Otro presupuesto inmoral

El proyecto de presupuesto presentado por el Organismo Ejecutivo vuelve a colocar sobre los hombros de los guatemaltecos una carga que no puede analizarse únicamente como una cifra contable. Según los datos expuestos, el déficit fiscal alcanzaría el 4.4% y la deuda pública podría elevarse hasta Q320 mil 443 millones en 2027. Traducido a la vida concreta de cada ciudadano, esto significaría una deuda per cápita de Q17 mil 238 por guatemalteco.[1]

El problema de fondo no radica solo en que el Estado se endeude, sino en que lo haga sin garantizar una administración austera, transparente y moralmente responsable de los recursos públicos. El presupuesto contempla Q45 mil 619 millones en bonos y préstamos; es decir, más financiamiento adquirido a nombre de una población que muchas veces no recibe servicios públicos proporcionales al sacrificio que se le impone. En otras palabras, se compromete el futuro de los ciudadanos sin resolver con seriedad las carencias del presente.

Entre 2024 y 2027, la deuda por habitante aumentaría Q4 mil 274, al pasar de Q12 mil 964 a Q17 mil 238. Ese incremento del 33% revela una tendencia preocupante: cada guatemalteco nacerá, vivirá y trabajará bajo una obligación financiera mayor, aunque jamás haya firmado un préstamo ni decidido el destino de esos fondos. Cuando la deuda pública se maneja con ligereza, termina convirtiéndose en una forma silenciosa de trasladar irresponsabilidades políticas a las familias, los trabajadores y las nuevas generaciones.

Aunque el Ministerio de Finanzas defienda la sostenibilidad del endeudamiento y afirme que Guatemala mantiene niveles bajos en comparación con otros países, el debate no puede reducirse a estadísticas regionales. La verdadera pregunta es moral y política: ¿para qué se está endeudando el país?, ¿quién se beneficia de ese gasto?, ¿qué controles existen para impedir el despilfarro?, ¿por qué se exige más sacrificio a los ciudadanos antes de corregir la ineficiencia, la corrupción y el crecimiento desmedido del aparato estatal?

Por eso, este presupuesto de más de Q192 mil millones[2] puede calificarse como inmoral no solo por su tamaño, sino por la lógica que lo sostiene: gastar hoy, endeudar mañana y dejar la factura a quienes no participaron en la decisión. Un Estado responsable no debe tratar el bolsillo de los guatemaltecos como una fuente inagotable de financiamiento. La deuda pública no es dinero abstracto: es trabajo futuro, impuestos futuros y oportunidades perdidas para millones de ciudadanos que merecen un gobierno más prudente, austero y consciente del peso que coloca sobre la nación.

El pasado 7 de septiembre, el mandatario defendió el proyecto presentado por el Ministerio de Finanzas bajo el argumento de que permitirá ampliar los servicios de salud, educación, seguridad e infraestructura. Según la Presidencia, Bernardo Arévalo afirmó que el presupuesto anual es una “herramienta fundamental” para la tarea de gobierno y que más del 46% estaría destinado a inversión social. Sin embargo, detrás de esa justificación técnica vuelve a aparecer una vieja práctica de la política guatemalteca: prometer grandes transformaciones desde el gasto público mientras, reitero, la factura se traslada al endeudamiento de los ciudadanos y de las futuras generaciones.

La historia parece repetirse con una puntualidad casi cínica. En tiempos cercanos al calendario electoral, los gobiernos suelen descubrir de pronto las escuelas abandonadas, los hospitales insuficientes, las carreteras destruidas y la seguridad postergada. Entonces se anuncian obras, programas y ampliaciones presupuestarias que, más que responder a una planificación seria, parecen buscar legitimidad política mediante el uso creciente de recursos públicos. El problema no es invertir en salud, educación o infraestructura; el verdadero problema es convertir esas necesidades legítimas en excusa para endeudar más al país sin corregir antes la ineficiencia, el clientelismo y la corrupción que históricamente han devorado buena parte del presupuesto nacional.

La contradicción resulta aún más evidente si se recuerda que el actual gobierno llegó al poder con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y en la promesa de administrar de manera distinta los recursos del Estado. Sin embargo, no basta con invocar la transparencia mientras se amplía el gasto, se incrementa el endeudamiento y se mantiene intacta la estructura burocrática que durante años ha demostrado ser incapaz de convertir los recursos públicos en bienestar real para la población.

Así, el debate no debería centrarse únicamente en cuánto dinero pide el Ejecutivo, sino en la calidad moral y administrativa de ese gasto. Un presupuesto más grande no garantiza un mejor Estado; puede, por el contrario, ensanchar los espacios para el despilfarro si no viene acompañado de controles reales, prioridades claras y resultados verificables. Endeudar a los guatemaltecos en nombre de promesas sociales, sin asegurar primero una gestión honrada y eficiente, no es sensibilidad pública: es irresponsabilidad política presentada con lenguaje de bienestar.

Guatemala no necesita otro presupuesto inflado de buenas intenciones y financiado con deuda. Necesita un Estado que aprenda a gastar con decencia, que rinda cuentas antes de pedir más dinero y que entienda que cada quetzal público nace del esfuerzo de una familia, de un trabajador, de un emprendedor o de un ciudadano que ya carga demasiado. Porque cuando un gobierno administra mal, endeuda sin pudor y posterga la responsabilidad, el presupuesto deja de ser una herramienta de desarrollo y se convierte en lo que hoy vuelve a ser: una factura inmoral cargada sobre la espalda de todo un país.