EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Narcopolítica, poder y “bisne”
"La llamada guerra contra las drogas ha sido un fracaso.".
Por si la política estatista de toda la vida no fuera suficientemente nefasta para la cooperación social pacífica y para la existencia de la república, la narcopolítica es la infiltración del narcotráfico en las estructuras de aquel tipo de poder político.No es un fenómeno marginal, ni exclusivo de un país; sino la consecuencia casi natural de la narcoactividad a gran escala.
Sus causas no son misteriosas: la demanda masiva en Estados Unidos y Europa genera fortunas ilegales que superan con creces los presupuestos de muchos Estados. Ese capital compra protección, votos e influencia. A esto añádele debilidad institucional, la escalada y “profesionalización” de la corrupción, el clientelismo, factores geográficos, la pobreza que alimenta el reclutamiento y la diversificación del “bisne” en actividades como el tráfico de personas y las extorsiones que necesitan más protección política.
En Hispanoamérica hay casos paradigmáticos de narcopolítica: en Colombia, Pablo Escobar llegó a la Cámara de Representantes y usó su fortuna para obras sociales en Medellín. Allá, la campaña presidencial de Ernesto Samper recibió millones de dólares del Cartel de Cali.
De México, Genaro García, secretario de Seguridad Pública y rostro de la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón, fue condenado en Nueva York por recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa.
De Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández fue condenado, en la Gran Manzana, a 45 años de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Y, ¿quién no se acuerda de Manuel Antonio Noriega, de Panamá, que facilitó el tránsito de cocaína de los carteles colombianos?
Los EE. UU. no escapan al fenómeno:
José Irizarri, de la DEA (hazme el favor) desvió millones de dólares de operaciones de lavado de dinero de carteles colombianos. Jesse C. García, de la CBP fue sentenciado a nueve años de cárcel por permitir el paso de vehículos con cocaína, metanfetamina y fentanilo del Cártel de Sinaloa. En Massachusetts, Jasiel Correia, fue condenado por aceptar cientos de miles de dólares en sobornos relacionados con licencias de cannabis. Organizaciones mexicanas y colombianas han utilizado bancos, inmobiliarias, negocios de importación-exportación y redes chinas de lavado en ciudades estadounidenses. Estas redes a veces generan donaciones, o contactos políticos locales. Informes del Congreso, como el del Comité Kerry en los años 80, y casos judiciales posteriores han documentado que funcionarios. estadounidenses toleraron, o se beneficiaron de flujos de droga.
La llamada guerra contra las drogas ha sido un fracaso. La lógica histórica de la Prohibición del alcohol se repite: al legalizar y regular, el Estado recupera el control del mercado y reduce el poder de los grupos que vivían de la ilegalidad.
Milton Friedman (economista Premio Nobel) planteó que la ilegalidad crea “ganancias obscenas” que financian las tácticas violentas de los capos y generan corrupción de funcionarios. La prohibición, dijo, convierte al gobierno en el protector involuntario del cartel, porque mantiene los precios altos y elimina a la competencia legal.
La Comisión Global de Políticas de Drogas ha explicado que la regulación legal es la forma responsable de arrebatar los mercados a las organizaciones criminales. Señala que la prohibición deja el peor de ambos mundos: los criminales se quedan con todos los beneficios y los consumidores enfrentan productos adulterados y peligrosos.
El Cato Institute, de Washington, D. C. tiene material al respecto. El equipo de Cato entiende que la guerra contra las drogas es “una de las peores cosas que ha hecho el gobierno estadounidense y uno de sus fracasos de política más contraproducentes”. Su solución preferida no es más militarización, ni más coerción, sino acabar con la prohibición y tratar las drogas como un problema de salud y de libertad individual, no como una guerra.
Ethan Nadelmann, fundador de la Drug Policy Alliance sostiene que la prohibición es el principal generador de los problemas que se le atribuyen a las drogas: violencia, corrupción y poder político de los carteles. Nadelmann también entiende que la adicción a las drogas no es un asunto criminal, sino un problema de salud que requiere una aproximación compasiva.
Mientras la prohibición siga generando fortunas ilegales que compran protección e impunidad, la narcopolítica no será una anomalía, sino el reverso inevitable de la política estatista que dice combatirla.
Narcopolítica, poder y “bisne”
"La llamada guerra contra las drogas ha sido un fracaso.".
Por si la política estatista de toda la vida no fuera suficientemente nefasta para la cooperación social pacífica y para la existencia de la república, la narcopolítica es la infiltración del narcotráfico en las estructuras de aquel tipo de poder político.No es un fenómeno marginal, ni exclusivo de un país; sino la consecuencia casi natural de la narcoactividad a gran escala.
Sus causas no son misteriosas: la demanda masiva en Estados Unidos y Europa genera fortunas ilegales que superan con creces los presupuestos de muchos Estados. Ese capital compra protección, votos e influencia. A esto añádele debilidad institucional, la escalada y “profesionalización” de la corrupción, el clientelismo, factores geográficos, la pobreza que alimenta el reclutamiento y la diversificación del “bisne” en actividades como el tráfico de personas y las extorsiones que necesitan más protección política.
En Hispanoamérica hay casos paradigmáticos de narcopolítica: en Colombia, Pablo Escobar llegó a la Cámara de Representantes y usó su fortuna para obras sociales en Medellín. Allá, la campaña presidencial de Ernesto Samper recibió millones de dólares del Cartel de Cali.
De México, Genaro García, secretario de Seguridad Pública y rostro de la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón, fue condenado en Nueva York por recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa.
De Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández fue condenado, en la Gran Manzana, a 45 años de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Y, ¿quién no se acuerda de Manuel Antonio Noriega, de Panamá, que facilitó el tránsito de cocaína de los carteles colombianos?
Los EE. UU. no escapan al fenómeno:
José Irizarri, de la DEA (hazme el favor) desvió millones de dólares de operaciones de lavado de dinero de carteles colombianos. Jesse C. García, de la CBP fue sentenciado a nueve años de cárcel por permitir el paso de vehículos con cocaína, metanfetamina y fentanilo del Cártel de Sinaloa. En Massachusetts, Jasiel Correia, fue condenado por aceptar cientos de miles de dólares en sobornos relacionados con licencias de cannabis. Organizaciones mexicanas y colombianas han utilizado bancos, inmobiliarias, negocios de importación-exportación y redes chinas de lavado en ciudades estadounidenses. Estas redes a veces generan donaciones, o contactos políticos locales. Informes del Congreso, como el del Comité Kerry en los años 80, y casos judiciales posteriores han documentado que funcionarios. estadounidenses toleraron, o se beneficiaron de flujos de droga.
La llamada guerra contra las drogas ha sido un fracaso. La lógica histórica de la Prohibición del alcohol se repite: al legalizar y regular, el Estado recupera el control del mercado y reduce el poder de los grupos que vivían de la ilegalidad.
Milton Friedman (economista Premio Nobel) planteó que la ilegalidad crea “ganancias obscenas” que financian las tácticas violentas de los capos y generan corrupción de funcionarios. La prohibición, dijo, convierte al gobierno en el protector involuntario del cartel, porque mantiene los precios altos y elimina a la competencia legal.
La Comisión Global de Políticas de Drogas ha explicado que la regulación legal es la forma responsable de arrebatar los mercados a las organizaciones criminales. Señala que la prohibición deja el peor de ambos mundos: los criminales se quedan con todos los beneficios y los consumidores enfrentan productos adulterados y peligrosos.
El Cato Institute, de Washington, D. C. tiene material al respecto. El equipo de Cato entiende que la guerra contra las drogas es “una de las peores cosas que ha hecho el gobierno estadounidense y uno de sus fracasos de política más contraproducentes”. Su solución preferida no es más militarización, ni más coerción, sino acabar con la prohibición y tratar las drogas como un problema de salud y de libertad individual, no como una guerra.
Ethan Nadelmann, fundador de la Drug Policy Alliance sostiene que la prohibición es el principal generador de los problemas que se le atribuyen a las drogas: violencia, corrupción y poder político de los carteles. Nadelmann también entiende que la adicción a las drogas no es un asunto criminal, sino un problema de salud que requiere una aproximación compasiva.
Mientras la prohibición siga generando fortunas ilegales que compran protección e impunidad, la narcopolítica no será una anomalía, sino el reverso inevitable de la política estatista que dice combatirla.
