que permita reestablecer los flujos de capital y expectativas de riesgo de inversión.
Por otro lado, la llegada de Emilio Hernández a la Secretaría de Finanzas ofrece la contraparte fiscal necesaria. Con una década de trayectoria en la administración pública y un expediente marcado por su paso en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, Hernández es la antítesis del activismo político que capturó la institución bajo Castro. Su nombramiento señala una política de "manos limpias” y trazabilidad, dejando atrás la ejecución presupuestaria opaca. Para las calificadoras de riesgo, Hernández encarna la certeza jurídica y la sostenibilidad de la deuda.
El realineamiento geopolítico
Si el eje económico busca calmar a los mercados, el eje político busca reinsertar a Honduras en el mapa de Occidente. Mireya Agüero, con su vasta experiencia diplomática, asume la Cancillería con la misión de ejecutar un realismo periférico. Su retorno marca el fin del apoyo ideológico con bloques autocráticos y el restablecimiento inmediato de la confianza con Washington. Su gestión será la llave para que Honduras deje de ser un actor desestabilizador diplomático y vuelva a ser un socio estratégico en el tablero centroamericano. La restitución de relaciones con Taiwán, esencial para el impulso de sectores económicos como el camarón, y el apoyo a Israel, bajo la política de seguridad estadounidense, serán sus más próximos objetivos.
Finalmente, el General Isaías Barahona en la Secretaría de Defensa envía la señal doméstica más crítica: la despolitización de la fuerza. Tras años donde la jerarquía militar fue instrumentalizada por el partido de gobierno, Barahona representa la doctrina institucional clásica. Su perfil promete devolver a las Fuerzas Armadas a su rol constitucional, alejándolas de la deliberación política y reenfocándolas en la seguridad ciudadana y el combate técnico al crimen organizado. Es el mensaje de que el monopolio de la fuerza vuelve a estar al servicio del Estado de Derecho y no de un proyecto ideológico.
En conclusión, el gabinete de Asfura no inventa nada nuevo, sino que corrige estructuralmente la situación del Estado y provee previsibilidad financiera y geopolítica en un mundo de alta incertidumbre. Su equipo está diseñado para reducir los costos de transacción de la gobernanza y enviar la señal de que Honduras está lista para volver a operar bajo las reglas del mercado, la certidumbre financiera y la alineación geopolítica.
